Cámara de Comercio denuncia ante la Fiscalía caso OLT Logistics
Solicita determinar las responsabilidades penales del proponente.
La Cámara de Comercio de Barranquilla, CCB, presentó ayer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de que el organismo investigue las certificaciones y documentos relacionados con la información presentada por la firma OLT Logistics S.A.S. ante la entidad y se determinen las responsabilidades penales, en respuesta a supuestas inconsistencias señaladas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
De acuerdo con la información proporcionada por la Cámara de Comercio, la función del ente cameral consiste en “hacer un cotejo fundamental y meramente formal de los requisitos habilitantes (experiencia, capacidad jurídica, financiera y organizacional) de los proponentes, con base en la documentación que se aporta, y así lo hizo para el caso de OLT Logistics S.A.S.”.
Después de las declaraciones efectuadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, frente a una presunta inconsistencia en el Registro Único de Proponentes de la sociedad OLT Logistics S.A.S., la Cámara de Comercio de Barranquilla informó que actuó “bajo los parámetros establecidos”.
Con base en el comunicado emitido por la Cámara de Comercio, su función está basada en la verificación de la información certificada por terceros a través de contratos y/o certificaciones aportados por el proponente.
Con relación al caso de OLT Logistics, el ente cameral, “recibió declaración juramentada, firmada por su representante legal, y certificada por el municipio de Sincelejo en la que da fe de la participación de la empresa OLT Logistics en la unión temporal que ejecutó el contrato en 2010”, según aseguró la presidenta ejecutiva de la CCB, María José Vengoechea.
La funcionaria advirtió, además, que el representante legal de la empresa “declaró bajo gravedad de juramento que la información reportada en el formulario diligenciado es confiable, veraz, completa y exacta”.
En lo concerniente a la veracidad de la información suministrada por el aportante, la CCB manifestó que esa función no corresponde a la competencia de los entes camerales. “En consecuencia, la Cámara de Comercio reitera que es función de las autoridades judiciales determinar si los documentos aportados son veraces o no”, afirmó Vengoechea.
En cuanto a la omisión de registrar la caducidad de un contrato en que presuntamente incurrió la Cámara de Comercio, la funcionaria expresó que “es responsabilidad directa de las entidades estatales reportar la información concerniente a las multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados”.
Expresó, además, que “en virtud del artículo 14 del Decreto 1510 de 2013, esta información no será verificada por las cámaras de comercio”. De esta manera, insistió, “si existe alguna inconformidad con lo reportado por alguna entidad, es preciso se acuda ante quien hizo el reporte para que la respectiva entidad estatal entregue las explicaciones del caso”.
