El Heraldo
Sandra Guerrero
La Guajira

‘Prisionero’ aún espera que le repongan su nombre

Plan para reparar humillación a 5.000 wayuu no arranca, ocho meses después de su anuncio.

“No es una historia macondiana. La primera vez que se escucha causa risa; la segunda, impresión y la tercera, indignación”.

Estercilia Simanca Pushaina
escritora wayuu

Prisionero Gouriyú, que vive en Guaimaral, zona rural de Manaure, en La Guajira, cumplirá 72 años el próximo 31 de diciembre.

‘Charranta’, como lo conocen en su comunidad, es uno de los 5.000 indígenas que siguen esperando que el Estado les devuelva su verdadera identidad, que le cambiaron los alijunas (blancos) en los años setenta y ochenta.

Con ayuda de la intérprete Zaida Cotes Ipuana, este veterano artesano wayuu recordó la época en que unos hombres lo llevaron a él y a otros de su comunidad para tramitarle la cédula.

“Él dice que cuando llegó, dijo cómo se llamaba y después se enteró de que le habían puesto en la cédula la palabra Prisionero”, afirma.

Esta historia, y la de por lo menos 5.000 indígenas dispersos entre la Alta Guajira y Venezuela, hace parte de la campaña liderada por la escritora wayúu Estercilia Simanca Pushaina, que busca que la Registraduría Nacional del Estado Civil proceda a rectificar sus nombres “ridículos”, que a lo largo de muchos años han llevado con vergüenza por ser objeto de burlas.

A Prisionero, por ejemplo, le ha ocurrido que cada vez que va al banco o a cualquier otro sitio donde tenga que mostrar la cédula, no falta el que le haga la misma pregunta en tono de burla:

“¿Preso?”

No, Prisionero.

Él, al igual que Motosierra, Heroína, Cabezón, Popo, Alka Seltzer, Cosita Rica, Candado y John F. Kennedy, entre otros, fueron víctimas de funcionarios que realizaban jornadas masivas de cedulación, algunas apoyadas por políticos ansiosos de votos.

En enero pasado, y después de una década de lucha de Estercilia para reivindicar a su comunidad, la Gobernación de La Guajira anunció que en febrero comenzaría la campaña ‘Yo me llamo’, pero ocho meses después, aún no arranca. (Ver noticia en la parte inferior).

Algunos wayuu han intentado cambiarse el nombre, pero el proceso no es tan sencillo porque salir de la ranchería para llegar a las cabeceras municipales y tramitar la escritura pública es una verdadera odisea por las distancias y los gastos que genera.

“No tenían un intérprete de lengua wayuunaiki para que les escribieran bien sus nombres. Por eso les ponían lo primero que se les ocurría. Encima,  un alto porcentaje aparece con fecha de nacimiento el 31 de diciembre y que no sabían firmar”, recordó la escritora, cuya familia vivió en carne propia esta masiva humillación.

“Yo sí quiero que me cambien el nombre porque me llamo Piotsonet, pero me da miedo perder los subsidios que recibo del Gobierno”, dice el artesano Prisionero Gouriyú.

“Toda mi familia hizo una larga fila junto a otras gentes que venían de otras rancherías para recibir una tarjetica plástica que ellos llamaban cédula. Ese día me enteré que mi tío Tanko Pushaina se llamaba Tarzán Cotes; Dorila se llamaba Espina, Castorila se llamaba Cosita Rica...”, según cuenta Coleima Pushaina, el personaje del cuento Manifiesta no saber firmar, de Estercilia Simanca, en la que cuenta que lo único que quieren es que el Estado reivindique a los indígenas por el daño que se les hizo.

Estas irregularidades en las que incurrieron los funcionarios de la época han sido contadas en libros y documentales proyectados en varios países.

Para la escritora, estos nombres impuestos atentan contra la dignidad del ser humano.

“Noté que intentaron cumplir una meta, decir que cedularon a un grupo grande de indígenas para mostrar la efectividad en un trabajo, mostrando un nivel inhumano alto”, añadió.

De cumplirse la promesa estatal, Cosita Rica, Arrancamuela, Candado, Tigre, Coito, Tarzán, Bolsillo, Payaso y Paraguas, entre otros, ya no tendrán que esconder sus cédulas por la vergüenza. Será la única manera de que acabe la burla de la que han sido víctimas por muchos años.

Hay casos más recientes
La docente Zaida Cotes Ipuana afirma que hoy en día, los políticos siguen implementando la misma estrategia para conseguir votos. Ella asegura que uno de sus hijos tiene un grave problema de doble cedulación por esta causa.

“Hace como diez años, cuando él tenía 12 años de edad se lo llevaron y le sacaron la cédula con el nombre Pedro Pablo Epinayú para que votara y así lo ha hecho desde entonces, pero su nombre real es Wilmer Enrique Bolaño Cote”, indicó.

Explica que su hijo siempre ha aparentado más edad de la que tiene y que por eso logró pasar como una persona de 18 años. Sin embargo, ahora no ha podido ingresar a la universidad porque tiene las dos identificaciones.

“Que reconozcan el error y demuestren respeto por indígenas”
Según la docente Zaida Cotes, en Guaimaral, la misma tierra en la que habita Prisionero Gouriyu,  vive una joven de 25 años que es otra de las afectadas por los nombres ridículos e indignantes.

“A la mamá y a la hija les pasó lo mismo: llegaron a la Registraduría, dijeron sus nombres y se los cambiaron porque como hablaban wayuunaiki, nadie les entendió ni les ayudó”.

Contó que esta mujer cuyo nombre original es Sannawer terminó en su cédula como Baloncita, mientras que a la hija Justica, le apareció el de Putica.

En ese sentido, la escritora Estercilia Simanca aseguró que la mayoría de los que tienen estos nombres son bastante mayores, por lo que preocupa que ya no quieran hacer el cambio. “Es que en sus comunidades siempre los han llamado por sus verdaderos nombres”, manifestó.

Manifiesta que la espera ha sido larga, pero que lo más importante es que el Estado reconozca el error de la Registraduría y demuestre respeto por los wayúu.

El secretario de Hacienda de La Guajira, Darío Arismendy, explicó que el proyecto ‘Yo me llamo’ que en pocas semanas firmarán con la Registraduría Nacional del Estado Civil, fue motivado por todos estos casos indignantes.

Las cifras de la Registraduría revelan que el 15 por ciento de esa población no está identificada ni tiene un nombre, lo que les impide acceder a los programas y beneficios del Estado.

“Lo nuestro es una de las estrategias para acabar con la pobreza extrema en La Guajira, el proyecto ya fue aprobado por la Ocad en el mes de octubre del año pasado”.

El proyecto tiene un valor de 5.600 millones de pesos y está en la etapa de definición de sus contrataciones,  que tendrán una duración de tres años.

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