El Heraldo
Lo niños wayuu viven en extrema pobreza en los resguardos. En seis años han muerto casi tres mil menores. Héctor Palacio
La Guajira

No hay claridad sobre $57.621 millones girados a resguardos de La Guajira

En un informe, Planeación Departamental advierte de algunas anomalías en la ejecución de los recursos que deben ir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades wayuu.

De los casi tres mil niños que han muerto en La Guajira en los últimos seis años, por desnutrición y otras patologías, el 98.5% pertenecían a la etnia wayuu y vivían principalmente en los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao.

 

Por estas muertes, son varias las instituciones que han sido cuestionadas, sin embargo las comunidades indígenas también manejan sus propios recursos a través de los Resguardos que en este departamento suman 26, con una población total proyectada para el año 2011 de 241.516 personas.

Según los documentos Conpes 148 y 158 del Sistema General de Participaciones, la asignación especial para los resguardos indígenas de La Guajira en el 2012 fue de $29.651.734.816, que debían ser destinados a proyectos de inversión encaminados a un desarrollo social y económico propio. En el año 2011, los recursos ascendieron a la suma de $27.970.293.470.

Pese a esto, en los Informes de Seguimiento, Programación y Ejecución de Recursos del Sistema General de Participaciones de Resguardos Indígenas elaborados por el Departamento de Planeación Departamental para los dos años, se dan a conocer varias anomalías.

Según el documento durante el 2011, en la etapa de programación que realizan los resguardos, no se evidencian proyectos de inversión que vayan encaminados a cumplir el objetivo propuesto, incumpliendo con esto el propósito de enfoque diferencial que debe tener la ejecución de estos recursos.

También se afirma en el informe, que los más de 27 mil millones de pesos destinados no inciden directamente en los niveles de desarrollo social de una población, que es calificada como de las más pobres y en donde se encuentran acentuados los procesos de mayor inequidad interétnica. “La transferencia de los recursos se hace de manera focalizada, pero la inversión no siempre cumple con esta condición”, asegura Planeación. 

Observaciones de la Contraloría. En el informe de seguimiento de la Contraloría General de la Nación que entregó el año pasado y en el que evaluó la vigencia del 2012, se determinó que en el Municipio de Albania no se invierten los recursos, debido a los conflictos que se presentan entre las autoridades del mismo resguardo desde el año 2004; en Barrancas se asignó un total de recursos de $655.3 millones, sin embargo,se firmaron convenios de Administración por un total de $896 millones.

De igual manera, indicó que en el Municipio de Hatonuevo no existe claridad en el manejo de los recursos del SGPAERIy los de otras procedencias; existen contratos por valores superiores a los recursos asignados($3.948.1 millones).

En el Municipio de Manaure la administración municipal informa que a 26 de noviembre de 2012, no se había realizado contratación derivada del contrato de administración. En la información reportada no se discrimina los intereses generados en la cuenta bancaria.

Se benefician solo unos pequeños grupos. Una de las desigualdades que se encontraron en la inversión de estos recursos y que podría estar afectando a muchas comunidades, es que se nota que en la administración de los mismos, existe una crisis de representación y de participación.

“Bajo el principio rector de la autonomía del resguardo, puede estarse vulnerando los derechos de participación de miembros de las comunidades que desconocen sus derechos y los recursos que les corresponde, beneficiándose pequeños grupos, miembros de la misma comunidad que tienen mayor información y acceso a distintos estamentos, conllevando a la mala inversión o desviación de los recursos públicos”, se indica.

Planeación Departamental también encontró que hubo dificultad para llevar control y evaluación de los proyectos ejecutados, porque son proyectos ejecutados en su mayoría sin especificaciones técnicas, no se fijan objetivos,población beneficiaria, es decir, no se formulan los proyectos de manera que puedan ser medidos en sus metas y en la calidad de sus productos de bienes o servicios.

Por ejemplo, de los 22 Resguardos solo 4 formularon proyectos y de estos solo uno incluyó presupuesto. Es decir, 21 Resguardos firmaron contratos de administración y ejecutaron recursos con apropiaciones globales en sectores y sub-sectores.

Por todo esto, en el informe se considera que los altos índices de necesidades básicas insatisfechas del departamento de La Guajira,en especial de la población de las zonas resguardadas requieren un compromiso de los municipios, para que la ejecución de los recursos se realice de manera eficiente.

El informe finaliza afirmando que si hubiera un control riguroso en la inversión de estos dineros y todos los procesos se hubiesen realizado acorde a lo establecido por la ley, seguramente los resultados y el impacto en la población indígena de La Guajira, hubiera sido positivo en la mejoría de su calidad de vida.

En el 2012, Planeación Departamental evaluó varios componentes y concluyó que   en el acceso de la información de los recursos disponibles de la vigencia, solo el 54% de los resguardos evidenciaron en sus actas conocer dichos recursos e informarlo a todos los asistentes de la asamblea, el 15% de los resguardos no programaron o no reportaron información y el restante 31% programaron sin conocer el monto de los recursos a programar, incumpliendo el derecho de las comunidades y sus autoridades tradicionales de priorizar y programar la inversión de sus recursos en total autonomía.

Lo que dicen los líderes. Líderes de varias comunidades de Maicao y Uribia, hablaron con EL HERALDO y dijeron que ellos nunca ven beneficios para las poblaciones pobres de estos municipios y que por el contrario, cada día tienen más necesidades.

“A nosotros nunca nos consultan lo que queremos y mucho menos lo que necesita la gente, solo vemos que los de los resguardos andan con plata, mientras que el pueblo está pasando hambre”, aseguró uno de ellos que no quiso decir su nombre.

Dicen que no quieren tener problemas y por eso no se quejan, pero que esperan que algún día se tomen medidas al respecto.
Mientras tanto el alcalde de Riohacha, Rafael Ceballos Sierra, explica que son los resguardos los que deciden en qué invertir el dinero y las administraciones solo se encarga de que la parte contractual se cumpla.

“La mayoría de las inversiones que hacen es en animales e hilos”, aseguró.

Distribución de los resguardos

El resguardo de mayor dimensión es el resguardo de Alta y Media Guajira, que se encuentra en los municipios de Uribia, Maicao y Manaure. Teniendo Uribia la mayor población resguardada con una población para el año 2011, según proyección del DANE, de 115.891 habitantes, siguiendo Maicao, con una proyección de 38.749 habitantes, y por último Manaure, con 37.072 habitantes.

Los municipios de Uribia, Manaure, Fonseca, Albania y San Juan tienen un (1) resguardo cada uno. El municipio de Riohacha tiene seis (6) resguardos indígenas, incluyendo el Resguardo Alta y Media Guajira y el Resguardo Indígena Soldado Párate Bien, el cual comparte con Maicao. El municipio de Barrancas tiene cinco (5) resguardos indígenas; Dibulla tiene un (1) resguardo indígena, kogui, malayo, arhuaco, compartido con San Juan, y el departamento del Magdalena. Maicao tiene tres resguardos indígenas, Alta y Media Guajira, Soldado Párate bien y Okochi. Y el municipio de Hatonuevo tiene tres resguardos indígenas.

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