El Heraldo
Niños en La Guajira reciben las raciones de alimentos. Cortesía
La Guajira

Irregularidades por $16.792 millones en PAE de La Guajira

Así lo determinó la Contraloría General de la República en una auditoría en la que estableció hallazgos fiscales por $16.792 millones en el PAE y Paquetes Nutricionales entregados en la península.

Mientras que el fin de semana pasado perdían la vida otras tres menores wayuu en La Guajira, elevando este año a 41 la fatal cifra de muertes de niños por causas asociadas a la desnutrición, la Contraloría General de la República establecía este lunes hallazgos fiscales por 16.792 millones de pesos en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE, y en los Paquetes Nutricionales financiados con recursos del Sistema General de Regalías, SGR.

Estas irregularidades, encontradas tras una actuación especial del ente de control fiscal contra la Gobernación de La Guajira y los municipios de Maicao, Manaure y Uribia, se dieron, en su mayoría, por el pago de un mayor valor por ración alimenticia.

Otra modalidad que se encontró es que se entregan raciones que no cumplen con el gramaje ni con la minuta establecida por el Ministerio de Educación.

La actuación especial del organismo, que fue realizada entre el 1 de marzo y el 15 de julio de 2016, obedece a las vigencias 2014 y 2015, fue entregada por parte del contralor Edgardo Maya Villazón al presidente Juan Manuel Santos; la ministra de Educación, Gina Parody y la directora del Icbf, Cristina Plazas Michelsen.

Del mismo modo, trasladó el informe al fiscal general de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo, y al procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, por las posibles implicaciones penales y disciplinarias.

Los mismos con las mismas

El ente de control indicó que los contratistas en la Gobernación de la Guajira "son los mismos y entre ellos conforman consorcios o uniones temporales, con lo que se configura un evidente monopolio".

Entre las cuestionadas se encuentran: Fundación Kábala, cuya representante legal es María Angélica Araújo Noguera, y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Asoalimentarce, en la que figura como representante legal Ivis del Carmen Rosado Robles; quienes, según la Contraloría, conformaron el Consorcio Alimentemos Juntos, para la ejecución del contrato no. 503 de 2014, y Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, para la ejecución del contrato no. 194 de 2015.

Luego, indica el informe, en 2013 se ejecutó el contrato no. 199, con el Consorcio Primero la Nutrición, conformado por la Corporación Corazón País, en la que fungió como representante legal María Jacqueline Pachecho Izquierdo; la Corporación Wakusari, representada por Gloria Díaz Plata, y Asoalimentarce.

De otro lado, en el municipio de Uribia, en lo que respecta a la entrega de Paquetes Nutricionales, se celebraron los contratos no. 020 de 2013 y 019 de 2014, ambos con la Fundación Juventud Libre, representada legalmente por Pablo José Mesa Cerchar, y en el 2016 la celebración de estos contratos se realizó con Asociaciones de Autoridades Tradicionales Wayuu; así mismo en los municipios de Maicao y Manaure.

Los hallazgos

El más grande hallazgo se estableció por 11.419 millones de pesos y corresponde al contrato no. 194 de 2015, para la operación del PAE, suscrito por el entonces gobernador, José María Ballesteros, con Araújo Noguera, por valor de 37.910 millones, "en el que se pagó un mayor valor por ración".

Igualmente, el ente de control determinó que hubo anomalías por 4.920 millones de pesos, relacionadas con el contrato no. 503 de 2014, suscrito por Ballesteros y Rosado, por valor de 16.470 millones de pesos, para la ejecución del PAE, en el que también se halló que hubo "un mayor valor pagado por ración".

Otro hallazgo, de 266 millones de pesos, fue por la contratación del PAE en el municipio de Manaure, "en el que se determinaron mayores valores reconocidos por ración", dentro del contrato no. 086 de 2015, suscrito con Asoprolugua, representada legalmente por Keily Silva Brito por 729 millones de pesos.

Mujeres wayuu distribuyen alimentos a menores.

Se encontraron también irregularidades fiscales por 45 millones de pesos, en Uribia, "debido a inconsistencia y falta de coherencia entre los estudios previos, minuta contractual y pagos" en el convenio de asociación no. 020 de 2013, para la entrega de Paquetes Nutricionales, suscrito con la Fundación Juventud Libre, por 550 millones de pesos.

Aquí, señala la Contraloría, por ejemplo, "se indicó el suministro de cuatro panelas a 760 pesos para 1.250 beneficiarios y un total de ocho entregas, para un total de 30,4 millones de pesos, mientras que se indica en el contrato dos panelas a 760 pesos por 1.250 beneficiarios por ocho meses o entregas, lo que da como resultado 15,2 millones de pesos. Sin embargo, se pagaron 30,4 millones de pesos".

De la misma manera, se estableció un hallazgo fiscal superior a los 109 millones de pesos, relacionado con el anterior, sobre el mismo convenio, y el cual consiste en que se pagaron gastos no contemplados en el convenio.

Y se encontraron anomalías por 32 millones de pesos para el municipio de Uribia, por el convenio de asociación no. 019 de 2014, suscrito con Juventud Libre, por valor de 624,4 millones de pesos, para la entrega de Paquetes Nutricionales, al haberse descubierto "incumplimiento del objeto convenido".

Productos venezolanos sin registro

A la Contraloría le llamó la atención un asunto particular: para el programa de seguridad alimentaria a través de la entrega de Paquetes Nutricionales, se evidenciaron hallazgos relacionados con la no efectiva focalización e identificación de las familias beneficiadas, y además se advierte deficiencia en la supervisión e interventoría, pues por ejemplo se encontraron productos de origen venezolano que no cuentan con registro Invima ni con el respectivo registro sanitario y ni siquiera tienen certificado de importación.

También reporta el ente de control que "se siguen evidenciando falencias en la ejecución del PAE, aun con otras fuentes de recursos que generan contrataciones de sumas elevadas de inversión de recursos públicos". Pues, por ejemplo, se entregan raciones que no cumplen con el gramaje ni con la minuta establecida, aun cuando se determinó una minuta diferencial destinada a los grupos étnicos e indígenas del país.

Del mismo modo, el organismo revisor fiscal identificó que se paga un mayor valor por ración y, adicionalmente, que los contratistas siguen siendo los mismos y entre ellos conforman consorcios o uniones temporales para intentar esconderse.

Igualmente, de acuerdo al informe, se evidencian retrasos en la ejecución de los programas, y evidentes deficiencias en las labores de vigilancia y seguimiento, fallas en la supervisión e interventoría.

Y, como si fuera poco, la distribución de los alimentos perecederos se hace hasta en un lapso de dos semanas, "afectando así la calidad del producto y poniendo en riesgo la salud de los beneficiarios".

“Reflejo del desgreño”

El gobernador (e) de La Guajira, Jorge Enrique Vélez, dijo anoche que los hallazgos fiscales de la Contraloría General reflejan  el desgreño y el desorden administrativo del departamento que él ha denunciado desde que asumió el cargo.

“Es la falta de controles en la contratación que hay en la Gobernación y obviamente al no tener información, menos podía haber control y con lo que el contralor ha manifestado, pues ahí están los resultados”, anotó.

Vélez indicó que ha pedido el acompañamiento permanente de los entes de control para “dejar organizada la casa y que los recusos se inviertan bien”.

Advirtió que si hay funcionarios implicados, tomará las medidas que le corresponden y si esas fundaciones o consorcios tienen contratación, también actuará en consecuencia.
 

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