Vecinos rechazan traslado de la UPJ a la Cordialidad
El director del Fondo de Seguridad distrital afirma que socializarán los “beneficios” de tener la sede, que comenzaría a funcionar en enero.
Hortencio Cuesta lee un periódico sentado en una mecedora en la puerta de su casa, en la carrera 12C con calle 55. Hace una pausa y afirma: “Nadie quiere que pongan la UPJ (Unidad de Prevención y Justicia) por aquí”. Cuenta que desde que la Alcaldía anunció el traslado del centro de reclusión temporal a este sector de La Sierra “los vecinos comenzaron a moverse en contra”.
Cuesta tiene 58 años y vive hace más de 40 en este barrio de Barranquilla, donde tiene una tienda. Admite que sabe “muy poco” del funcionamiento de la UPJ, pero enfatiza en que no quieren “perder la tranquilidad” con un sitio como este, justo frente a su vivienda. La Unidad funciona en la calle 30 con carrera 4B desde diciembre de 2014, en un local arrendado. La Alcaldía se vio obligada a reubicarla porque el propietario del predio decidió construir allí un centro comercial.
Temen intranquilidad
Un grupo de jóvenes que está en una esquina de la carrera 12C, “fumando su vaina”, son “el único problema” que reconoce Hortencio Cuesta. Los mira, sin embargo, y asegura que “no se meten con uno ni nada”. Su temor es que con la UPJ el barrio se convierta en “una zona de peleas”. “Si ponen eso, además, después nadie va a querer comprarnos las casas”.
Cuesta se pone de pie y entra a la tienda. Aralys Meléndez, una vecina que “toda la vida” (32 años) ha residido en el sector pide una caja de cigarrillos. El tendero se la entrega y no duda en cuestionarla sobre el tema del momento en el barrio: “¿Usted qué dice con eso de la UPJ?”. Meléndez, sin pensarlo, responde que está en desacuerdo. “Esto se va a volver intranquilo. Cuando traigan a los detenidos los familiares van a formar escándalos. Apenas se enteren dónde están esto va a ser un bololó”.
“No más UPJ”, fue pintado a un costado de la bodega.
Los vecinos alegan que La Sierra es un barrio residencial y que al frente queda el colegio público Meira del Mar, que tiene más de 2.500 estudiantes. “Los niños se la pasan jugando fútbol en las calles por las noches”, dice Meléndez y asegura que la inconformidad es tal que han reunido más de 150 firmas para impedir la llegada de la Unidad de Prevención. En una de las paredes externas de la bodega está pintado el rechazo: “No más UPJ”.
Nohemí Elles Gutiérrez, de 81 años, vive a dos casas de Hortencio Cuesta. Lleva medio siglo en el barrio. Dice que es una de las primeras pobladoras. Recuerda que en sus inicios La Sierra era “puro cabaret, pero ya se ha compuesto mucho”. “Me acuesto tarde y nunca pasa nada. Eso es lo que no queremos perder”.
Andrés Orozco, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), pasa por la calle y oye a Nohemí hablar de la UPJ. Se detiene y comenta que el plan de la Alcaldía “no tiene marcha atrás”. Orozco también se opone por las mismas razones que sus vecinos. “Voy a incentivar a la comunidad a que hagamos cierre de vía, a que protestemos. Queremos que vengan los funcionarios de la Alcaldía y sepan que no estamos de acuerdo. Que se busquen otro lugar”.
En el colegio Meira del Mar, Rafael Márquez, presidente de la asociación de padres de familia, considera que la UPJ es algo “de cuidado”. “Uno no sabe en qué momento pueda haber una revuelta y los muchachos están muy cerca. Se lo hemos dicho al rector y nos ha manifestado su apoyo”, asegura.
Será beneficioso
El centro de retención iba a comenzar a funcionar en la Cordialidad con carrera 11 desde este mes, según había anunciado en abril pasado Yesid Turbay, director del Fondo de Seguridad de la Alcaldía.
El funcionario, sin embargo, explica vía telefónica a EL HERALDO que los dueños de la actual sede le dieron un plazo adicional de cinco meses al Distrito, porque el cronograma del centro comercial está “retrasado”. La prórroga servirá para socializarles a los vecinos los “beneficios de tener la UPJ en su barrio”.
El “valor agregado” que ofrece el centro de reclusión a la comunidad será la presencia de funcionarios de la Personería, la Fiscalía, Medicina Legal, el Sisbén, de la Inspección de Policía y de Comisaría de Familia, entre otras. “La comunidad piensa que esto es un problema, pero los servicios de estas entidades pueden ser muy importante para ellos. Tenemos toda una oferta que va en conjunto”, puntualiza Turbay.
Recuerda que a este sitio solo son trasladadas las personas que alteran la convivencia de la ciudadanía, que cometen “infracciones menores” como riñas, excesos de ruido y daños en bien ajeno, entre otras. La retención dura 24 horas. Confirmó que la bodega será arrendada, con un costo mensual aproximado a los 55 millones de pesos, similar a lo que pagan en la calle 30.
La terraza de la casa de Hortencio Cuesta se convertirá este jueves en un centro del debate de los vecinos de La Sierra. Dicen que un funcionario de la Alcaldía estará allí para explicarles “las bondades” de la UPJ. Aunque del otro lado de la balanza estará lo que ellos más reclaman: “La tranquilidad que siempre hemos tenido”.
