Un implicado en la red de corrupción judicial acepta cargos
Armando Castro se allanó al delito de concusión. Defensores intervendrán hasta mañana, tras conocer evidencias. Juez decidirá el martes sobre solicitudes de detención de Fiscalía.
El comisario de familia Armando Castro Barraza se convirtió en el primero de los 12 detenidos que se allana a cargos por corrupción en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.
Castro se había declarado inocente del cargo de concusión. El fiscal 6 anticorrupción Germán Arias Cortés le endilgó este delito en la audiencia de imputación de cargos, realizada entre domingo y lunes en el Tribunal Superior de Cartagena.
Un investigador explicó que la decisión de Castro “refuerza la hipótesis de la Fiscalía”, de que en el aparato judicial de Barranquilla se han venido negociando favores penales.
El fiscal señala a Castro de ayudar a que una traficante de drogas obtuviera a finales del año pasado un certificado de vecindad de Las Estrellas, en el suroccidente. También habrían colaborado el inspector de policía Francisco Sanabria Muñoz y Nerilda Caré Parra, líder del barrio.
POR $600 MIL. El certificado sirvió para que el juez 12 penal municipal José Vergara Otero otorgara casa por cárcel a Steffy Díaz Atencia, por ser “madre cabeza de hogar”.
Policías habían capturado a Díaz, cerca del municipio de Puerto Colombia, en la banda costera del Atlántico. Conducía una camioneta en cuyo baúl fueron hallados con 5 kilos de cocaína en paquetes.
La evidencia que compromete al comisario es una llamada –interceptada– con el abogado Gabriel Ramos, en la que acuerdan el pago de $600 mil por la certificación de que Díaz era responsable de su hija, pese a que su compañero también podía hacerse cargo.
Castro, que también coordina la Casa de Justicia del barrio La Paz en la misma localidad, manifestó ayer su decisión en la continuación de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, en el Centro de Servicios Judiciales de Cartagena.
Por ello, el fiscal Arias varió la solicitud en su contra ante la juez: de detención en cárcel a domiciliaria, y que obtendría una rebaja de seis años a tres años de prisión.
EN CUATRO DÍAS. Los otros detenidos el pasado viernes por la Dijín en Barranquilla fueron los jueces Rafael Uribe Henríquez, Gloria Giraldo Ruiz, Edwin Volpe Iglesias y Vergara Otero.
También los funcionarios del Centro de Servicios Luis Tovar Vanegas y César Villadiego Hernández, y los abogados Gabriel Ramos Fontalvo y Orlando Anaya Durán.
Los 11 son sospechosos, según la Fiscalía, de integrar una red que cobraba dinero a reclusos y reclusas por otorgarles beneficios penales.
El fiscal Arias les imputó por separado cargos de concierto para delinquir, concusión, constreñimiento ilegal, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción y falsedad en documento público.
La juez 9 penal municipal de Cartagena, Elizabeth Araújo Arnedo, dispuso el miércoles en la noche que el próximo martes anunciará si acepta o no la solicitud del fiscal: imponerles detención en cárcel a cinco implicados y domiciliaria a los otros cinco.
“Apoyado por los colegas, hice una solicitud a la juez: que la Fiscalía facilitara copias de los elementos probatorios a los defensores y nos concediera un tiempo breve para estudiarlos”, explicó por teléfono el abogado Donaldo Del Villar Delgado.
“La juez tuvo a bien atender la petición ante lo complejo y voluminosa de las carpetas”, agregó el defensor de Tovar.
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento comenzó la mañana del martes. El fiscal terminó la noche del mismo día su intervención.
Con la propuesta de Delgado, empero, los abogados de los imputados empezaron ayer la exposición de sus argumentos. Intervinieron los defensores de Castro y la juez Giraldo, y la representante de la Procuraduría, quien respaldó la investigación de la Fiscalía, donde participaron agentes infiltrados.
Araújo suspendió la audiencia hacia las 5 de la tarde, para reanudarla hoy a partir de las 9 de la mañana.
