El Heraldo
Entre los que esperan recobrar la libertad están exmiembros del mal llamado frente Resistencia Tayrona que delinquió en la Sierra Nevada de Santa Marta. Archivo EL HERALDO
Judicial

A partir de hoy 1.147 exparas pueden solicitar su libertad

Los desmovilizados podrían quedar libres al cumplirse los 8 años de la Ley de Justicia y Paz.

La Ley de Justicia y Paz o Ley  975 de 2005, creada para facilitar la desmovilización de miembros de las Autodefensas, así como garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, cumple 8 años de haber sido promulgada.

Por esta razón, a partir de hoy los exparamilitares, a través de sus abogados, podrán solicitar su libertad al pasar el tiempo de privación de la libertad pactado en la norma.

En entrevista con el diario El Tiempo, el fiscal general de la nación Eduardo Montealegre señaló que el Estado le cumplirá a los exparamilitares, pero indicó que la libertad “no se dará de manera automática”.

De acuerdo con Montealegre, 1.147 postulados podrán solicitar su libertad, siempre y cuando hayan cumplido con todos los requisitos de la Ley 975 y la reforma a la misma que es la Ley 1592 de 2012.

Para conseguir la libertad, según el funcionario, será necesaria una certificación de la Fiscalía que acredite que los desmovilizados han contribuido con la verdad, a la reparación de las víctimas y que no hayan seguido delinquiendo con posterioridad a la desmovilización, “para que puedan obtener la libertad como una medida sustitutiva a la medida de aseguramiento que les han impuesto”.

La expedición de la certificación por parte de la Fiscalía no excederá los tres meses, dijo Montealegre.

Empero, si la Fiscalía llega a demostrar que los desmovilizados no han dicho toda la verdad y no reparan a las víctimas, según la norma, serán expulsados del proceso y deberán enfrentarse hasta a 40 años de cárcel.

Entre los exparamilitares que esperan salir pronto de prisión está Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, quien está pendiente de dos apelaciones, una que cursa en el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá y la otra en la Corte Suprema de Justicia, luego de que al parecer cumplió con los requisitos que exige la ley.

“Un gran acuerdo de impunidad”. José Humberto Torres, abogado y víctima de las Autodefensas, calificó el proceso de Justicia y Paz de la Fiscalía como “un gran acuerdo de impunidad entre el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los mismos paramilitares”.

En concepto de Torres, los indicadores de resultados muestran que “si se supone que hubo una desmovilización masiva de los paramilitares el fenómeno tenía que haber desaparecido, pero tenemos hoy las denominadas bandas criminales, que son los mismos paramilitares que siguieron delinquiendo”.

Según el abogado, hay muchos parapolíticos que continúan al frente de alcaldías, gobernaciones, algunos son diputados, concejales , senadores y representantes. “El problema está vigente, siguen extorsionando, siguen utilizando al Estado como una alcancía como una caja menor y mayor”, afirmó José Humberto Torres.

En el tema de la reparación, según el abogado, la situación es mucho más grave ya que las víctimas aún no han sido reparadas puesto que el Gobierno expidió la Ley 1448 (Ley de Víctimas), la cual disminuyó la tasa establecida inicialmente para los daños morales y materiales y los estima ahora por una mínima cifra.
 

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