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El primer paso que dará el abogado Abelardo De La Espriella, representante de María Paulina Ceballos, viuda del ganadero Fernando Cepeda, asesinado hace nueve años en Barranquilla, frente a las versiones que la vinculan a la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, con el crimen, será solicitarle a la Fiscalía que el proceso sea trasladado a la ciudad de Bogotá.

La investigación fue reabierta por cuenta de los testimonios de exparamilitares que la señalan como determinadora del homicidio.

Frente a la pregunta de cómo observa que después de tanto tiempo se remueva este caso por el cual no hay un solo capturado, De La Espriella advirtió que “lamentablemente a lo largo de este proceso kafkiano, ha pasado de todo: Montajes judiciales, asesinatos, amenazas, chantajes, presiones y una delirante pugna por el poder. En Hollywood estarían dichosos de contar una historia tan escabrosa como la que rodea la muerte de Fernando Cepeda y de otras personas que de una u otra forma han estado vinculadas con la Universidad Autónoma”.

Según él, “la complicidad de algunos operadores judiciales y de organismos del Estado, así como el silencio cómplice de gran parte de la sociedad Barranquillera, han sido el caldo de cultivo para que se incube una de las más grandes injusticias de las que tenga noticia esta tierra. Es necesario que la justicia actúe con prontitud, independencia y sin ataduras de ningún tipo”.

En su opinión, tanto la Fiscalía como el Ministerio de Educación “tienen la obligación legal de evaluar el papel que en todo este entuerto hayan podido desarrollar los miembros del consejo directivo de la Universidad Autónoma”.

El abogado planteó igualmente que Barranquilla no le ofrece las garantías necesarias de imparcialidad a las víctimas, para que su derecho a la verdad y a la reparación se materialice, aparte de recalcar que Gette tiene derecho a defenderse y al debido proceso. “Serán las autoridades quienes determinen su grado de responsabilidad en los hechos que se investigan”.

Persecución. Ayer, en declaraciones a la W Radio, el exvicerrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Antonio Vallejo Morales, aseguró que durante cuatro años fue víctima de persecución por parte de Silvia Gette, quien lo denunció por constreñimiento, lo que derivó en su detención domiciliaria. Relató que para esa época, en 1995, “me empecé a ver involucrado en un problema del que no tenía conocimiento. Me sacaron de la universidad, me declararon insubsistente. Y en menos de nada tenía detención domiciliaria... unas cosas horribles”. En 1999, un juzgado de Medellín lo declaró inocente.

“...se pretendía un daño moral y psicológico, de todo, fueron cuatro años realmente horrorosos”, denunció Vallejo, agregando que a partir de entonces decidió olvidarse del asunto.

Lo que dijo Don Antonio. En versión de Justicia y Paz, el otrora comandante del Frente José Pablo Díaz, de las AUC, Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, relató que uno de sus hombres, a quien llamaban Aguas, le dijo que una persona estaba pagando 150 millones de pesos por la muerte de Fernando Cepeda. “Yo le pregunto que quién es la persona que está pagando, me dice que es la señora Silvia Gette, la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe. Yo me voy con la inquietud y se la trasmito al señor Jorge 40, y el señor Jorge 40 autoriza ya que eran unos recursos que eran para el crecimiento del frente”.

Y sigue diciendo: “para verificar esta información yo le ordeno a Jorge Palacios que se reúna con la señora Gette. Palacios se reúne con ella. Creo que en esa reunión estuvo 28, o por lo menos en esa reunión 28 debió acompañar a Palacios”.

Por Redacción Judicial