El Heraldo
Mariano Romero, exvicerrector de la Universidad, asistió a la audiencia como testigo.
Judicial

Juez define si Gette debe recibir pensión

Analizan denuncia de Uniautónoma contra Gette por recibir $92 millones al mes, tras muerte de su esposo.

La juez 15 laboral del circuito, Olga Sobrino Rodríguez, dará a conocer hoy su decisión sobre la denuncia que interpuso la Universidad Autónoma del Caribe para tumbar la pensión de sobreviviente que gana la ex rectora Silvia Gette Ponce como viuda del exrector Mario Ceballos.

La procesada ganaba 98 millones de pesos hasta que la institución le notificó, en enero de 2013, que la reducía  a $15 milllones al considerarla irregular.

En audiencia de trámite y juzgamiento realizada ayer en el Centro de Servicios Judiciales fueron presentados como testigos Mariano Romero, exvicerrector de la alma máter y Emilia Esther Cure Cure, exdirectora de recursos humanos de la UAC.

Según Jairo Andrés Beltrán Castañeda, apoderado de la universidad, en el proceso se discute la legalidad de los incrementos que se aplicaron en la sustitución pensional del fundador y ex rector.

“La señora Silvia Gette obrando como juez y parte, como rectora y ordenadora del gasto, la llevó a la suma de 98 millones de pesos, monto que excede los topes legales y constitucionales en la ley y en el acto legislativo 01 de 2005”, dijo el abogado.

La pretensión de la universidad, según Beltrán, es que Gette “restituya las sumas devengadas de manera ilegal”, ya que según el abogado, al tener dentro de su ámbito de competencia el incremento o el manejo de los salarios “se incrementó y se favoreció a sí misma”.

Restablecimiento. Hernando Díaz Montes, apoderado de Gette, expuso por su lado que los fundamentos jurídicos en los que se basa la universidad son la ley 100 y el acto legislativo 01 de 2005, esto último es aplicado al sector público, desconociendo, en su opinión, una pensión que obra desde 1988.

“Cuando Mario Ceballos obtiene el derecho -afirmó Díaz Montes-, no estaban en rigor las normas citadas y por ende no eran aplicables”.

De la misma forma planteó Díaz que la pensión es una prestación especial “que la universidad desde años atrás, desde 1998 la adoptó como propia, es decir, que a cargo de ella quedó el pago de esa mesada pensional y hoy en día quieren desconocerla”.

El abogado aspira a restablecer “el derecho” de la ex rectora y de sus hijos menores al monto total de la pensión de sobreviviente. 

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