El Heraldo
Andrade fue trasladado el jueves en la tarde a la Clínica Jaller, tras su captura. Luis Rodríguez
Judicial

Fiscalía pide detención en cárcel para el juez 22 civil de Barranquilla

Según el ente acusador, Abelardo Andrade violó normas penales para beneficiar al exgobernador. La audiencia se reanuda hoy en la mañana.

La fiscalía 9 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitó que el juez 22 civil municipal, Abelardo Andrade Meriño, quede detenido en una cárcel mientras continúa la investigación penal.

Andrade es investigado por la libertad que concedió hace dos semanas al ex gobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, quien pidió el beneficio a través de un hábeas corpus que uno de sus abogados presentó.

Las audiencias contra Andrade son presididas por el juez penal municipal ambulante, Ricardo Méndez Díaz, y se realizan en la Clínica Jaller, en el barrio Prado de esta ciudad. El funcionario está hospitalizado allí porque su salud se alteró el jueves pasado, cuando el CTI lo capturó.

Las primeras dos diligencias se hicieron entre la tarde y noche el viernes. En la primera Méndez avaló la detención de Andrade. En la segunda, la delegada del ente acusador imputó los delitos de prevaricato por acción y abuso de función pública a Andrade, que se declaró inocente.

La Procuraduría General de la Nación asignó a Alberto Gómez Amín, delegado judicial penal 6, como “agente especial” para este caso.

LA IMPUTACIÓN

La investigación penal que abrió la Fiscalía contra el juez Andrade, se centra en lo que explicó el director nacional del CTI, Danny Julián Quintana.

“Cuando se trata de delitos que conoce la justicia especializada, se duplican los plazos tanto en Ley 600 como 906”, dijo en entrevista con EL HERALDO. “Y esos no son los términos que está tomando el juez en la decisión”.

Quintana se refirió a que el juez Andrade concluyó que dentro de la investigación por el asesinato del concejal de Barrancas, Luis López Peralta, la Fiscalía sobrepasó los plazos legales para acusar al exmandatario; y que también hubo tardanza en el comienzo del juicio a Gómez por las muertes de la exalcaldesa del mismo municipio Yandra Brito Carrillo; su esposo, Henry Ustáriz, y el escolta de este, Wilfrido Fonseca.

Andrade indica en su fallo de hábeas corpus que el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema se le había vencido el plazo cuando ordenó la detención carcelaria a Gómez, ya que entre su captura (octubre de 2013) y el día de la decisión (28 de abril de 2014) transcurrieron 198 días, 68 más de los que la ley señala.

También consideró que hubo demora para que comenzara el juicio a Gómez en el proceso por los homicidios de los Guerra Brito y el escolta.

“Desde la fecha del escrito de acusación, 15 de mayo de 2014, a la fecha 27 de febrero de 2015, no se ha dado inicio a la audiencia de juicio oral, (...) han transcurrido 198 días que superan los 120 días estipulados en la norma”, indicó.

En su imputación, la Fiscalía sostiene que Andrade no se equivocó por desconocimiento, sino de manera consciente (prevaricato por acción). En especial porque se trata de un funcionario con más de 20 años de experiencia en la Rama Judicial.

Para el ente acusador, el yerro consistió en que los dos procesos cursan en juzgados penales del circuito especializados de Bogotá: el despacho 9° preside el juicio por el asesinato del concejal Peralta y el 8°, el de los homicidios de Brito, su esposo y el escolta.

Y que las normas penales indican que el término de 120 días se duplica en casos de la justicia especializada. Es decir, la Fiscalía contaba con 240 días para acusar a Gómez; y ese era el plazo para que se iniciara el juicio oral.

La audiencia se suspendió anoche con las intervenciones del procurador Gómez y del abogado de Andrade, Luis Felipe Henríquez. Continúa hoy a partir de las 8 a.m., en el Centro de Servicios Judiciales, con la decisión que anunciará el juez Méndez.

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