Fiscalía imputa tres delitos de homicidio a Kiko Gómez

El gobernador Juan Francisco Gómez Cerchar permaneció impasible, miró de reojo hacia su derecha donde estaba una comitiva guajira, apuró un sorbo de agua y se dirigió al juez: “¿puedo retirarme del recinto?”. La fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Lucía Zamora, acababa de terminar la imputación en su contra por los delitos de homicidio agravado; homicidio agravado en modalidad de tentativa; y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y de defensa personal.

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Alberto Poveda, entendió entonces que el mandatario se acogía a guardar silencio y que no se allanaba a los cargos, dando por culminada la audiencia, no sin antes leerle al ahora imputado los derechos que le asisten según el artículo octavo del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Con base en la investigación que adelanta la Fiscalía y ante la gravedad de los hechos, Kiko Gómez se podría enfrentar a una pena en la cárcel de hasta cincuenta años por presuntamente ser el determinador de los asesinatos de Henry Ustáriz Guerra, Yandra Brito Carrillo (exalcaldesa de Barrancas) y Wilfrido Fonseca Peñaranda, así como de la tentativa de homicidio en contra de Luis Mariano Vega y Luis Teherán Ramírez.

La audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo a pesar de los rumores de la renuncia presentada por el gobernador y luego de que este, en la sala, le pidiera al juez el aplazamiento ante la ausencia de su apoderado de confianza, el jurista Alfredo Montenegro, quien, de acuerdo con un oficio leído por el magistrado Poveda, se encontraba incapacitado por padecer una severa diarrea y problemas intestinales asociados a un cuadro de colon irritable. Así lo establecía un certificado médico expedido por la Sociedad Clínica de Valledupar.

Poveda calificó como “costumbre reprochable” la que suelen tener todas las partes  con el fin de dilatar los procesos. No obstante, dio trámite aceptando  la representación del abogado Germán Rubiano, que de oficio le fue nombrado a Gómez Cerchar. A su turno, Rubiano solicitó un receso de media hora con el fin de entrevistarse  con su defendido, pero a pesar de que el tiempo le fue otorgado, volvió a referirse al juez para comunicarle que sería infructuoso tomarlo porque el gobernador estaba empecinado en no decir nada.

En el transcurso de la diligencia, la Fiscalía reveló que cuenta con las evidencias físicas, la información legalmente obtenida y el material probatorio, para inferir que Gómez Cerchar es responsable, en calidad de determinador, de los delitos por los cuales se le señala. A partir de ahora, el ente acusador cuenta con noventa días para presentar el escrito de acusación ante la Corte Suprema de Justicia, dado el fuero que actualmente mantiene como mandatario departamental.

Sin embargo, es posible que el juez natural de Kiko Gómez pueda cambiar en los próximos meses, si llega a quedar en firme el reciente fallo en primera instancia de la Procuraduría General por medio del cual lo destituyó e inhabilitó por 17 años para ejercer cargos públicos. En tal eventualidad, explicó la fiscal Zamora a este diario, el proceso correría traslado a un juez de control de garantías en la ciudad de Valledupar.

Así mismo, la Fiscalía radicará ante el tribunal una nueva solicitud de audiencia para pedir la medida de aseguramiento en contra de Gómez Cerchar, quien de todas maneras permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá por otros procesos que se adelantan en su contra tipificados en el antiguo CPP (Ley 600/2000), entre ellos homicidio y concierto para delinquir por su probable apoyo al grupo criminal dirigido por Marco de Jesús Figueroa alias Marquitos, el mismo con el que habría establecido un contubernio para atentar contra Ustáriz, Brito y Fonseca.

Juan Francisco Gómez Cerchar no pronunció palabra sobre el proceso, pero sí envió saludos a su tío y a una veintena de familiares y amigos que llegaron de La Guajira. “Te queremos mi amor. La victoria está cerca frente a la justicia inquisidora”, se escuchó decir en la sala, mientras el gobernador se retiraba esposado y custodiado, de vuelta a su sitio de encierro.