El Heraldo
Luzmila Virela lloraba durante el desalojo que realizaron contra ella y sus vecinos. Luis Felipe de la Hoz
Judicial

Desalojan 114 familias que invadían lote en Luruaco

Ante orden de desalojo, 114 familias que invadieron terreno en la urbanización se retiraron voluntariamente. El viernes será socializado proyecto para comprar un nuevo predio.

Sentada sobre la arena, recostada a un ‘cambuche’, Luzmila Virela, maracucha de 53 años, lloraba en silencio mientras sus vecinos desarmaban los cerramientos de plástico y techo de zinc, donde vivieron durante los últimos cinco meses en Luruaco, Atlántico.

Es el mismo lote baldío, conexo a la urbanización Abraham Juan, a la entrada del municipio, donde 240 familias víctimas de la ola invernal 2010-2011 fueron reubicadas en abril de este año.

Luzmila lloraba ayer en solitario, mientras su pareja, Victor Galinde, guardaba la madera. Eran las 10 de la mañana y, al igual que ellos, 113 familias más recogían sus cosas para nunca volver al predio privado que invadieron.

“Sé que debemos irnos de aquí, pero no tenemos para donde agarrar. Al pobre siempre le toca duro”, comentó la mujer, antes de que el llanto volviera a robarle el aliento.

Niños, jóvenes y adultos abandonaron el lote donde el Fondo Adaptación construirá la segunda parte de la urbanización, que albergará a otros niños, jóvenes y adultos de otras 128 familias afectadas por las lluvias.

En la comunidad hubo preocupación por posibles alteraciones del orden público, ya que la Alcaldía municipal había ordenado el cierre de establecimientos comerciales y colegios para prevenir cualquier disturbio provocado por los desalojados. Sin embargo, los moradores voluntariamente desmontaron sus ‘cambuches’ y se retiraron del lugar.

Miembros de la Defensoría del Pueblo, la Personería municipal, la Policía y la diputada Lourdes lópez se encargaron de mediar la diligencia, desde las 6 de la mañana hasta después del mediodía.

Desplazados

Durante un censo realizado ayer por los funcionarios, se confirmó que 16 de las 114 familias desalojadas eran desplazadas por la violencia. Ante este hecho,  por ser “sujetos de especial protección por ley”, la Defensoría del Pueblo coordinó con la Secretaría de Gobierno municipal el pago de arriendo para que vivan en Luruaco, de manera temporal, durante los próximos dos meses.

“A mí los paramilitares me mataron tres primos en Orihueca, Magdalena. Me vine para Luruaco porque estaba mi mamá. Pagábamos arriendo de casi $400 mil, pero al ver que se estaban metiendo acá, decidimos hacerlo también”, explicó Nofra María Rada, de 40 años, a un lado de los restos del ‘cambuche’ donde vivía con su esposo y tres de sus hijos.

Un niño con su padre doblaban el toldo de plástico que los resguardó por varios meses del sol y la lluvia, mientras un hombre levantaba tres troncos de dos metros de largo y una mujer preparaba una olla de sopa para todos. El almuerzo comunal que respaldó el desayuno de los que le madrugaron al desalojo.

Marcha

A las 3 de la tarde, unas 30 personas, en representación de las familias desplazadas, realizaron una marcha pacífica desde la urbanización hasta la Alcaldía de Luruaco.

Durante el recorrido, exigieron una solución a la Alcaldía por el problema de vivienda que padecen y vociferaron arengas como: “¡Queremos una solución!” y “¡tomate, cebolla, el alcalde está en la olla!".

Al llegar a la dependencia municipal, una comisión de los invasores, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Personería, la diputada López y la secretaria de Infraestructura departamental, Mercedes Muñoz, se reunieron con el alcalde Antonio Roa para llegar a acuerdos.

Pactos

Roa manifestó que tiene formulado un proyecto de acuerdo para la compra de un lote que permita desarrollar un proyecto de vivienda que cobije a las familias desalojadas.

La propuesta será presentada en una sesión extraordinaria al Concejo de Luruaco y, de igual forma, Muñoz confirmó que la Gobernación se comprometerá en urbanizar el terreno.

La Personería y la Defensoría anunciaron que se realizará una rectificación del Sisben de cada familia, cuya duración será de dos meses. Mañana viernes se socializará el proyecto con los cabildantes; la defensora del Pueblo Departamental, Gloria Lamus, y una nueva comisión de la comunidad desalojada.

Mientras tanto, Luzmila y otras 39 familias que no tenían donde dormir, pasaron la noche de ayer en las terrazas de varias casas de la urbanización, a la espera de una solución.

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