Córdoba y Sucre, con más fraudes relacionados con víctimas

En el país hay unas 2.800 denuncias penales por fraudes contra víctimas, así como engaños cometidos por las mismas víctimas. El 25% de los casos -es decir 700-, están en Sucre y otro 20% -560- en Córdoba, según la coordinadora del Grupo de Defensa Judicial de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, Claudia Aristizábal.

El pronunciamiento lo hizo ayer en Montería durante la presentación de la estrategia Ojo con el Fraude, dirigida precisamente a representantes de víctimas para que se conviertan en multiplicadores del mensaje.

Las denuncias de falsas víctimas son las que encabezan los listados de quejas, de acuerdo con la funcionaria, tras advertir que todos los casos están en manos de la Fiscalía, incluso por delitos como fraude procesal, falso testimonio y fraude de subvenciones, alrededor de 30 personas han sido judicializadas en ambos departamentos.

Las formas más comunes de fraude son: falsas víctimas para acceder a todos los beneficios institucionales, tramitadores que cobran porcentajes por conseguir supuestos beneficios económicos, y fraude de subvenciones, que es cuando se mal utilizan los recursos que otorga el Estado.

“Esto último es cuando la plata del auxilio que se le da a las víctimas no la emplean para arriendo o alimentación, sino que se la toman, se la fuman o se la juegan”, advierte Aristizábal.

La campaña Ojo con el Fraude tiene como fin la prevención de la comisión de conductas que se conviertan en delitos. La idea, dice la funcionaria, es que las víctimas tengan claro que no necesitan intermediarios para acceder a los programas. “Es decirles que cuando se acerquen a nosotros nos digan la verdad y tampoco entregar la información a otras personas”, explica.

Adalberto Montes, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas, advierte que en la lista de fraudes hay se debe incluir el que cometen algunos políticos, especialmente en épocas de campañas electorales, “cuando orientan a la gente a realizar declaraciones falsas para incluirse en procesos de reparación”.

Para la Mesa Departamental de Desplazados el interés en el tema de reparación a víctimas es constante, debido a los recursos para la reparación, si se tiene en cuenta que, cuando se trata de homicidio la reparación económica es de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (24 millones 640 mil pesos); secuestro, 30 salarios (18 millones 480 mil pesos) y desplazamiento 27 salarios (16 millones 632 mil pesos), siempre y cuando la declaración se haya efectuado antes de entrar en vigencia la Ley 1448.

“Siempre le hemos dicho a las personas que ninguna víctima necesita de abogado para reclamar sus derechos, porque así lo contempla la ley”, recalca el representante de víctimas.

En Colombia hay 6 millones 50 mil víctimas reconocidas como tal y de ese número 275 mil están en Córdoba, de las cuales 60 mil están en Montería.