El Heraldo
Dos agentes de la Sijín conducen el martes a Dayana Jassir a la sala de audiencias, para imputación de cargos.
Judicial

Avanza audiencia en la que se decide si Dayana Jassir irá a la cárcel por crimen de su esposo

La Fiscalía pidió que la viuda del asesinado director de Medicina Legal, Eduardo Pinto Viloria, permanezca detenida, mientras que su defensor pidió detención domiciliaria para ella.

El juez penal municipal ambulante contra bandas criminales, Ricardo Méndez Díaz, preside la audiencia en la que se dará a conocer si se impone o no medida de aseguramiento en la cárcel a Dayana Jassir De la Hoz, por el homicidio de su esposo Eduardo Enrique Pinto Viloria, quien al morir era director regional de Medicina Legal.

La audiencia avanza a esta hora en la sala 15 del Centro de Servicios Judiciales.

En la audiencia realizada ayer en la tarde, el fiscal 26 de la URI, Carlos Newball Rodríguez, solicitó que Jassir permanezca detenida en un reclusorio, mientras se desarrolla la investigación en su contra por cargos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

Newball basó su petición en que, en este caso, están reunidos los requisitos que exige el código de procedimiento penal para considerar que la mujer “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Entre las evidencias, el delegado enumeró varias que han sido conocidas. En especial, el interrogatorio a uno de los tres confesos coautores del crimen capturados: Johan Beltrán Ulloque, chofer de la víctima y Jassir, con quien además sostenía un romance.

Las afueras de la audiencia se mantuvieron ayer concurridas por medios de comunicación y curiosos.

Declaración del chofer

“La idea de matar a Eduardo nació de Dayana”, es una de las afirmaciones de Beltrán que comprometen a la bacterióloga en el asesinato.

En su declaración, el chofer también mencionó detalles sobre parte del pago de $2,9 millones a los sicarios contratados. “Yo era el que realizaba los retiros de la cuenta de ella de la nómina de Medicina Legal en Bancolombia; cambiaba la clave y le daba a ella para que pagara sus cosas y me quedaba con el resto”.

Beltrán atribuyó a Jassir haberle exigido que se cometiera el homicidio de su esposo, registrado el 4 de mayo anterior. “Que todo pareciera como un hurto”.

Y hasta sostuvo que se pusieron de acuerdo para que concordaran las versiones que ambos dieran a las autoridades sobre lo ocurrido.

“Pensamos seguir con nuestra relación y organizarnos como pareja, pues ella iba a quedar económicamente bien, ya que lo que era de ella lo manejaba yo; y ella unos meses antes me había prometido comprarme un carro y un apartamento para que mi esposa no me humillara más, supongo que era del dinero del seguro”.

El conductor se refirió a uno de los seguros de vida que, como EL HERALDO lo dio a conocer, cubrían a Pinto Viloria en su labor de director regional de Medicina Legal. La póliza está tasada en $300 millones.

El funcionario forense, de 34 años, fue asesinado el 4 de mayo pasado dentro de la casa donde vivía con su mujer y su hijo, en la calle 46 con carrera 18, barrio Cevillar, en el suroriente de Barranquilla.

Por su muerte, agentes de la Dijín capturaron primero el jueves pasado a Beltrán, el taxista Miguel González Reales y otro de los sicarios, Jesús Gutiérrez Arrieta.

A Jassir la aprehendieron el lunes en la mañana, cuando llegaba al Centro de Servicios Judiciales para presenciar las audiencias contra los tres detenidos.

La petición de que la esposa de Pinto sea recluida en la Cárcel Distrital para mujeres El Buen Pastor fue apoyada por el procurador delegado al caso, Gerardo González Llinás.

Renunció a estar

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se inició ayer sin la presencia de la detenida.

Jassir había estado el lunes y martes ante el juez Méndez, en las diligencias de legalización de captura e imputación de cargos. En representación suya estuvo su abogado de confianza, Deivis Barraza, quien explicó cuáles fueron las razones para que renunciara al derecho de estar presente.

“Ayer (el martes) hubo algunos episodios, como jalones de brazo, intentos de agresión, gente que le dijo cosas; entonces decidimos que era lo mejor, más que todo por cuestiones de seguridad”, declaró a los medios de comunicación a la salida del complejo judicial.

La decisión fue comunicada al despacho penal municipal en un escrito firmado por la imputada, quien permanece en la URI de la Fiscalía, donde espera que se defina su situación jurídica.

La última de las tres primeras audiencias públicas del caso se iniciará a partir de las 2 p.m., en la sala 15 del Centro de Servicios.

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