El Heraldo
Aspecto de las audiencias realizadas a seis procesados por las millonarias estafas. Josefina Villarreal
Judicial

Así estafó Global Brokers a 370 personas en el Atlántico

Con lujosas oficinas y supuestos bienes en remate “enganchaban” a sus víctimas, a quienes despojaron de $15 mil millones. Cuatro personas fallecieron a la espera de que la firma cumpliera la promesa del negocio.

“Bueno, y ahora usted se queda con la casa y yo sin nada”. Esas fueron las últimas palabras que dijo Mario Castro Oliveros antes de que, a sus 83 años, sufriera un infarto fulminante, tras enterarse de que había sido estafado por la empresa Global Brokers Asociados S.A.

Castro vendió por $50 millones su vivienda en el barrio Villa Cecilia, en el municipio de Soledad, con la ilusión de comprar otra en remate que le ofrecía Global Brokers en el barrio San José, en Barranquilla, para “mejorar su calidad de vida”.

“Murió de pena moral”, aseguró el fiscal 36 de la Unidad de Patrimonio, Francisco Cuesta Manyoma, en las audiencias en las que fueron presentadas entre miércoles y viernes seis personas capturadas, entre directivos y empleados, por los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir, captación ilegal y falsedad en documento privado.

Las denuncias que están en el expediente del caso son 369 en el Atlántico y una más en Valledupar (ver infografía).

José Gregorio Castro Sanjuán, hijo de Mario Castro, sostuvo en diálogo con EL HERALDO que en Global Brokers le “robaron” 40 millones de pesos a su padre, quien falleció el pasado 13 de julio. “No resistió haber perdido su plata y la casa”.

Una vez vendieron la casa, recordó, se quedaron pagando arriendo al nuevo propietario, a la espera de que les entregaran la que habían adquirido, pero pasaban los meses y solo les alargaban los plazos.

“Nos decían que estaban haciendo los papeleos, que teníamos que aparecer en pantalla y después ya se nos negaban. Cuando se destapó el escándalo, tuvimos que hospitalizar a mi papá porque se puso mal y ya le tocaba entregar las llaves de la casa, fue cuando le dijo al nuevo dueño que quedaba con casa y él sin nada, y enseguida le dio el infarto”.

José Gregorio vive arrendado en una pieza con su mamá Delia Sanjuán, de 73 años, quien padece de alzheimer, motivo por el cual no trabaja, ya que tiene que atenderla. Actualmente sobreviven con un dinero que tenía ahorrado su papá, pero no sabe qué hará cuando se les acabe. Para que su mamá tenga derecho a la pensión de su esposo, “debemos esperar unos tres meses, según nos dijeron unos abogados”.

La Fiscalía informó que cuatro personas, como Castro Oliveros, fallecieron al enterarse de que habían sido estafadas por Global Brokers.

Modus operandi

De acuerdo con el fiscal Cuesta, Cristian Rymel Yurgaky Rey y Eduardo Iván Vargas Gómez constituyeron la sociedad Global Brokers Asociados Limitada el 17 de agosto de 2006, mediante la escritura pública 2553, otorgada por la Notaría Primera de Barranquilla, la cual fue inscrita el 19 de diciembre del mismo año en la Cámara de Comercio de Barranquilla.

En la misma fecha, mediante escritura pública 409 otorgada en la Notaría Segunda e inscrita en la Cámara de Comercio, el 5 de marzo de 2009 la sociedad se transformó en anónima, bajo la denominación Global Brokers Asociados SA. Y el 22 de septiembre de 2011, matricularon en la Cámara de Comercio una sucursal de Global Brokers en Cali, la cual fue cancelada el 28 de noviembre de 2013. En esa ciudad Cristian Yurgaky  fue denunciado dos veces por estafa.

Yurgaky, sobre quien pesa una orden de captura, y Vargas empezaron los negocios de bienes raíces en una modesta oficina del Centro de Barranquilla, en la que en principio les cumplieron a las personas que querían conseguir un inmueble a un precio bajo, que fuera de oportunidad. Las ganancias para la sociedad eran entre el 30 y el 35 por ciento.

Pero a partir de 2010, según entrevistas y denuncias que reposan en la Fiscalía, los directivos de Global Brokers, empezaron a generar las masivas estafas, a través de la figura denominada contrato de prestación de servicio o contrato de cesión de mandato.

A seis años del comienzo de las quejas, documentó la Fiscalía, las estafas ascienden a 15 mil millones de pesos, solo en el Atlántico.

Para “enganchar” a las incautas personas anunciaban en redes sociales y periódicos de la ciudad la venta de bienes inmuebles en remate. Una vez estas se acercaban a las diferentes oficinas de la empresa, recibían buena atención por parte de “agraciadas jóvenes”, pero la maniobra “más espectacular” que utilizaron fue la lujosa decoración de las instalaciones.

“En ninguna parte compraron oficinas, preferían invertir millonarias sumas de dinero en lujos para las oficinas que tomaban en arriendo, para que cuando el cliente llegara, diera la impresión de que el negocio era exitoso, y por eso las personas se veían avocadas a desembolsar el dinero, por el impacto y la confianza que les brindaba el lugar”, aseguró un investigador.

Listado de bienes

A las víctimas les entregaban un listado en los que se les ponía a escoger cuál de los inmuebles les interesaba, pero debían decidirse en el menor tiempo posible porque, supuestamente, ya otras personas habían ofertado, incluso más dinero.

Ante el interés de ganarse unos dividendos, las personas firmaban la cláusula de cumplimiento de seriedad y luego entregaban el dinero en cheque de gerencia y, en la mayoría de casos, en efectivo.

Otro investigador explicó que los dineros los utilizaban en empresas de construcción, como capital propio, y alargaban los procesos de tres a seis meses para captar más clientes. Así podían devolver el dinero a los primeros, pero sin réditos.

Al no cumplirles, les ofrecían propiedades que construían, pero a un valor más alto que las consignaciones que hicieron por los supuestos remates. Otra manera de engaño.

Cuando llegaron al extremo -asegura el investigador-, pasaban por cualquier casa de estrato 4, 5 o 6, dependiendo de lo que el cliente estuviera buscando, tomaban fotografías de las viviendas y luego se las mostraban a los clientes.

Quienes exigían ver las casas o apartamentos antes de entregar el dinero eran llevados hasta el lugar, pero les advertían que no preguntaran a quienes vivían allí porque “dañaban el negocio”, ya que estas se pondrían atentas y conseguirían el dinero para saldar la supuesta deuda hipotecaria.

“A veces una vivienda se la ofrecían a varias personas, le cumplían a una y después la presentaban ante los demás clientes para que diera testimonio de que sí le habían cumplido, la socializaban y eso les daba más credibilidad”, afirma el funcionario judicial.

“Convencí a mi hija”

Dora Vargas Ortiz no deja de culparse por haber sido estafada. La mujer, de 80 años, dice con lágrimas que vendió su apartamento en el barrio Boston, en el cual vivió durante 17 años, para “comprar” una oficina y un apartamento de remate.

“Me entusiasmé y convencí a mi hija para que nos metiéramos en ese negocio; le dije que invirtiéramos ahí para que nos rindiera y hoy me culpa de eso”, dice, llorando y mirando al cielo, como pidiendo un milagro.

Dora recuerda que luego de que pasó el tiempo y en vista de que no le entregaban el apartamento y la oficina, por los que pagó 128 millones de pesos, exigió la devolución del dinero. Empero le hicieron otra propuesta.

“Nos ofrecieron dos apartamentos en Constructores Aliados y cuando fuimos a ver lo único que había era un lote desocupado y sin valla informativa; no estaban construyendo nada. Ahora vivo en un apartamento de mi hija, gracias a Dios no estoy en la calle por ella”, dice.

Las otras empresas

Cristian Yurgaky Rey y su socio Eduardo Vargas Gómez, “hábilmente” crearon otras empresas de la misma organización, con el mismo propósito y para evadir a la justicia, sostuvo el fiscal.

Así fue como el 15 de julio de 2013 Vargas y Yurgaky fraccionaron las empresas. Registraron en la Cámara de Comercio de Barranquilla el Grupo Constructores Aliados S.A.S., y el 13 de enero de 2014 crearon la empresa Alianza Grupo Empresarial.

El primero de abril de 2014 fueron nombrados nuevos miembros de la junta directiva, y como principales quedaron Adonis Antonio Brujes Herrera, Vedel Antonio Bonett García, Pablo Hutchinson Garrido; y como suplentes, Hugo Márquez Pacheco, Ostap Rafael Tapias Artuz, Yaneth Vargas Tulio y Eduardo González Jánica.

El 11 de abril de 2014 fue nombrado como representante legal de Global Brokers, Vedel Antonio Bonett García, hermano de María Teresa Bonett García, esposa de Yurgaky. Bonett recibía un sueldo de $2 millones, solo por firmar contratos. Archivos de la Registraduría indican que Vedel aspiró, en octubre de 2011, al concejo municipal de su natal municipio de Pivijay (Magdalena), pero no obtuvo una curul.

Esos nombramientos se hicieron, según la Fiscalía, porque empezaron a aparecer los primeros brotes de denuncias de clientes estafados, y ni Yurgaky ni Vargas querían figurar.

“También lo hicieron para demostrar emporio económico y porque en el manejo de las cuentas, el ingreso de los dineros debía ser justificado de la manera como ellos lo estaban haciendo, y lo que deducía la Superintendencia Bancaria era que había captación de dineros y que ellos no tenían permiso ni justificaban el requisito de eso”, señala uno de los investigadores consultado.

Actualmente cuentan con medida en centro carcelario los hermanos Eduardo Iván y Yaneth Vargas Gómez.

Y fueron cobijados con detención domiciliaria Ruddy del Carmen Rodríguez Arias, Manuel Fernando Banquez Corvacho, Gloria Hutchisn Garrido y Kimberly Hutchinson Vargas.

Tienen orden de captura Ostap Rafael Tapias Artuz, María Mónica Montero Castilla, Carlos Andrés Leal Chávez, Cristian Rymel Yurgaky Rey y Adriana María De la Ossa Espinoza.

Global Brokers Asociados S.A. también abrió sedes en Montería, Valledupar, Cartagena, Santa Marta, Cali y Bucaramanga, en donde la Fiscalía no ha cuantificado aún el número de personas estafadas.

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