Pulso desde España
Un informe presentado ante la OCDE pretende debilitar la postura del Gobierno colombiano frente a la liquidación de Electricaribe, a sabiendas del propósito del país de entrar a este grupo. No hay que amilanarse.
Hay desde España movimientos para presionar a Colombia en un caso que toca profundamente la sensibilidad de la población costeña: la toma de posesión de Electricaribe y la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de liquidar la compañía, en vista de su virtual incapacidad para cumplir con la adecuada prestación del servicio de energía eléctrica.
Para los líderes de distintos sectores de la Región Caribe, la intervención del Gobierno Nacional era un imperativo. Múltiples razones le venían dando sustento a este propósito durante años, la más elocuente de las cuales son las constantes fallas en la prestación, que no solo se volvieron una tortura sino que además tuvieron repercusiones monetarias, desde el daño de electrodomésticos para las economías hogareñas, pasando por bloqueos y protestas que incluso derivaron en personas muertas, hasta la afectación de la productividad de las pequeñas y medianas empresas.
Desde el país ibérico se ha registrado un nuevo pulso en la batalla jurídica que palpita en el fondo de la intervención a la empresa. El influyente bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo presentó ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos —OCDE— un informe en el que pone en entredicho la seguridad jurídica para la inversión extranjera en el país, a raíz del caso.
Resultan desde todo punto de vista inadmisibles este tipo de acciones, que evidentemente buscan poner contra las cuerdas al Estado colombiano y persuadirlo en el diferendo para que haya un desenlace favorable a los intereses españoles.
Colombia no se debe amilanar ante esta ofensiva de España. No debe sucumbir ante las inaceptables presiones que están llegando, y el reto es manejarlas bien. Antes había sido una carta de los empresarios españoles a la Unión Europea, para buscar su intervención. El nuevo acto apunta a tocar la sensibilidad de la dirigencia colombiana, a sabiendas del objetivo del país de entrar a formar parte de la OCDE, considerada por Santos como un “club de buenas prácticas”.
El informe habla de “debilidad en el sistema de supervisión” y de un “serio retroceso como consecuencia de la creciente conflictividad”, con lo que desconoce de un tajo los cruciales avances que Colombia ha dado en los años recientes en el fortalecimiento de su institucionalidad.
Más bien, la intervención de Electricaribe da cuenta de un Estado maduro y con determinación de actuar.
El superintendente, José Miguel Mendoza, había advertido ya de la crítica situación de Electricaribe para proveer el servicio, más allá de las investigaciones de presunta corrupción en su manejo financiero. Los ocho departamentos de la Región Caribe estaban al borde de un apagón, lo que habría golpeado con severidad la producción y el funcionamiento de una serie de industrias que se instalan en esta parte del país, muchas de ellas de origen extranjero. ¿No es esa la mejor muestra de preocupación por la inversión extranjera y actuación en su defensa?
Ante todo, no se deben confundir las cosas. Y lo de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa, era un abuso, una injusticia y una muy seria amenaza para una Región con más de 8 millones de habitantes. Dejarla consumar su controvertible gestión y que se llevara a otras empresas mientras se derrumbaba, hubiera sido la antítesis de las buenas prácticas.
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