Esta vez el mismo ministro de Minas y Energía está advirtiendo de posibles racionamientos en la Región Caribe. La razón: los problemas financieros de Electricaribe. No queda más que agradecer en estos momentos la franqueza, preferible a salir a desmentir la urgencia en la que nos encontramos y pretender tapar el sol con un dedo, tal como lo venía haciendo esta cartera.

Es hora de claridades, de ofrecer luces sobre lo que está pasando y las responsabilidad en torno a lo que podría suceder. Por eso no se puede dejar de reconocer esto, en primera medida, como un rotundo fracaso en el manejo de la crisis energética en la Costa.

Desde mucho tiempo atrás, desde distintas instancias, se viene advirtiendo de los problemas de gestión de la compañía prestadora del servicio eléctrico y de su posible impacto.

Más allá de las buenas intenciones y visto en perspectiva, poco parece haber ayudado el Plan5Caribe suscrito por el Gobierno Nacional, seriamente afectado por los incumplimientos de la empresa, que solo ha hecho un 28% de las inversiones que le correspondían.

Para tener una idea de lo insostenible que se ha vuelto el caso, vale recordar que, tal como lo reveló EL HERALDO desde principios de este mes, las generadoras de energía han notificado este año en 24 ocasiones a Electricaribe de posibles cortes de suministro por impagos. Y ahora XM, el operador del mercado, le lanzó un ultimátum: hasta el próximo 2 de noviembre tiene plazo para pagar su deuda, so pena de caer en limitación de suministro.

La Federación Nacional de Departamentos dice que es “inminente el riesgo” de apagón. El ministro Germán Arce lo confirma, y dice que comenzaría con racionamientos diarios de hasta tres horas en algunos puntos de la Región. No queda bien decir esto así nada más, sin que venga acompañado de acciones contundentes y reales para evitarlo, pues resulta desde todo punto de vista inadmisible que los usuarios terminen pagando por la negligencia de una empresa que, desde hace rato, se ha debido hacer entrar en cintura.

Electricaribe viene sosteniendo el mismo argumento, con el que incluso pretende hacer pagar al Estado en una demanda internacional: que sus problemas financieros responden a la deuda acumulada de miles de usuarios.

La Superintendencia de Servicios Públicos echó por el piso esos argumentos. Encontró que Electricaribe recauda casi la totalidad de lo que factura, y el sector subnormal, donde sí tiene problemas de no pago, representa un porcentaje menor, por el cual además recibe subsidios. En el fondo están las investigaciones que se le siguen por posible detrimento patrimonial con los multimillonarios recursos que recibió en el Programa de Normalización de Redes Eléctricas.

Lo que no puede ser, en medio de la discusión, es que usuarios que ya han venido padeciendo por las deficiencias en el servicio se vean ahora condenados al apagón. Ya que el Gobierno admite que la crisis ha degenerado a un nivel tan complicado, convendría también que actúe con la diligencia que esto exige, apelando a los mecanismos que se requieran. La Costa no espera menos.

El Gobierno debe responder ahora. Se está demostrando que la tarea le ha quedado grande a Electricaribe. Si falla, la Región no puede quedar desamparada. Un racionamiento sería un duro golpe para la actividad productiva de una región en plena ebullición, que trabaja día a día por consolidar su competitividad. No debería ser una opción el contemplar que la población termine afectada de la manera que se pretende. El Gobierno cuenta con las herramientas para intervenir la empresa y no dejar que la luz se apague.

El presidente Santos ha reiterado muchas veces su compromiso con el Caribe. Hoy es necesario que lo demuestre. No hay derecho a que la Costa salga a pagar los platos rotos en la crónica de un apagón anunciado.