La denuncia de un abogado contra el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, a quien acusa de haberle pedido $500 millones por influir en el fallo de una tutela, ha desatado una crisis sin precedentes en el máximo órgano garante de la Constitución.

Pretelt ha rechazado la acusación. En su argumentación, ha desvelado la existencia de una pelea política interna en la Corte, que habría aflorado a raíz de su reciente elección como presidente del tribunal.

Este gravísimo caso, que será abordado desde esa misma semana en la Comisión de Acusaciones del Congreso, abre muchos interrogantes. El primero, por supuesto, es si el magistrado Pretelt ofreció o no interceder ante el ponente de la tutela, su colega Mauricio González, para que esta se fallara a favor de Fidupetrol, como sostiene el abogado denunciante, el barranquillero Víctor Pacheco.

La presunta petición del soborno no se reflejó en el fallo. Fidupetrol perdió el pleito, con votación unánime de todos los magistrados, incluido Pretelt. El presidente de la Corte se remite a este resultado, así como a las declaraciones del magistrado González –quien ha negado que Pretelt le  expresara interés en el curso de la tutela– para reafirmar su inocencia. De modo que el abogado Pacheco deberá esforzarse por sustentar con pruebas su acusación.

Ahora bien, el señor Pretelt debería explicar mejor varias cosas. Una de ellas es su relación con el abogado, a quien recibía en su casa y al que, según dijo a El Tiempo, le anticipó que su voto en el caso Fidupetrol sería negativo. ¿Es normal que un magistrado revele por adelantado a un abogado litigante el sentido de su decisión?

El presidente de la Corte también debe explicar con más detalle su afirmación de que el tribunal está dividido por pugnas políticas y personales. En su entrevista al citado diario, el señor Pretelt dijo algo sumamente preocupante, que pasó un tanto desapercibido. A la pregunta de por qué su elección fue tan reñida (cinco votos a favor y cuatro en blanco), sostuvo que este tipo de resultado no es excepcional, y afirmó que en Cortes anteriores, “por el bien de la institución” se informaba que el presidente se había elegido por unanimidad “aunque no fuese cierto”. ¿Es verdad que la Corte ha mentido de manera sistemática a los ciudadanos con respecto a la elección de su presidente para ocultar eventuales divisiones internas?

Pero el señor Pretelt no es el único miembro de la Corte que debe dar explicaciones. Los magistrados Gabriel Mendoza y Luis Ernesto Vargas tienen que aclarar por qué, si el abogado Pacheco les había contado hace seis meses el presunto caso de corrupción, esperaron hasta minutos antes de la elección de Pretelt como nuevo presidente de la Corte, el 4 de febrero pasado, para airear el caso. Lo hicieron contando los hechos al magistrado González, quien, al verse involucrado en el incidente, lo puso en conocimiento de la Comisión de Acusaciones.

El Congreso tiene en sus manos llegar hasta el fondo de este asunto. En juego está la credibilidad, ya muy minada, del sistema judicial colombiano. Y la respetabilidad de un tribunal que, al menos hasta ahora, parecía invulnerable al desprestigio.