El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprobó anoche la regularización más ambiciosa de inmigrantes que se ha realizado en ese país en al menos tres décadas. Se trata de una decisión ejecutiva, que el mandatario de la primera potencia mundial adoptó al margen del Congreso, que se oponía a la medida.

La medida histórica beneficiará a unos cinco millones de ‘sin papeles’, que evitarán así ser deportados y podrán “salir de las sombras”, según señaló Obama en el discurso televisado en que hizo su anuncio.

De esos beneficiarios, cuatro millones son padres indocumentados de hijos que, por haber nacido en territorio estadounidense, poseen automáticamente la nacionalidad del país por mandato constitucional. La medida también cobijará a muchos ‘sin papeles’ que llegaron al país antes de los 16 años de edad. Todas las personas a las que ampare la nueva regulación podrán acceder a permiso de residencia provisional. Por el otra lado, y tal como lo subrayó el presidente, se endurecerá el filtro para los extranjeros que pretendan ingresar ilegalmente en el país a partir de ahora.

La decisión de Obama ha abierto un encendido debate acerca de los límites de poder presidencial en EEUU, polémica que seguramente lo acompañará en lo que resta de su mandato. Pero, sobre todo, abre un interesante interrogante acerca de la fisonomía multiétnica que tendrá en el futuro la nación más poderosa del planeta.

Con su anuncio, Obama logra contrarrestar en cierta medida la decepción que cunde entre muchos de sus seguidores por el incumplimiento de que ha hecho gala en muchos de los compromisos adquiridos con sus electores. Sin embargo, habrá que esperar los resultados de las encuestas para conocer el verdadero impacto de la iniciativa en lo que se refiere a su recepción por la opinión pública.

En cualquier caso, sea fruto de un renovado compromiso con sus postulados demócratas o de un frío cálculo político, la decisión de Obama no deja de ser valiente, sobre todo si se considera la fuerte contestación que este tipo de medidas favorables a los inmigrantes provoca en sectores conservadores del país. Especialmente en amplios colectivos de clase media y baja, que sienten que la afluencia de extranjeros supone una amenaza añadida en la lucha por el puesto de trabajo, o un peligro para la integridad del país, o un factor perturbador de transformación de la identidad nacional.

Tal como señalábamos al comienzo, la reforma migratoria es una decisión ejecutiva y carece de fuerza de ley al no tener el beneplácito del Congreso. Lo que está por ver es si el próximo presidente se atreverá a derogarla, teniendo en cuenta la creciente influencia que las minorías, sobre todo la hispana, están conquistando en el país.

Esta regulación conformará, junto con la reforma de la sanidad y la recuperación de la crisis económica, el principal legado que dejará Obama cuando abandone la Casa Blanca en 2017. Tres acciones se suma trascendencia que, sin duda, justifican sobradamente un mandato presidencial.