La paciencia tiene un límite. La capacidad de aguante de Barranquilla ya ha llegado a su máximo nivel. Desde hace varias semanas la ciudad viene siendo sometida al bombardeo contaminante de las nubes de humo procedentes del Parque Isla Salamanca. Era ya un desagradable ritual que esto ocurriera todos los años, pero nunca pasaba de unos cuantos días. Esta vez parece que no hubiese forma de detener este ataque contra la reserva natural de 56.200 hectáreas, de la que hacen parte playones, ciénagas y bosques que ocupan el antiguo estuario del río Magdalena.  

Lo que está sucediendo es gravísimo. Y no es un tema exclusivo del departamento del Magdalena. Se trata de un problema nacional frente al cual es apremiante una reacción del Gobierno Nacional.  Lo que está en juego no es cualquier cosa. Los incendios escalonados que están ocurriendo no se pueden sofocar solo arrojando tanques de agua desde helicópteros. La persistencia del problema podría indicar que estamos en presencia de una acción instrumental, organizada y criminal, cuya finalidad no ha sido puesta al descubierto por las autoridades.

¿Quiénes están detrás de estas quemas sistemáticas y qué buscan?, son interrogantes pertinentes que las autoridades no le han respondido a la opinión pública de manera certera. Nos resistimos a creer que esta acción depredadora sea responsabilidad exclusiva de unos agricultores insensatos que queman los mangles en busca de carbón vegetal.

Y la razón por la cual nos parece pertinente  una orden del Gobierno Nacional para que la Fuerza Pública proteja a Salamanca es clarísima: este Parque Isla es sitio Ramsar de importancia mundial desde 1998 junto a la Ciénaga Grande de Santa Marta, y desde noviembre de 2000 fue declarada por la Unesco como Reserva del Hombre y la Biosfera, y a este ecosistema estratégico arriban aves migratorias de toda América.

Es inaceptable que unos particulares, cualesquiera que estos sean, destruyan un nicho ecológico de tan extraordinaria belleza y riqueza natural.  Proteger nuestras riquezas naturales –como Salamanca– es un mandato de la Constitución de 1991, para lo cual el Estado creó el Sistema Nacional de Parques, Sinap.

Los colombianos tenemos que ser plenamente conscientes de lo que tenemos: hacemos parte del selecto grupo de países megadiversos del planeta y en nuestro territorio (equivalente al 0,7% de la superficie de la Tierra) habita entre el  10 y 12% de la diversidad biológica del mundo.

La intervención que estamos pidiendo en defensa de este bien público  debería ser permanente y asegurar patrullajes eficaces por el amplio espacio del Parque Isla, pues ya se han dado operativos anteriores de la Fuerza Pública con saldos de capturados que luego han sido puestos en libertad.

El daño que han causado los incendiarios, una vez se logre el control de Salamanca, tendría que ser evaluado y cuantificado por los agentes institucionales responsables de lo ambiental. Así como tomó tiempo restablecer los manglares cuando se interrumpió el intercambio de agua dulce con la salada, le tomará un largo rato a Salamanca recobrar la plenitud de su estado natural por efecto de estas quemas.