La iniciativa anunciada por la presidenta del Comité Intergremial del Atlántico, Beatriz Vélez, de crear una promotora para sacar al hotel El Prado de su actual atolladero, merece toda la atención del empresariado y las instituciones de la ciudad.

La propuesta, que cuenta con la aprobación de la junta directiva del Intergremial, persigue, en prime lugar, hacer un análisis  técnico y jurídico sobre la afectación de conservación de los  cinco predios que conforman el hotel, con el fin de evaluar las posibilidades de explotación comercial del complejo inmobiliario.

Con base en esta información, los gremios buscarían capital, primordialmente barranquillero, con el que establecer un fondo común para comprar la infraestructura del hotel y ponerlo en manos de algún operador.

El máximo órgano de los gremios atlanticenses, con su presidenta a la cabeza, hacen bien en interesarse por la suerte de uno de los principales íconos urbanos de una ciudad que ha visto, con un pasividad aterradora, desaparecer una gran parte de su patrimonio arquitectónico, que en su día fue expresión de uno de los movimientos creativos más vanguardistas del país.

La música de la iniciativa suena bien, si se considera que esta tiene por objeto desatascar el proceso de ‘normalización’ del hotel, que se está dilatando ya demasiado.

Lo que ahora está por verse es la letra de la propuesta. Y para ello nada sería más importante que el Intergremial concrete el plan, de modo que este pueda ser objeto de estudio y de debate público, como corresponde a un bien tan querido como lo es el hotel El Prado.

Como se ha informado con profusión, el establecimiento se encuentra hoy en manos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), que a su vez lo ‘heredó’ de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes. A esta institución había llegado tras un proceso de extinción de dominio a los últimos  propietarios, por su vinculación al narcotráfico.

Todos los esfuerzos que se han realizado para conseguir operadores para el hotel han fracasado, por diversos motivos. Uno de ellos ha sido la carga pensional de los trabajadores, ante lo cual la ministra de Comercio y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, anunció que el Gobierno central asumiría esa obligación, que asciende a unos $7.000 millones. La iniciativa está incluida en el Plan nacional de Desarrollo, que se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario.

Sin embargo, es posible que eso no baste para hacer atractivo el hotel ante los potenciales operadores. Y, por lo visto, lo que quiere el Integremial es romper ese ‘maleficio’,  de modo que El Prado recupere su esplendor de antaño.

Lo que viene ahora es establecer, en primer lugar, si la ley permite que una promotora adquiera el inmueble, que tiene la categoría patrimonial. En segundo lugar, si en parte de los predios que lo componen se pueden desarrollar proyectos comerciales, de modo que los inversores encuentren más incentivos. Por supuesto que se trata de un debate complejo, en el que seguramente habrá argumentos para todos los gustos. Pero lo importante, en cualquier caso, es que la discusión en torno a El Prado se mantenga viva hasta que se encuentre una salida a este lamentable problema.