La Vía de la Prosperidad es, sin lugar a dudas, uno de los proyectos de infraestructura más importantes para el desarrollo del Departamento del Magdalena. Contar con una carretera que, bordeando el río Magdalena, comunique a Palermo, en el municipio de Sitionuevo, con Plato, al sur, no solo abrirá una nueva ruta de tráfico en el Caribe colombiano, y entre este y el resto del país, sino que potenciará la actividad económica en la zona. Vaya, pues, por delante que compartimos plenamente la opinión de que la Vía de la Prosperidad es una obra necesaria y que debe llevarse a cabo.

Cosa bien distinta cabe decir sobre la forma en que se están desarrollando los acontecimientos en torno al proyecto. En este aspecto, resultan más que preocupantes los desencuentros que el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, está protagonizando con distintas instituciones del Estado en su afán por poner en marcha, contra viento y marea, la obra, pese a las dudas que han surgido sobre el proceso mediante el cual fue licitada y adjudicada.

El último capítulo de esta accidentada historia trascendió el lunes pasado, cuando la directora de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, Amparo García, reveló que la Gobernación del Magdalena había girado un anticipo de $66.000 millones al Consorcio Ribera Este, contratista de la obra, a pesar de que la alta funcionaria le había advertido de que no lo hiciera. El proyecto se encuentra paralizado desde noviembre pasado por orden de la Corte Constitucional, a la espera de que se resuelva una tutela interpuesta por la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, contra la adjudicación de la Vía.

Hay que señalar que la Procuraduría también ha advertido al gobernador Cotes que se abstenga de realizar giros al contratista hasta que se resuelva el pleito.Este embrollo arrancó en julio del año pasado, cuando la ministra de Transporte expresó sus reparos por la forma en que se llevaba a cabo la licitación del proyecto, porque, a su juicio, se estaban vulnerando los principios de transparencia y de libertad de oportunidades. El 12 de agosto, el gobernador Cotes, ignorando los avisos de la ministra, convocó una audiencia y, en una sesión maratónica que se prolongó hasta altas horas de la noche, adjudicó la obra por un costo de $466.900 millones ($200.000 procedentes del fondo de regalías y 266.900 aportados por la Nación).

Esa misma noche, la titular de Transportes interpuso la tutela que ha conducido a la paralización de la obra.Cotes sostiene que el anticipo se desembolsó el 3 de enero de 2013, días antes de que le notificaran el fallo del Constitucional. Sin embargo, el fallo ya era de conocimiento público y, además, la Gobernación ya había recibido las advertencias de que no girara dinero al contratista. Sería conveniente que Cotes disipara todas las dudas expresadas por la ministra antes de continuar una obra que no merece estar envuelta en un manto de sospecha.