Si bien ha disminuido de un 76% a un 61% la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de La Niña en el país, de acuerdo con los más recientes pronósticos del Ideam, las autoridades nacionales consideran que el riesgo todavía es lo suficientemente alto por lo que han insistido esta semana en su llamado preventivo a los entes territoriales.

Ya está visto lo arrasadores que pueden ser las acometidas del invierno cuando sorprenden a una población que no está oportunamente preparada. El vendaval que golpeó Sabanalarga el jueves dejó más de 238 viviendas afectadas y tres personas lesionadas. Fueron 10 barrios damnificados. Solo un corregimiento, La Peña, concentró a 93 de las familias víctimas. Las paredillas, techos y árboles derrumbados por doquier en este municipio refuerzan la percepción de que las personas en los niveles socioeconómicos más bajos del Atlántico afrontan las lluvias y tormentas en la más absoluta vulnerabilidad e indefensión. La responsabilidad, por supuesto, no les atañe exclusivamente a ellos. A las administraciones locales les asiste el deber de brindarles garantías para prevenirse frente a los desastres, reaccionar adecuadamente y ser atendidos para recuperarse.

Pero este fenómeno está concatenado, también, con la imprudencia que caracteriza la ubicación de algunos asentamientos. En tiempos de sequía, muchos arman cambuches en rondas de arroyos o zonas inundables del río o de ciénagas, sin mayor conciencia del peligro que irremediablemente los espera. Allí es igual de importante la actuación de las autoridades frente a familias, muchas veces desplazadas y sin ninguna otra opción, que pasan a convertirse en lo que se puede denominar como damnificados en pausa. La tarea no es solo evitar que se instalen en determinado lugar, sino ofrecerles soluciones.

Lamentablemente, como ocurre en tantas otras áreas y responsabilidades de las administraciones, la gestión del riesgo municipal evidencia precariedad ante cada nueva emergencia. A pesar de las reiterativas advertencias emitidas desde el orden nacional, poco o nada conoce la población de sistemas de alerta temprana, recomendaciones básicas para prepararse frente a distintos tipos de sucesos, o la activación de planes de contingencia para reducir el impacto de los desastres.

Lo que se ha vuelto una triste costumbre es que la atención e intervención del Estado llegue cuando las personas ya están con el agua al cuello. Y los trágicos antecedentes en el departamento dan suficientes motivos para mantener la preocupación en vilo. No hay que olvidar que el Canal del Dique, por ejemplo, se ha reventado dos veces en la historia por las aguas enfurecidas por las lluvias.

De ahí la relevancia del nuevo llamado lanzado por la ministra de Vivienda, Elsa Noguera. Ha recalcado en la necesidad de elaborar y actualizar planes de emergencias y contingencias, con un inventario de las situaciones de vulnerabilidad a los que se exponen los sistemas de acueducto, aseo y alcantarillado en caso de una eventualidad. Se trata de una responsabilidad a contrarreloj. Ya es hora de que la emergencia encuentre preparados a los municipios y el Atlántico, y que sus habitantes no sucumban a la tragedia con cada invierno.