La Corporación Autónoma Regional del Atlántico impuso una multa de más de 420 millones de pesos a un empresario holandés por haber desviado el cauce del lago El Cisne. Según la entidad, la intervención implicó la tala de una zona de manglar y el relleno con material retirado, que terminaron afectando la estabilidad del lago.

Se trata de una acción ejemplar, en el marco de la desidia que ha caracterizado al Estado colombiano frente al manejo de sus recursos hídricos. Una desidia, por cierto, que también se le puede achacar a la propia CRA ante el largo deterioro que viene sufriendo el lago El Cisne.

El país cuenta con 1.640 lagos y estanques naturales y 1.940 ciénagas, según los inventarios del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Según ese registro, el promedio per cápita de agua de Colombia es de 45.408 metros cúbicos, muy superior a los 8.209 que contabiliza el mundo. La sensación que producen las cifras es que disponemos de un recurso abundante y que, por tanto, se puede derrochar.

Pero esos cuerpos de agua se nutren, principalmente, de las precipitaciones medias anuales. El 60% del agua lluvia que cae en las distintas cuencas representa la escorrentía vital que los recarga para enfrentar las épocas de verano.

De ese almacenamiento superficial se sirven directamente la fauna, la flora y las comunidades, así como las centrales hidroeléctricas que, a su vez, generan la energía eléctrica que necesita las ciudades en toda la nación.

Cuando bajan los niveles de lluvia, como ha sucedido en el último año, también lo hacen los aportes de las cuencas naturales. Habría que sumar los procesos endógenos de sedimentación y desecación, que afectan la calidad y cantidad del agua almacenada.

¿Qué pasa cuando, además, la mano del hombre contribuye al deterioro de esas fuentes de agua, verbigracia, el lago El Cisne?

La respuesta es apenas obvia. El Ministerio lo tiene perfectamente diagnosticado: la producción agrícola sin control, los vertimientos de las industrias y los propios asentamientos urbanos desbordados, están alterando esos ecosistemas. Unas 15 mil toneladas de materia orgánica caen diariamente sobre lagos, lagunas, ciénagas y humedales, en medio del desdén de las autoridades.

Colombia, hay que decirlo, cuenta con una normativa precisa para que los gobiernos y los organismos de control actúen con decisión. La Constitución de 1991 contiene 49 artículos dedicados a la conservación y preservación de sus entornos naturales. Por ello, algunos observadores dijeron en su momento que la nuestra era una Constitución medioambiental.

Para aplicar en sentido estricto lo que manda la Carta, el Estado procedió a constituir 33 corporaciones regionales. Como aún faltan por desarrollar los marcos legales que garanticen la preservación y uso racional del recurso hídrico, la percepción que queda es que estamos ante una monumental estructura burocrática cuya eficiencia está por demostrarse, pese a decisiones acertadas como la referida de la CRA.

En general, resulta urgente revisar una regulación que, al amparo de una nueva política pública, garantice un manejo más eficiente de los recursos naturales no renovables, así como una vigilancia estatal más expedita frente a agresiones como las que se acaban descubrir en el lago El Cisne.