Una vez más vuelve a estar en entredicho la protección de los derechos de los niños, por cuenta de una preocupante información registrada ayer. Y todo apunta a que la población más vulnerable, familias de desplazados y víctimas del conflicto armado, es de nuevo la más afectada.

Un miembro de la Mesa de Unidad de Víctimas Departamental denunció, inicialmente, que cinco niñas habrían sido abusadas sexualmente en la urbanización Villas de San Pablo, macroproyecto de vivienda liderado por el Gobierno. Señaló que una situación igual se reportó en Las Gardenias, proyecto del mismo tipo.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, informó que la situación podría ser incluso más grave. Aseguró que tienen reportes de abusos sexuales en 13 direcciones de la urbanización, y que una defensora de familia se encuentra investigando los casos para establecer el número exacto de menores afectados.

Aunque la directora (e) regional, Yolanda Ruiz, aclaró que las indagaciones buscan confirmar las denuncias y mencionó que no hay un “violador identificado”, explicó que trabajadores de psicología tuvieron conocimiento de la situación al percatarse de ciertos comportamientos de los niños en una actividad de juego con títeres.

El ICBF puso los casos en conocimiento de la Fiscalía. Es imperativo que los reportes sean investigados a fondo y sin dilaciones, para establecer con claridad qué sucedió. Y si se confirma que existieron los abusos, la tarea inaplazable de las autoridades será hallar a los responsables con la mayor prontitud, puesto que cada minuto que pasa pueden estar en riesgo otros niños. Pero además, la situación reclama una reflexión de fondo. Se debe establecer responsabilidades más allá del ‘violador’ o atacante, pues, si hubo abusos sexuales en 13 direcciones de una misma urbanización, es prueba de que hay varias cosas que están fallando y que deben ser corregidas.

La denuncia no enciende únicamente las alarmas sobre los riesgos de los que es susceptible la niñez. Vuelve a poner sobre la mesa la compleja situación que se cierne sobre algunas concentraciones habitacionales urbanas que, justamente, fueron concebidas con la intención contraria, la de garantizarles una vivienda digna y una verdadera reintegración social a familias que sufrieron de primera mano los estragos del conflicto armado.

Otros proyectos de este tipo han estado marcados por reportes de robos y peleas entre vecinos. Sería lamentable confirmar que las cicatrices que dejó este conflicto se están reabriendo en algunas personas. Una nueva realidad que exigiría una intervención social más efectiva. La vivienda digna es un paso significativo, pero parece hacerse evidente que falta un mayor acompañamiento para enseñarles a algunos a convivir en un nuevo escenario en comunidad.

La denuncia llega en un momento en que la sensibilidad de la sociedad está herida, por el escándalo de ‘El Monstruo de La Sierrita’, un pedófilo cinco veces condenado que andaba suelto, como reveló EL HERALDO.

Ese fue otro campanazo en el mismo sentido de alerta. Es hora de que la misión de minimizar los riesgos de la población infantil se convierta en una verdadera causa común, de unir esfuerzos para que la niñez sea protagonista de otro tipo de noticias, más felices.