Con la entrega a las autoridades colombianas de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado se abre un resquicio de luz para esclarecer uno de los episodios oscuros en la historia reciente de Colombia: el escándalo de las interceptaciones ilegales a periodistas, líderes sindicales y políticos por parte del Estado, que ha pasado a conocerse como las ‘chuzadas’.

Tal como lo adelantó EL HERALDO en primicia en su edición de ayer, la exfuncionaria, nombrada en su momento por el presidente Álvaro Uribe al frente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, llegó al mediodía del viernes a la embajada colombiana en Panamá para ponerse a disposición de las autoridades, y “acabar con esta novela”, como dijo a su llegada. Sin duda, está bien ponerle fin a esta anomalía y se trata de una decisión muy importante, porque está llamada a aclarar muchísimas cosas por su gestión entre 2007 y 2008. Lástima que no lo hizo voluntariamente en su momento, ya que la ‘novela’ data de 2011, cuando la justicia colombiana le dictó medida de aseguramiento, sino que tomó la determinación luego de ser presionada por la Interpol. El organismo internacional expidió en la mañana del viernes una circular roja en su contra que le dio el carácter de prófuga en 190 países, y suprimió cualquier asomo de beneficio de parte del gobierno panameño, que otrora, cuando estaba en el poder Ricardo Martinelli, le había dado asilo territorial a la cuestionada exjefe de inteligencia.

Su huida forma parte de una costumbre malsana en la democracia que, lamentablemente, vienen protagonizando algunos funcionarios en los últimos años. Gente que al verse implicada en procesos jurídicos se declara como perseguida por la justicia y se va del país, alegando falta de garantías y persecución política, poniendo en tela de juicio la institucionalidad nacional y enviando un pésimo mensaje a la comunidad internacional.

Ojalá este episodio en Panamá sirva de ejemplo para otros que se encuentran hoy prófugos, como Luis Carlos Restrepo, Andrés Felipe Arias y Sandra Morelli. Ojalá pudieran emular lo que ha hecho en las últimas horas María del Pilar Hurtado, sin tener que esperar una circular roja en su contra.

Ante la justicia, la exdirectora del DAS podrá explicar todo lo sucedido, y a la vez defenderse. Si bien puede percibir que existe una animadversión, la justicia no se define en una sola instancia; hay muchas a las que puede recurrir, en eso consiste una democracia.

La expectativa es que su papel sea clave para aclarar las responsabilidades sobre las interceptaciones ilegales, para que no se vuelva a repetir algo similar. Los ciudadanos deben sentirse seguros, y no tener la percepción de que permanentemente están vigilados en su intimidad. Entre los casos hay 16 periodistas, según un informe de la Fiscalía; también, figuras de la oposición que en la audiencia de legalización de captura fueron notificadas como víctimas, como Piedad Córdoba y Gustavo Petro. La tarea del Estado ahora es garantizar la seguridad de Hurtado, garantizar que pueda decir toda la verdad. Mucho tiempo han seguido bajo las sombras las actuaciones del Estado en el pasado, y es necesario despejarlas para, por fin, dejarlas atrás.