Después de dos años de búsqueda frontal, las autoridades colombianas y brasileras capturaron en un paraje fronterizo del vecino país, a Marcos de Jesús Figueroa García, conocido con el alias de Marquitos.

Al dar a conocer la noticia, la Dirección General de la Policía y la Presidencia de la República coincidieron en señalar que se trata de uno de los delincuentes más peligrosos y despiadados de la historia reciente del país.

De hecho, a su haber tiene un extenso prontuario, que incluye múltiples asesinatos, tráfico de estupefacientes, contrabando de gasolina y amenazas de muerte a políticos y periodistas, entre otros.

Figueroa García había montado un sofisticada estructura delincuencial que socavó, inclusive, a la institución policial, algunos de cuyos miembros lo protegían en sus incursiones en La Guajira y los otros departamentos de la costa Caribe y hasta hacían parte de su nómina.

Esa red, según los propios organismos de investigación, involucra también a congresistas y otros políticos de la región, que habrían cedido a las tenebrosas presiones del capo o confabulado con él para sacar del camino a sus adversarios.

Además de la sanción ejemplar que se anuncia contra Figueroa, la administración de justicia tiene que actuar sin miramientos frente a sus leales colaboradores.

Porque, en su proceder, los delincuentes atentan contra el orden que regla la coexistencia social y desafían abiertamente al Estado. Ellos escogieron un entorno ilegal para desplegar su acción condenable y saben, al estar al margen, que en cualquier momento deberán pagar por sus culpas.

Lo que es aún más vergonzoso es que quienes están encargados de hacer las leyes y vigilar por su cumplimiento, se burlen de los ciudadanos con una falsa apariencia de legalidad. En esencia, se camuflaron en escenarios democráticos, cuando, en realidad, lo que estaban haciendo era poner a marchar la empresa criminal que también les favorecía.

De confirmarse su vinculación, ellos también serían responsables de la barbarie que vivió durante estos años esa zona del país.

La Guajira viene de afrontar entornos subrepticios que durante años la marcaron ante los ojos de su gente y de todos los colombianos. Fue un pasado doloroso, del que, sin embargo, los guajiros se han venido reponiendo, a partir de las posibilidades de desarrollo que se han derivado de la producción formal de riqueza. El capital humano que, por ejemplo, se ha venido formando en este marco, de la mano de la decisión de las familias y la proactividad de las empresas instaladas en ese territorio, es un activo que desde ya dibuja una realidad distinta.

Ahí está, del mismo modo, un legado cultural y antropológico que nos hace sentir orgulloso dentro y fuera del país.

Es este el faro que debe guiar a las actuales generaciones para seguir adelante y atenuar el impacto de otras reputaciones, y el referente que debemos usar los colombianos para valorar a La Guajira.