Esto es mucho más que un ‘caso Pretelt’
Los últimos acontecimientos están demostrando que la crisis de la Corte Constitucional es mucho más profunda de lo que se pretende. El magistrado Pretelt no es el único que debe dar explicaciones convincentes en este nauseabundo caso.
En un editorial de urgencia que publicamos el miércoles, tras el anuncio por parte del presidente Santos de una batería de medidas encaminada a erradicar la corrupción de la justicia, respaldamos uno de los mensajes centrales del mandatario: la necesidad de castigar a los responsables por sus conductas individuales, sin poner en entredicho la integridad de las instituciones.
Respecto al otro mensaje en el que hizo hincapié el presidente –su compromiso de acabar con los nexos entre política y justicia–, señalábamos que quizá podía parecer conveniente en las actuales circunstancias de la práctica política colombiana, pero expresábamos algunas reservas. La más importante: el riesgo de que los jueces, libres del ‘factor político’, puedan convertirse en una suerte de aristocracia que acabaría por adquirir un poder excesivo en relación con las otras ramas del Estado.
Es comprensible que muchos ciudadanos, ante la degradación intelectual y ética que sufre la política nacional (con honrosas excepciones, por supuesto), respalden quitar a los parlamentarios la capacidad de participar en la designación de magistrados en las cortes. Y que apoyen reemplazar la Comisión de Acusaciones de la Cámara por un Tribunal de Aforados. El reto, en tal caso, es establecer qué mecanismos de control democrático se aplicarían al poder judicial, más allá de la autorregulación y los procedimientos internos de investigación.
Estas dudas se vuelven especialmente acuciantes tras los últimos acontecimientos en la Corte Constitucional, donde se está destapando una espiral de turbios asuntos a raíz de la acusación de presunto soborno contra el magistrado Jorge Pretelt.
La “prueba reina” –como la llaman algunos medios capitalinos– contra Pretelt es, hasta ahora, la declaración de un abogado, quien contó en febrero al magistrado Luis Ernesto Vargas que, meses atrás, Pretelt le había pedido $500 millones para influir en una tutela. Vargas grabó subrepticiamente la conversación con el letrado, vulnerando la Constitución de la que, en teoría, es garante. Ni uno de sus colegas ha llamado la atención sobre este procedimiento. Más aun: tres de ellos estaban informados desde diciembre de la versión del abogado, sin que ninguno denunciara de inmediato el caso, que finalmente estalló en febrero.
El 9 de marzo, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Vargas tuvo un súbito acceso de memoria y contó que Pretelt, nada más asumir su cargo en la Corte en 2009, intercedió en favor de un procedimiento judicial que afectaba al senador cordobés Julio Manzur. Alegó Vargas que en ese momento no elevó queja contra el recién llegado colega porque asumió su petición como “folclórica”. Pretelt reaccionó el mismo viernes acusando al magistrado Vargas de haber intentado favorecer una tutela contra el fallo que declaraba que el caso Colmenares fue un homicidio. ¿Por qué no denunció oportunamente al comité disciplinario de la judicatura un hecho de tamaña gravedad?
Quizá no sea conveniente, como señala Santos, revocar a todos los magistrados de la Corte o convocar una constituyente. Pero lo cierto es que, al igual que en la Dinamarca hamletiana, algo está podrido en el actual tribunal constitucional. Y el problema no es solo Pretelt. Este, más por su conducta durante el escándalo que por las pruebas que pesan actualmente en su contra, está demostrando falta de majestad para tal alto cargo. Pero no hay que engañarse: esto es mucho más que un ‘caso Pretelt’.
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