La comisión accidental para el Caribe colombiano dejó más preguntas que respuestas.

Las expectativas que tenían ciudadanos, fuerzas vivas y dirigentes políticos sobre el presupuesto general de inversiones para la región se fueron desvaneciendo en la medida en que el presidente Juan Manuel Santos y sus ministros fueron haciendo sus anuncios.

Si bien el mandatario firmó el contrato para la navegabilidad del río Magdalena y anunció para el día 19 de septiembre la apertura de la licitación del aeropuerto Ernesto Cortissoz, dos proyectos que, por supuesto, estábamos esperando, no hubo referencia sobre las demandas de recursos que vienen haciendo los departamentos de la Costa.

La inquietud que habían planteado diversos gremios y políticos de la región de esta zona radica en dos preocupaciones. La primera es que mientras los montos de inversión aumentaron en 17,13 por ciento entre 2013 y 2014, la asignación prevista para el 2015 se incrementa en 6,8 por ciento; la segunda es que ni siquiera esos recursos están incluidos en el presupuesto nacional, como sí las partidas destinadas a otras regiones del país, con el argumento de que serán respaldadas por las transferencias de regalías.

Si ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta están consideradas por la propia Administración nacional como puntas de lanza de los procesos de globalización económica, no entendemos la disminución de los ritmos de inversión. Esto es, ni más ni menos, que un contrasentido que demanda una explicación gubernamental.

Por su parte, la sujeción de las inversiones a las regalías le dan un trato discriminatorio a los costeños, cuando se suponía que tendrían la gran prioridad de la acción gubernamental, pues debido a los tecnicismos, el foco de sus prioridades y la competencia por sus recursos, las regalías no garantizan la debida atención de las necesidades de desarrollo.

Tales premisas, entonces ponen a nuestros gobiernos locales en una posición muy incómoda.

Esta reivindicación no la planteamos por los elocuentes resultados electorales, que bien podrían ser un argumento válido de los políticos que apoyaron la continuidad de Santos; la razón está más bien cimentada en los niveles de desigualdad de nuestros municipios y departamentos que, por ello, están pidiendo hoy una mayor presencia de Estado en todos los frentes.

La Costa lleva esperando, por años, que se reviertan sus problemas de pobreza extrema y atraso en infraestructura. Sobre ello hay suficiente literatura y estudios en el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. 

Esas tristes estadísticas probablemente nos hagan ver como ciudadanos de segunda categoría por parte de los excluyentes técnicos de la burocracia nacional que definen los rubros de cada vigencia fiscal; pero ni ellos ni los ministros pueden seguir equivocándose. Este es un reclamo digno que la Costa hace con más que sobrado derecho.