La industria puede respirar tranquila. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, acaba de firmar                                                              el decreto que reglamenta el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia.

Entre los empresarios existía el temor de que la medida reverenciara a los activistas del medio ambiente, que desde hace un tiempo vienen haciendo fuertes críticas al carácter aparentemente depredador de determinados sectores económicos, en particular el minero. Pero el sentido de la norma legal es otro. Si bien mantiene los controles y el celo por la protección de los ecosistemas, la decisión persigue una mayor agilidad en el trámite para la obtención de licencias de obras y demás proyectos.

De entrada, mantiene los 90 días para el estudio y aprobación de las licencias, que consignaba el Decreto 2820 de 2010, que, justamente, se está reformando. Pero introduce como novedad que, una vez se cumplan los primeros 20 días calendario de la radicación del expediente, las autoridades emitirán una primera respuesta, en la que se dará cuenta al interesado del cumplimiento o no de los criterios mínimos de calidad de la propuesta. Con ello, se reducirá la dilación que implicaba la solicitud persistente de información cuando esta no convencía del todo a los técnicos encargados del estudio.

De esa manera, la industria de hidrocarburos, que tiene represadas unas 110 licencias, podría reactivar una dinámica que el país necesita para fortalecer sus inversiones e insistir en las exploraciones que, de ser exitosas, extenderían la autosuficiencia petrolera.

Estas necesarias precisiones legales no se deberían entender, sin embargo, como una laxitud en la vigilancia. Tampoco, como un mensaje institucional  para darle preferencia a la explotación y producción frente a los riesgos que, con sensatez, deben evitar los funcionarios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y las Corporaciones Autonomías Regionales.

Necesitamos que la discusión se mantenga en un justo equilibrio, en cuyo marco el Estado concilie los intereses de uno y otro sector, para que las posturas ambientalistas no frenen el desarrollo, pero este tampoco violente el entorno natural de los proyectos. La misión del estudio de las licencias ambientales, en tal sentido, es velar porque las actividades humanas y económicas se mantengan dentro de los límites de las restricciones ecológicas, es decir, en un escenario de desarrollo sostenible.

Cabe, pues, demandar una mayor capacidad técnica para que las instancias competentes actúen con rigor, y a tiempo, frente a cualquier amenaza de deterioro.  En la misma dirección debe ser innegociable la intervención de zonas de reserva, sean   páramos, humedales o manglares. Para todos los efectos, estos deben mantenerse como terrenos sagrados.

Aquí, en síntesis, no debe haber ni vencedores ni vencidos. Y si hay un ganador, este debe el interés supremo de los colombianos.