Cuentas pendientes de los ‘paras’
La Ley de Justicia y Paz, promulgada hace una década en medio de una fuerte polémica, no ha conseguido a plenitud su objetivo de que los exlíderes paramilitares confiesen la totalidad de sus crímenes y resarzan cabalmente a las víctimas.
Está claro que los jefes del paramilitarismo en la Costa se desmovilizaron y fueron a las cárceles colombianas –con excepción de los que resultaron extraditados–, pero todos guardan en común que no han confesado la totalidad de sus crímenes ni han indemnizado a cabalidad a sus víctimas. Son las notables insuficiencias de un proceso que comenzó hace una década y cuyo balance está inconcluso.
Lo llamativo es que, pese a ello, varios de quienes tuvieron rango de comandantes en las AUC recobrarán la libertad por cumplimiento de penas, que en sus casos fueron de ocho años, como establece la Ley de Justicia y Paz. Esta ley, promulgada en 2005, recibió en su momento severas críticas de organizaciones de derechos humanos. La Corte Constitucional modificó algunos apartes de la ley, y los cambios fueron bien recibidos por organizaciones como Human Rights Watch, porque aumentaba las exigencias a los ‘paras’ desmovilizados de incluir la confesión plena de los delitos.
La historia dio un giro el 13 de mayo de 2008 con la sorpresiva determinación del entonces presidente Uribe de extraditar a 14 cabecillas del paramilitarismo solicitados en extradición por Estados Unidos en razón de sus actividades ligadas al narcotráfico. Entre estos se fue el testimonio clave de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, jefe de las Autodefensas en la Costa Caribe, quien no cumplió el compromiso de contar sobre su responsabilidad en más de 20.000 hechos delictivos, entre ellos el homicidio del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa de Andreis, crimen por el que fue condenado en la justicia ordinaria, pero sin que aún se sepan los móviles y los actores políticos y empresariales que estaban detrás.
De modo que, en este incompleto proceso de los ‘paras’, las grandes sacrificadas han sido las víctimas al no recibir el resarcimiento integral por el daño que les causaron con el asesinato de sus seres queridos, y al mutilarse la verdad, que es una condición obligada de cualquier cese de un conflicto que pretenda la reconciliación y el perdón. Por eso, varias voces se levantaron cuando el Gobierno tomó la decisión de extraditar a los principales jefes paramilitares: sostenían que en EEUU sólo serían juzgados por narcotráfico y que ello impediría el acceso a la verdad y a la reparación. En cuanto a las versiones libres de los mandos que quedaron en las cárceles colombianas, nunca generaron confianza en las asociaciones de víctimas.
Son las consecuencias de un proceso plagado de vacíos jurídicos y de decisiones polémicas, en un marco de debilidad ostensible de la Justicia y del entramado institucional del Estado. ¿Qué podría hacerse a estas alturas para cumplirles a las víctimas del paramilitarismo que se sienten engañadas y frustradas?
Más aun: ¿qué lecciones cabe extraer de este antecedente de impunidad, a la luz del actual proceso de negociación conlas Farc en La Habana? Los ciudadanos, pero sobre todo las víctimas, merecen claridad en este asunto.
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