¿Cómo se llama su alcalde local?
El Pulsómetro de EL HERALDO e Inspicon correspondiente a agosto revela que ningún encuestado conoce el nombre del alcalde de su localidad. El Distrito debe hacer un esfuerzo para que la descentralización administrativa sea una realidad.
Una de las tendencias del mundo moderno es avanzar en la descentralización administrativa, con el de agilizar la gestión del aparato burocrático y, al mismo tiempo, intensificar los lazos de pertenencia de los ciudadanos con respecto a su comunidad más próxima.
Ese fue, justamente, el objetivo de la Ley 768 de 2002 que estableció la designación de alcaldes locales en las entidades territoriales distritales. Sin embargo, a juzgar por los resultados del Pulsómetros de EL HERALDO e Inpsicon correspondiente a agosto, que publicamos en nuestra edición de hoy, ese proceso descentralizador se encuentra aún en pañales y, por tanto, exige un impulso mucho más decidido por parte de la Administración distrital.
Dicho proceso comenzó en Barranquilla en 2003, con la designación de tres alcaldes locales. Esta cifra se incrementó con posterioridad hasta los cinco actuales, que en teoría atienden igual número de localidades administrativas (que aglutinan al total de barrios): Suroccidente, Riomar, Suroriente, Norte-Centro Histórico y Metropolitana.
Pues bien, resulta revelador que la totalidad de los encuestados dijo desconocer el nombre del alcalde de su localidad. Más aún: la inmensa mayoría (el 68,6%) admitió que ignora la denominación de la localidad donde reside, y un 14,9% dio un nombre equivocado de ella.
En un estudio titulado ‘Cómo vamos en descentralización’, la veeduría Barranquilla Cómo Vamos y el instituto Idepi, de la Universidad del Norte, identifica las flaquezas en el proceso de apertura administrativa iniciado hace 11 años. Señala entre ellas la falta de claridad en las funciones de las alcaldías locales, la carencia de insumo de información fiable para diseñar proyectos y planes de desarrollo, y el retraso en la dotación de herramientas fiscales a los alcaldes locales para que desarrollen sus labores en óptimas condiciones.
La Ley 1617 de 2013 establece que la Administración distrital destinará el 10% de sus ingresos corrientes a las alcaldías locales para su funcionamiento, lo que equivale a 22.000 millones de pesos para cada una de ellas. En la actualidad, sin embargo, varios de esos alcaldes ni siquiera cuentan con una sede y, en algún caso, atiende a los ciudadanos en una cafetería.
El secretario de Hacienda distrital, Raúl Lacouture, señaló días atrás a este diario que para hacer efectiva esa transferencia falta aún la preceptiva reglamentación, y dijo que la Administración prevé, de momento, invertir en breve 10.000 millones de pesos en la construcción de sedes propias para las alcaldías locales. Se trata, sin duda, de un paso en la buena dirección, pero que requiere de otras acciones para que la descentralización administrativa sea una realidad.
El estudio citado con anterioridad hace al respecto algunas recomendaciones, como desarrollar campañas de divulgación para que los alcaldes locales sean reconocidos como autoridades; realizar una “continua ingeniería institucional” para integrar a las alcaldías locales en el modelo de gestión pública, y capacitar a los funcionarios para que cumplan adecuadamente su tarea.
La descentralización es positiva y vale la pena trabajar en ella. Eso sí, velando para que conduzca a la agilización administrativa y no se convierta en todo lo contrario: en un oneroso entramado burocrático. O, peor aún, en un foco de politiquería.
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