Aún no es suficiente
Colombia tiene un espléndido compendio de decretos y leyes, y se ha sumado a todos los protocolos internacionales de protección a la mujer; sin embargo, la violencia de género sigue en aumento.
Colombia dispone de una normatividad ejemplar para preservar los derechos de la mujer. Desde 1993, cuando el Congreso expidió la Ley 82 “por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia”, hasta el 2013, cuando el Gobierno nacional produjo el Decreto 1930 “Por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género…”, el país ha legislado casi en forma permanente en favor de la equidad de género.
Pero además de las 13 leyes que, en ese marco, se cuentan ya, la nación se ha sumado a alrededor de 15 protocolos, pactos y convenciones internacionales que, de nuevo, le salen al paso a esta violencia. Ahí se cuenta desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948, hasta el compromiso de 189 Estados que terminó en la redacción de los llamados Objetivos del Milenio.
Los gobiernos locales, a su turno, también han desplegado esfuerzos. La Gobernación del Atlántico, por ejemplo, instituyó una política pública que ha sido premiada por organizaciones nacionales e internacionales, por un balance que en tres años ha empoderado en derechos a unas 10 mil mujeres y respaldado más de 400 proyectos asociativos.
La sociedad civil de alguna forma también ha reaccionado. Con el lema “sin mi puño y letra”, desde hace una semana numerosos grupos de hombres vienen realizando movilizaciones en las principales ciudades, en acatamiento a las jornadas de reflexión que convocó la ONU, del 25 de noviembre hasta el l 10 de diciembre. No más en Cartagena, unos 2.000 hombres plantaron el compromiso de “no cometer más actos de violencia contra las mujeres”.
Pero, pese a todo, la detención del fenómeno aún está lejos. Según las cifras que maneja la organización estatal Profamilia, más del 70 por ciento de las mujeres colombianas ha sufrido al menos uno de cinco tipos de violencia: la verbal o sicológica, que ha cubierto a cerca del 26% de las mujeres; la física, que afecta a otro 37%, y la sexual, que involucra al 10%.
Habría que agregar a la lista la violencia intrafamiliar, que incluye a hijos e hijas, ancianos, hombres, mujeres y personas con discapacidad o una orientación sexual diversa, y la violencia de género, que se ensaña contra las mujeres a partir de la posesión que los hombres quieren ejercer sobre ellas, aprovechándose, la mayoría de las veces, de su condición de indefensión.
En todos los casos se trata de una violación atroz de los derechos humanos, como lo sentenció el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Por eso, ningún esfuerzo es suficiente. Al Estado colombiano, que aparentemente cuenta con los dientes políticos para hacerlo, le corresponde cumplir y hacer cumplir las propias normas que ha dictado; al sistema económico, garantizar la soberanía financiera de la mujer para atenuar la sumisión que mantiene hoy por esta causa, y al educativo, insistir en la construcción de nuevos paradigmas que, finalmente, reivindiquen el rol y la condición de nuestras mujeres.
Solo así daremos las herramientas que necesitan para continuar esta lucha tan centenaria como vigente.
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