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Sector de La Cangrejera en el corregimiento de La Playa, Barranquilla, donde la gente vive en pobreza extrema. Gustavo Gil.
Economía

La pobreza en la Costa está bajando más lentamente

Los resultados del informe que presentó el Dane, el pasado viernes, evidencian que la pobreza monetaria en los departamentos costeños disminuye a tasas más bajas que el promedio nacional.

En los últimos once años todos los departamentos del país, a excepción de Cauca y Chocó, han disminuido sus niveles de incidencia de la pobreza. Sin embargo, de los cinco departamentos con el menor descenso, dos son de la región Caribe: Córdoba y La Guajira. De hecho, en estos departamentos el nivel de pobreza de 2011 disminuyó apenas entre 8 y 13 puntos porcentuales, respectivamente desde el año 2002. En contraste, para 2012, el nivel nacional había disminuido 34 puntos porcentuales respecto al nivel del año 2002.

Los niveles de pobreza en los departamentos del Caribe varían ampliamente respecto al nivel nacional, que en 2012 alcanzó 32,7%. La mayor diferencia se observa en Córdoba, cuyo nivel es 60,2%, mientras que la menor se presenta en Atlántico (33,9%). En términos generales, todos los departamentos de la región tienen niveles de pobreza superiores al promedio nacional.

Todos los departamentos del Caribe han disminuido sus niveles de pobreza a tasas menores que el promedio nacional, el cual se aproxima a -3,1% anual para el periodo 2002-2012. La tasa de reducción es menor en Córdoba, donde la pobreza disminuyó a una tasa anual de apenas -0,75%. En el caso del Atlántico, la reducción ha sido de -2,9% anual. De este modo se observa que no existe convergencia entre las regiones del país y el Caribe.

De acuerdo con Sandra Rodríguez, directora del Departamento de Economía de Uninorte, los principales factores que impiden que la región Caribe presente tasas de reducción de la pobreza más aceleradas, están relacionados con el desarrollo institucional. “Para que las brechas se reduzcan a una mayor velocidad es necesario que la pobreza sea un objetivo de la política no solo de las instituciones al nivel nacional sino también municipal, departamental y regional”, señala.

Dado que la pobreza es un asunto multidimensional, las regiones deben conocer cuáles son los factores propios que generan resistencia a la superación de la pobreza en su entorno. “Factores que muy seguramente se diferenciarán de los que enfrentan regiones más desarrolladas”, anota Rodríguez.

En cuanto a la evolución de la desigualdad (medida a través del índice de Gini, donde entre más cercano a 0 se es más igual), entre 2002 y 2012, La Guajira y Cesar presentan los mayores incrementos (15 y 12 puntos porcentuales, respectivamente, en contraste con la disminución de 6 puntos porcentuales del Gini nacional). Por su parte Bolívar y Atlántico presentaron fuertes disminuciones en este índice (de 5 y 12 puntos porcentuales, respectivamente).

Tanto la estructura económica como la social de estos departamentos inciden sobre sus diferencias en distribución del ingreso. “Una sociedad que no prioriza la realidad de su población más vulnerable difícilmente se preocupará por cambiar las condiciones que esta enfrenta. Esto último conlleva a una profundización de la desigualdad entre ricos y pobres”, recalca Rodríguez.

El índice de Gini nacional pasó de 0,572 en 2002 a 0,539 en 2012. Aunque parece una disminución que no ha sido sustancial, según Rodríguez, estos indicadores necesitan ser vistos en una perspectiva de largo plazo y lo importante en el caso de nuestro país es que ha venido acompañado de reducción de la pobreza.

Por su parte Vicente Royuela, profesor de economía la Universidad de Barcelona, quien participó en un conversatorio sobre brechas regionales realizado por el Observatorio del Caribe y el IEEC de Uninorte, comenta que este avance es positivo, pues el indicador empieza a bajar, pero hasta que no sea inferior a 0,4 Colombia seguirá siendo un país profundamente desigual.

“No me cabe duda que el nivel de desigualdad que existe en el país está perjudicando el crecimiento económico, y que buena parte de los esfuerzos que tiene que hacer el país deben ir destinados a reducir la desigualdad de ingresos”, agrega Royuela.

La evolución de los indicadores muestra que los esfuerzos para reducir la desigualdad en el país han tenido frutos, pero aún no son suficientes. Para Royuela, experto en ciencias regionales, la desigualdad se puede reducir con inversiones en servicios públicos básicos, que están relacionados con infraestructuras educativas y sanitarias, puesto que no solo el ingreso es importante.

Pobreza y crecimiento: hacia un modelo inclusivo y equitativo

Por: José Luis Ramos*

En América Latina, la pobreza se constituye en el principal problema que deben enfrentar los gobiernos. Particularmente, en aquellos países donde los resultados del modelo de crecimiento económico no se han visto reflejados en mejoras del bienestar de la mayoría de la sociedad, donde aún se mantienen indicadores de pobreza e inequidad elevados.

En las evaluaciones realizadas al componente de erradicación de la pobreza extrema y el hambre, consagrado en los Objetivos del Milenio, se evidencia que son varios los países de América Latina que no lograron cumplir la meta de disminuir a la mitad los índices de pobreza; con excepción de Chile, Brasil y Perú.

Por tanto, Colombia, que está en el primer grupo y que mantiene crecimiento económico por encima de la media de América Latina, debe obligatoriamente adoptar medidas de política hacia un modelo de desarrollo económico inclusivo y equitativo.

Desde esta perspectiva, la necesidad de armonizar la equidad con el crecimiento económico, requiere adoptar una visión convergente del desarrollo, donde todos mejoren su calidad de vida y las diferencias entre unos y otros disminuyan.

Para esto es indispensable que los agentes productivos urbanos y rurales —en especial los pequeños productores— accedan a la dotación de activos en las mismas condiciones. El Estado dentro de su función debe garantizar las condiciones para el acceso adecuado a los servicios de infraestructura física y social que permitan el pleno ejercicio de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales. Todo ello soportado en un marco institucional transparente y un sistema de justicia eficiente.

Las políticas de desarrollo deben concebirse de forma articuladas con las políticas macroeconómicas, con programas sociales y focalizados por tipo de población. Por ejemplo, es innegable la importancia de las economías campesinas en la producción de alimentos, generación de empleo y cultivos de exportación.

Entonces: ¿cómo concebir un programa de desarrollo que beneficie económica y socialmente a este grupo de población? La respuesta, en palabras de Amartya Sen, estaría en la creación de capacidades internas y combinadas. Las primeras referidas a la educación que debe dársele a este grupo de población, y las segundas, a las oportunidades que el Estado debe brindarle para elegir y actuar en una situación política, social y económica concreta.

De esta forma, estaríamos en la línea de articular los frutos del crecimiento económico con la necesidad de disminuir los niveles de pobreza que lleve a tener territorios de paz.

La propuesta de Sen, bajo un escenario de post conflicto, permitiría al país alejarse de los problemas sociales, económicos y políticos que han profundizado la inequidad en los territorios. En este orden de ideas, el primer beneficiario de un modelo de desarrollo económico inclusivo y equitativo debe ser el sector rural, para así cambiar la respuesta a la pregunta que siempre nos hacemos ¿Cómo es posible que a la economía le vaya bien, pero a la gente le vaya mal?

* Profesor del IEEC de Uninorte.
 

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