El Heraldo
Bruce Mac Master y el ministro Tomás González antes de iniciar la segunda ronda. Javier García
Economía

Entre tensiones se cocinó la suspensión del aumento del gas

Minminas insistió que no estaba “dispuesto a correr” riesgo legal de cambiar contratos; empresarios costeños le advirtieron que mantener fórmula los llevaría a la quiebra.

A pocas horas de la reunión en la sede del Ministerio de Comercio, una antigua casona acondicionada en la exclusiva zona colonial de Cartagena, el ambiente era de posiciones opuestas, muy distantes, ante el irreversible anuncio del Ministerio de Minas de que las tarifas del gas en la Región Caribe “por razones contractuales y jurídicas” iban a subir, a partir de enero, en un 25% para el sector industrial y algo menos del 8% para el residencial.

Esa especie de bomba cargada con millones de metros cubicos de desigualdad y discriminación, denunciada por EL HERALDO el 3 de diciembre debido a que golpearía a la que paradójicamente es aún la región más productora de gas en el país –el 60% lo aportan La Guajira y Sucre–, enfrentaba a dos bandos:

Por un lado estaban los tecnócratas bogotanos que tenían ‘recalentado’ al ministro de Minas, Tomás González, con la advertencia de que los contratos para la compra de gas a largo plazo estaban firmados y que cualquier cambio le podría acarrear a él consecuencias legales, riesgo que el funcionario dijo “no estoy dispuesto a correr”.

En la otra orilla se encontraban congresistas, gremios y empresarios costeños que, de manera vehemente, criticaban la aplicación de la Resolución 089 de 2013, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg. Estos afirmaban que resultaba “inaceptable”, “discriminatorio” y “absurdo” dicho aumento tarifario; además advertían que tal decisión sería “dañina” y “demoledora” para la industria.

Masiva asistencia. Pasadas las 12 del mediodía del viernes, en plena pascua navideña, la calle de los 7 Infantes en el legendario barrio San Diego de la zona amurallada, comenzó a llenarse de empresarios y unos pocos congresistas y dirigentes gremiales que acudían a la convocatoria de la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa Glen, para “seguir buscando y proponer fórmulas” que evitaran un grave impacto por el aumento del gas en la Región Caribe.

Ante la concurrencia, los salones de la sede ministerial alterna, lejos de la fría capital, quedaron pequeños y fue necesario, pese el calor de esa hora, utilizar el patio tropical sembrado con matas y palmeras y adornado con un parasol blanco.

Este espacio también quedó pequeño y no todos pudieron sentarse en círculo para escuchar a los dos ministros; al presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez; a la presidenta (e) de la multinacional Chevron, Marcela Cárdenas, y que estos, a su vez, escucharan a los senadores Efraín Cepeda, Arturo Char y Jaime Amín –3 de los 31 costeños elegidos en el Congreso–; a los representantes a la Cámara Mauricio Gómez, Luis Eduardo Diazgranados, Hernando Padaui y Eloy ‘Chichí’ Quintero –4 de 34–, y a empresarios e industriales como el exministro Fuad Char Abdala, uno de los dueños del grupo Olímpica; al presidente de Promigas, Antonio Celia; al presidente de Gases del Caribe, Ramón Dávila, entre otros.

Los reclamos. Como anfitriona, la ministra Cecilia Álvarez-Correa inició la reunión expresando su preocupación por lo que estaba sucediendo y reveló que fue por el “congresista que está a mi derecha” (el senador Cepeda) que se enteró de lo que iba a suceder en la Costa. En efecto, el parlamentario, luego de leer el primer informe de EL HERALDO en el que denunciaba el aumento que sobrevendría por la nueva fórmula de la Creg, fue a su despacho a pedirle que “frenara esta injusticia regional”, contó el senador a este diario.

Después intervino el ministro González quien prácticamente repitió lo que ya había dicho a través de los medios de comunicación y en reuniones con congresistas: que no podía hacerse nada ante los contratos existentes.

En medio de rostros adustos y preocupados, asistentes sedientos y acalorados que consumían toda el agua que aparecía en el estrecho patio, un primer hecho sirvió para distensionar el ambiente.

Como sus demás compañeros congresistas que intervinieron, el cesarense ‘Chichí’ Quintero defendió a la Región en el sitio menos imaginado al quedarse sin silla: detrás de unas matas. En broma, la ministra Álvarez-Correa le dijo que estaba “camuflado”, lo que generó la risa de los asistentes.

Luego de los dirigentes políticos, el turno fue para los empresarios. Fuad Char, aliado incondicional del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no escondió su malestar por el daño que iba a sufrir la Costa. Dijo que el mercado nacional del gas está “perturbado” por la inclusión de las altos precios a los que compran las térmicas este combustible para su generación eléctrica, indexador que a su juicio no debe aplicarse en la fórmula de la Creg, y por las exportaciones a Venezuela, todo lo cual, a su juicio, “genera unos precios artificiales” los que “no pueden ser aplicados al Caribe”.

George Zaher, presidente de Unibol, ante los argumentos de González le replicó que por tan exagerado aumento tendrá que “salir del mercado”, es decir cerrar su empresa, debido a que perderá la posibilidad de competir con productores de papel higiénico del interior del país, quienes comprarán un gas más barato –les bajará un 3%– por la fórmula de la Creg. “George, no podrás enfrentarte al cartel del papel higiénico y los pañales”, le comentó, en voz alta, el abogado César Lorduy, representante de Monómeros en la convocatoria, lo que generó risas y un nuevo momento de distensión.

Otra queja puntual del daño que se generaría la formuló el gerente de Quintal, Mariano Espitia. Contó que su empresa produce una materia prima que utilizan las baterías de multinacionales como la Sony, Panasonic y la Hyundai y “con este gas tan  costoso nada podremos hacer”.

Lorduy le dijo al ministro González que podían aplicar  el aumento, pero que a los sujetos a los cuales les iban a cobrar esas tarifas no iban a existir porque se “van a quebrar”. Además, le señaló que Monómeros, luego del paro agrario contra el gobierno de Santos, había aceptado una invitación para que los precios de los fertilizantes no sufrieran mayores incrementos, pero que ante las alzas del gas no iban a poder cumplir ese compromiso porque “con dichas tarifas no podemos producir a precios bajos”.

El presidente de Tecnoglass, Rodolfo Espinosa, dijo que esta empresa barranquillera compite con compañías estadounidenses que compran en su país un gas y una energía “mucho más barato” a lo que sería el alza proyectada en el mercado costeño, lo que disminuiría sus posibilidades de competir y los llevaría a revisar los planes de expansión.

CONFORMAN COMISIÓN. Las palabras expresadas con cautela por el ministro González ante lo que estaba por suceder con la fórmula a aplicar; lo dicho por los presidentes de Ecopetrol y Chevron sobre los contratos existentes; el rechazo expresado por los congresistas y gremios, y la realidad mostrada por los empresarios, dejó la reunión en un punto muerto.

A esa hora, cerca de la 1:30 p.m., hasta el agua se había agotado en la sede ministerial. Álvarez-Correa propuso crear una comisión para explorar fórmulas de solución, la cual quedó integrada por los dos ministros, los presidentes de Chevron y Ecopetrol; la directora del DPS, Tatyana Orozco; el presidente de la Andi, Bruce Mac Master; el subgerente comercial de Gases del Caribe, Manuel Vives; el presidente de Gazel, Rodolfo Anaya; los dirigentes gremiales de Cartagena Amaury Cobo y Mauricio Rodríguez, y Lorduy.

EL HERALDO conoció detalles de lo que en ese momento comenzó a discutirse en un salón aparte, mientras el resto de asistentes abandonaba la sede ministerial alterna.

Antes de iniciarse la segunda reunión, varios asistentes contaron que vieron al presidente de Promigas, Antonio Celia Martínez-Aparicio, reclamar por lo que estaba sucediendo con el Caribe.

Luego, en la mesa de negociación instalada para detener el incremento, afloraron los detalles técnicos. Las partes tocaron, entre otros, el tema de las termoeléctricas de la Costa, la capacidad de los pozos de gas, el volumen de transporte, los precios nacionales e internacionales.

En ese nivel de profundidad jugaron un papel importante Vives y Anaya, como conocedores del sector del gas, frente a los técnicos del Ministerio de Minas, Ecopetrol y la multinacional Chevron.

A las 2 p.m. llegó el almuerzo que pese a ser provocativo –arroz de coco, pescado en una cama de plátano maduro, ensalada de aguacate con cebolla y tomate– no fue consumido en su totalidad por la mayoría de los presentes. “La prioridad era otra: ver lo que iba a pasar”, indicaron integrantes de la comisión.

En medio de los argumentos, en los que el Minminas insistía en lo de los contratos firmados que debían cumplirse, las partes echaron mano de la Constitución; unos propusieron que nombraran un grupo de asesores jurídicos para evaluar de fondo esta situación; luego se propuso pedir un concepto al Consejo de Estado, pero los empresarios pidieron intervenir en las preguntas porque este tribunal contencioso administrativo respondía de acuerdo a lo que le preguntaran.

Hora y media duró ese pulso en la que los empresarios costeños le mostraron al ministro González que las cosas sí podían modificarse. En otra sala, entre tanto, la ministra Álvarez-Correa, reunida con Ecopetrol y la Chevron, les pidió que como productores y dueños de los contratos presentaran una propuesta. Estos plantearon que para los contratos a largo plazo se hicieran 3 aumentos, cada uno por un 8%, lo cual en total daba el 24%.

“Es decir casi el mismo 25%, pero no diferido en 2 sino en 3 cobros, por lo que les respondimos que no”, dijo un empresario consultada. En contrapropuesta estos plantearon que fuera un 8% para los contratos de largo plazo durante 4 meses, mientras se buscaba una nueva fórmula.
Los productores se retiraron a debatir esta propuesta, no la aceptaron y fue cuando plantearon que durante 3 meses no habría aumento para los contratos de largo plazo para buscar una nueva fórmula y la posibilidad de que los contratos de corto plazo pudieran renegociarse.

La propuesta de congelar el aumento fue aceptada por los empresarios, con el compromiso de que con la Creg trabajarán en busca de una fórmula que, esta sí, no resulte discriminatoria con el Caribe. Las tensiones habían quedado atrás y fue entonces cuando el ministro González y Lorduy, como representante de los empresarios, salieron ante los medios a anunciar que el incremento quedaba suspendido.

Tensión entre Mincomercio y Andi
Horas antes de la reunión en Cartagena, a través de Twitter, la ministra Cecilia Álvarez-Correa mostró, de manera pública, su inconformismo con la Asociación Nacional de Empresarios,Andi. Dijo que el gremio “hoy critica ferozmente”, pero en su momento, a través de la Cámara de Grandes Consumidores de Gas, “rechazó la fórmula de solución que hubiera evitado esta polémica”. Bruce Mac Master, por la misma vía, le respondió que estaba sorprendido y que era una “lástima” que la funcionaria se fuera “lanza en ristre” contra el gremio.

HAY QUE SEGUIR UNIDOS: ALCALDESA
Al referirse ayer a la decisión del Gobierno de congelar por tres meses el aumento del gas, la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, dijo que hubiera preferido que no fuera una suspensión por solo este tiempo, pero cree que contarán con el plazo suficiente para llenarse de argumentos para que el Gobierno Nacional realmente comprenda que este tipo de alzas es totalmente inconveniente para la Región Caribe.

“Pienso que se avanzó. Este compás de espera, antes de que tomen cualquier tipo de decisión, será muy favorable y lo que tenemos es que seguir argumentando nuestras posiciones para que no hagan ese tipo de alzas” indicó. “Hay que seguir trabajando todos unidos”, agregó y dijo que no entiende cómo desde Bogotá toman decisiones sin escuchar a la Región Caribe.

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