En el Caribe colombiano ya poco se discute sobre la necesidad de la unidad regional sino cómo unirse y alrededor de qué objetivos.
En la primera sesión del Foro Caribe Siglo XXI, que se cumplió el 28 de marzo, empezó a tomar forma, por ello, la idea de un acuerdo sociopolítico básico con los objetivos principales de que haya menos pobreza, menos desigualdad y buen gobierno en los ocho departamentos. Mañana lunes se hace un ensayo de identificación de los factores de unidad en torno al campo, bajo la premisa de que allí está en gran parte el futuro de la Región.
“Es absolutamente indispensable e impostergable construir un pacto sobre lo fundamental que unifique el pensamiento de la Región y lleve a anteponer el interés público a los mezquinos intereses de grupo”, dijo el 28 de marzo el ministro Carlos Rodado en una intervención escrita donde el énfasis lo puso en la necesidad de asegurar los recursos para el desarrollo de los territorios en un ambiente de recentralización de su manejo, que es contrario al espíritu y la letra de la Constitución de 1991.
La propuesta del pacto tiene varios antecedentes. El documento Compromiso Caribe, de noviembre de 2007, es uno de ellos. Allí está explícito. También había sido expuesta en 2006 por Zully David, dirigente samaria, en varias intervenciones en foros, y por Antonio Hernández Gamarra, este en su documento “Agenda Caribe: un compromiso colectivo”, puesto a discusión en mayo de 2010 como aporte del Observatorio del Caribe para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Regional (PDR).
Tiene sentido un acuerdo de esa envergadura en el Caribe por cuanto los indicadores sociales alcanzan niveles muy inferiores al promedio nacional, y el desarrollo regional requiere una reformulación del sistema tributario en municipios y departamentos, además de aumento en las asignaciones de fondos nacionales, y todo eso acompañado de mejor gerencia pública y gestión empresarial integral. Además, según lo expuesto por Ricardo Plata y Guillermo Heinz, mejores liderazgos y la integralidad de estos. Si no hay un sólido acuerdo político, difícilmente se pueden introducir cambios en la tributación territorial, que, según los expertos, es indispensable para legitimar los propósitos de autonomía.
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) ha promovido pactos (fiscal, desde 1998, y para la cohesión social, desde 2006) porque legitiman al Estado y el ámbito de las responsabilidades gubernamentales con políticas a largo plazo y sustentadas en un contrato basado en el apoyo de una amplia gama de actores dispuestos a negociar y consensuar grandes acuerdos.
Esto implica que los actores deben tener la disposición de sacrificar parte de sus intereses personales en aras del beneficio del conjunto, como lo advierte Rodado. Esta cesión de intereses particulares con miras al bien común, insiste Cepal, no constituye un acto puramente altruista, sino que deriva de la convicción de que el bien común es el mejor resguardo del interés individual.
En fin, tarea no fácil por la reconocida fractura entre los protagonistas del desarrollo del Caribe, la intermitencia de los procesos de integración y una economía, y hasta una cultura, que ha sido de exclusión. Uno de los problemas señalados en el foro es la desigualdad en el reparto del crecimiento. La economía regional es excluyente, y un paso importante debe darse alrededor de la minería, que no ha servido en treinta años para superar la pobreza y ha fomentado la exclusión.
Judith Pinedo, alcaldesa de Cartagena, concibe el acuerdo sociopolítico a partir de una visión compartida estratégica, mientras que su colega de Barranquilla, Alejandro Char, como un plan a veinte años donde estén señalados los proyectos que mayor transformación social y económica puedan generar. Citó Char, en primer lugar, las inversiones en educación e infraestructura. Un argumento expuesto por los dos es que ya existe confianza en la mayoría de las ciudades respecto a las capacidades y probidad de sus gobernantes, al igual que en gobernaciones de departamentos, como es el caso del Atlántico.
Además, existe la creencia de que estamos en un buen momento. El senador Efraín Cepeda señaló que ha comprobado que hay voluntad del presidente Juan Manuel Santos de cumplirle a la Región, y que también ha observado esa misma voluntad en el Congreso, mientras que el vicecontralor Álvaro Navas fue directo a los objetivos: “Estamos en un momento oportuno para dar un salto cualitativo, para mejorar la calidad de lo público, la calidad de la política, la calidad de la ciudadanía, y en eso yo creo que el proceso Región Caribe puede contribuir decisivamente”.
Navas aportó para el diagnóstico del atraso relativo del Caribe un factor poco analizado, el narcotráfico, dado que la mayoría de los estudios hacen referencia en especial a la mala gestión pública y al centralismo. Señaló que el narcotráfico, al haber coincidido con el momento de la entrada de la modernidad, frustró el desarrollo del Caribe. Expuso como experiencia similar a Sicilia, en Italia, donde las mafias se desarrollaron porque existía una cultura que le era proclive, diferente a lo ocurrido en el norte de ese país. No obstante, expresó su optimismo de que la situación acá puede superarse.
Para la discusión queda decidir quién tiene ahora en verdad la iniciativa de la unión. El presidente Santos dijo al terminar su mensaje de apertura: “El futuro del Caribe no se define en Bogotá”, y agregó: “Lo definen ustedes, los millones de habitantes de la Región, quienes tienen que dar un no rotundo a la corrupción, tienen que apersonarse de los problemas y de las soluciones, y tienen que elegir los candidatos más pulcros y más preparados en octubre, para que la Región se convierta en un territorio de prosperidad y no de inequidad”.
A su turno, Hernández Gamarra piensa que la responsabilidad en la acción convocante es del Estado. “Necesitamos, dijo, una política de Estado que impulse un acuerdo social, cuya finalidad última sea aminorar las desigualdades que hoy se dan en Colombia. Política que supone claras orientaciones en lo social, lo económico y lo político para que haya más equidad, más y mejor crecimiento económico, una nueva institucionalidad, más recursos financieros y una mayor autonomía para el gobierno de las regiones”. Una política de Estado significa que los programas superan los períodos gubernamentales de cuatro años.
La integralidad señalada, contrapuesta a una agenda que gire solo en torno a la autonomía regional, parece ganar terreno en esta primera fase del foro permanente de EL HERALDO y sus aliados (Universidad Simón Bolívar, Caracol, Emisora Atlántico y Telecaribe), convocados todos para deliberar de manera continua, en principio, en torno a los objetivos de la equidad social, la competitividad, la autonomía y la probidad.
También en el primer foro hubo un análisis acerca de cómo podrían estructurarse las alianzas público-privadas, ya que, según la presidenta del Intergremial del Atlántico, Beatriz Vélez, no hay discusión acerca de su conveniencia e importancia. Se concluyó que se requiere voluntad y compromiso (así lo expresó Silvana Giaimo, entre otros) y que tales alianzas ya están funcionando de manera exitosa en la Región con la relación universidad-empresa y alrededor del clúster del turismo.
El proyecto común (el ideal expuesto por los convocantes es que haya un solo proyecto y un solo proceso en la Región) debe orientarse a trabajar ya en la formulación de un Plan Estratégico Regional en el cual deben concurrir los centros de pensamiento.
Tiene ahora como elemento apremiante, además de las necesidades ya diagnosticadas, y que apenas se reseñaron en este primer foro, la petición que hicieron el mismo Presidente y su ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, a los gobernantes de la Región para que estos les formulen proyectos inmediatos para ayuda humanitaria, reconstrucción y desarrollo, y, a partir de enero de 2012, macroproyectos para financiarlos con regalías mineras.
Estos serían los de interés regional, es decir, que tengan impacto en dos o más departamentos. El proceso de definición de las prioridades para invertir las regalías de los próximos tres años está en marcha bajo el liderazgo regional de Elvia Mejía.
En el listado de temas sugeridos para inversiones de mayor impacto resultó del foro un consenso respecto a la educación en todos sus niveles, la nutrición- salud, cultura, turismo, pesca, agroindustria e infraestructura de transporte.
Hay quienes señalaron, y entre ellos el gobernador Eduardo Verano, que es incorrecto soslayar la creación de la Región como institución, por cuanto a través de ella es que se puede articular mejor la planeación y la ejecución de los programas o proyectos que interesan a dos o más departamentos, se alcanza un mayor grado de autonomía política y puede mejorar la asignación de los recursos del Estado. Como estandarte de este anhelo está el Voto Caribe, ejercicio que el presidente Santos reivindicó en su mensaje al recordar que le apoyó en su gestación cuando asistía a los carnavales de Barranquilla de 2010.
El senador Armando Benedetti, presidente entonces del Senado, apoyó los planteamientos del Presidente en cuanto no le quiso dar paso a las regiones como entidades territoriales (artículo 307 de la Constitución) y anotó que al Voto Caribe le estaban dando una interpretación autonomista que no tuvo cuando hubo la consulta. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) sancionada en julio permite la creación de la Región de Planificación y Administrativa (RAP) y en eso andan los gobernadores, bajo el liderazgo de Verano y de Elvia Mejía. Pero se trataría de una RAP muy débil por la prohibición de usar recursos de la Nación en el gasto para su funcionamiento.
En los días del foro el proyecto de LOOT que se tramitaba en el Congreso poco gustaba a los autonomistas más reconocidos. Amylkar Acosta lo calificó de “inicuo, inocuo y vacuo”. Expuso dos objeciones fundamentales: el que la integración orgánica, que es lo que se ha querido por estos, la sustituyen ahora por asociatividad, para lo cual, dijo, no se requiere de ley alguna. La otra objeción es que para la delegación de funciones de la Nación “se inventaron un esperpento que llaman Región Administrativa y de Gestión, que no es una figura que existe en la Constitución”.
Rodado apoya la idea de la regionalización inmediata, pero llama la atención acerca de que el debate en el Caribe parece excesivamente circunscrito a la autonomía, sin considerar de manera suficiente que “autonomía sin recursos puede conducir a una nueva frustración”. Aboga porque los temas presupuestales, como las fórmulas de asignación de los recursos del nivel nacional, tengan en el Caribe, por lo menos, la misma intensidad en el debate político que él percibe en otras regiones.
Su argumento parece encontrar respaldo en lo expuesto por otros dos economistas reconocidos: Jairo Parada Corrales y Germán Bula Escobar. Parada señala además que hay distancia en la retórica regionalista del Plan Nacional de Desarrollo de Santos con la regionalización inmediata de las inversiones, que solo representarían para el Caribe, según sus cálculos, el 17 por ciento del total nacional, cinco puntos menos que la proporción de la población de la Región frente a la del país, y con el agravante de que muchos proyectos están previstos que se ejecuten por el sector privado.
Bula advierte que el sector privado de la Región es muy pequeño y por lo tanto no pueden ellos caer en la trampa de asumir responsabilidades que desborden sus capacidades. A su juicio, en circunstancias como las del Caribe, el Estado es el que tiene que proveer los recursos para cumplir tres objetivos: la obligación general de provisión de bienes públicos estratégicos, el pago de una deuda histórica, y el financiamiento de un desarrollo integral.
El columnista Indalecio Dangond llamó la atención, a su vez, sobre la escasa participación de los profesionales caribeños en los cargos del nivel nacional donde se toman las decisiones (citó en particular lo que en este sentido existe en los ministerios de Agricultura y Hacienda y en Planeación Nacional), y de ahí la falta de reconocimiento de la cultura regional en las políticas y la complejidad en la financiación de los proyectos.
Propuso crear, ya, una mesa de concertación regional agropecuaria que defina, en primer lugar, un modelo educativo rural. Su planteamiento tendrá desarrollo mañana en el segundo evento del foro.
Carlos Rosado, director de Invías, fue enfático en asumir compromisos derivados de su cargo para la dotación de infraestructura a la región vistas las advertencias de Bula sobre pequeñez del sector privado. Dijo que el gobierno de Santos encontró avances en seguridad y ha logrado recuperar confianza para la inversión, luego, en un escenario de baja capacidad inversora privada, promoverá la inversión extranjera en el Caribe.
Reveló que han encontrado improvisación en Invías, y por eso han gastado tiempo y recursos para estructurar en debida forma los proyectos.
Igualmente, asumió compromisos con la Región el ministro de Comercio Exterior, Sergio Díaz-Granados. Su énfasis estuvo en el aprovechamiento de dos tratados de libre comercio con países ricos, como son Suiza y Canadá. Expuso que hay obstáculos logísticos para el comercio con el Caribe. Anunció su apoyo a la promoción de marinas en toda la Región que aprovechen los millones de embarcaciones que navegan el Caribe.
Sobre el ambiente quedó el anuncio de que habría nuevas convocatorias a las urnas para pelearle poderes al centralismo, una idea que expuso Édgar Rey, el columnista Francisco Cuello y que Verano lidera ante la Federación de Departamentos.
El foro siguió abierto con una agenda cargada con tres áreas de preocupaciones: uno, las derivadas de la crisis provocada por el fenómeno de La Niña, cuyos efectos han sido devastadores en todo el Caribe; dos, la aplicación del Plan de Desarrollo de Santos con sus cinco locomotoras para el desarrollo económico y un amplio catálogo social, y, tres, cómo aprovechar la LOOT, aun cuando muy poco convence, y otras normas recientes o políticas nacionales, para avanzar en la formación del gran acuerdo sociopolítico que necesita el Caribe. Los objetivos sí están claros, como pocas veces en la historia.
Por Raimundo Alvarado
Especial para EL HERALDO
