Las movidas del ‘cartel de la hemofilia’ que golpeó la salud
EL HERALDO conoció que a los supuestos pacientes les recetaban hasta 13 mil dosis de una ampolla para tratar la hemofilia y así cobrar cuentas de $300 millones por persona.
Inusuales cortesías de las IPS como pagar el transporte intermunicipal a los pacientes e incluso costear los exámenes de laboratorio que luego habrían de falsificar, hacen parte del expediente de las pesquisas por el fraude a la salud por $44.812 millones en tratamientos y medicamentos contra la hemofilia que no se prestaron en Córdoba.
Lo grave de este saqueo es que con esta millonada, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Salud, se le hubiese dado atención gratuita a, por lo menos, 67.000 pacientes de escasos recursos de Córdoba, que equivalen a 4,5 veces toda la población del municipio de Momil o a todos los habitantes de Planeta Rica.
Un miembro del equipo auditor de la Contraloría General de la República, CGR, que hizo los hallazgos reveló a EL HERALDO cómo se fraguó el presunto desfalco entre 2013 y 2015, en el que las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana habrían cobrado recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, por medicamentos no incluidos en el POS del régimen subsidiado para el tratamiento de la hemofilia pero por pacientes que, al parecer, no tienen esta enfermedad, que consiste en problemas en la coagulación de la sangre.
La lista de los 128 pacientes que supuestamente tienen hemofilia en este Departamento fue extraída, de acuerdo con la CGR, de cordobeses pobres pertenecientes al régimen subsidiado de salud.
En algunos casos, indicó la fuente, usaron sus nombres o falsificaron sus exámenes para hacer creer que tenían hemofilia y alteraron las órdenes médicas de hematólogos para simular que les recetaban el medicamento Inmunate Factor VIII Von Willebrand 500 UI, una ampolla que cuesta $8.870, pero que la recetaban los supuestos hematólogos en hasta $13.000, con lo que las IPS cobraban por paciente $300 millones.
El modus operandi
Detalles de las auditorías señalan que las IPS buscaban a los pacientes en el Hospital de Montería: “Una joven de Montelíbano, Córdoba, que tuvo un episodio de hemorragia interna y fue al hospital, perteneciente al régimen subsidiado, fue contactada y le dieron el número de la IPS Unidos por su Bienestar y le dijeron que ahí realizaban exámenes de laboratorio para esas enfermedades de coagulopatía”, reveló la fuente de la CGR autorizada a hablar con este diario.
Explica que la joven acudió a la IPS y el empleado que la atendió “le pagó los exámenes de laboratorio, le pagó los pasajes de ida y regreso de Montelíbano a Montería y le dijeron que después la contactaban”.
No obstante, nunca le entregaron los resultados de los exámenes. La Contraloría, en sus pesquisas, encontró que cuando la paciente llamaba al celular de la persona que le había pagado los exámenes, “el señor le decía que no se preocupara que los exámenes habían salido bien”.
Posteriormente, en medio de la auditoría y sospechando que algo no estaba bien con tantos presuntos pacientes con hemofilia atendidos, la CGR contactó a la joven para preguntarle si tenía la enfermedad, “pero ella ni siquiera sabía qué tipo de enfermedad era esa”.
De hecho, en el expediente remitido por la IPS para hacer el cobro ante la Secretaría de Salud de Córdoba, en los exámenes de laboratorio aparentemente falsificados aparece la mujer con los niveles de Factor VIII por debajo de lo normal, lo que indicaría la existencia de la enfermedad en ella, pero cuando la Contraloría envió ese examen al Laboratorio Bernardo Espinosa, donde supuestamente había dado el diagnóstico según la documentación de la IPS, “el laboratorio nos devolvió los exámenes reales de esa paciente y los niveles de Factor VIII están normales, es decir no tenía hemofilia”.
Para la Contraloría, “estos resultados los alteraron en la IPS porque es ésta la que le presenta los exámenes a la Secretaría de Salud de Córdoba para el recobro”.
Explicó la fuente del ente fiscal que el procedimiento consistió en que, “sin que haya contrato, la IPS presentaba unas facturas y dice: ‘Nosotros les entregamos a estas personas estos medicamentos y como es un medicamento no POS, les corresponde a ustedes como Secretaría de Salud pagar’. Como justificación presentaban todos los exámenes médicos, la orden médica del hematólogo, etcétera”, los cuales, según los laboratorios y el hematólogo son resultados falsos porque nunca atendieron esos pacientes ni dieron dichos resultados, de acuerdo a lo que le certificaron a la Contraloría.
Pagos sin verificar
Del lado de la Secretaría de Salud de Córdoba, cuyos titulares fueron en la época de los hechos Alfredo Aruachan y Edwin Preciado, el procedimiento, revela el ente de control fiscal, era el siguiente:
Las cuentas debían llegar a un funcionario que revisaba los documentos y facturas; luego a una auditoría médica que tenía contratada la Secretaría debía verificar si se prestó el servicio y con su aval todo pasaba al secretario, quien ordenaba los pagos.
Advierte la Contraloría General que “la Secretaría lo que no hizo fue verificar si existían los pacientes y si se les estaban entregando los medicamentos. Pagó y no verificó”.
Diagnósticos falsos
Bernardo Espinosa, representante legal de uno de los laboratorios cuyos exámenes, al parecer, fueron falsificados para el desfalco, aseguró, en carta enviada a la Contraloría el 26 de mayo pasado, que tras una revisión de usuarios en la base de datos “los resultados de los exámenes enviados eran falsos, los pacientes no figuran en nuestros registros y por ende las pruebas no se han tomado en nuestro laboratorio”.
Y anunció a la CGR que, por estas anomalías, se veían “abocados a presentar las denuncias respectivas ante la Fiscalía para que sean ellos quienes investiguen la conducta delictiva por la falsificación de las pruebas (…)”.
A su vez, Vanessa Abello, representante legal del Laboratorio Pasteur de Barranquilla, otro cuyos exámenes habrían sido falsificados, también aseguró a la Contraloría, en carta del 23 de mayo pasado, que “una vez revisada y constatada nuestra base de datos, se observó que los resultados de exámenes anexos a la comunicación recibida no concuerdan con exámenes practicados a pacientes nuestros”.
Enumera Pasteur, además, una serie de “inconsistencias” en los resultados, como que “el código asignado a los pacientes es consecutivo y nuestro sistema lo ubica de manera aleatoria” y que “nunca hemos tenido sede en Montería” como allí aparece, por lo que anunciaron denuncias penales al respecto.
Señala, asimismo, que en los exámenes que le remitieron para ser verificados –Cofactor de Ristocetina– aparecen unos comentarios, cuando, dice el Laboratorio Pasteur, “nunca” han hecho comentarios adicionales como figura en los resultados anexos (Funcionalidad de factor Von Wilebrand).
Igualmente, este laboratorio detectó que el formato utilizado para el reporte de resultados “no corresponde” con el que ellos tenían en uso en 2013 y 2014. En estos aparece registrada una sede (Bocagrande: centro Médico Prisma) que “habíamos cerrado desde el año 2010”.
Como si fuera poco, ante la Contraloría, Pasteur dijo que de todos los exámenes que les remitieron a su nombre “uno concuerda respecto del código” que ellos utilizan, “pero al constatarse la identidad del paciente, es uno diferente al anexado en la comunicación recibida”. Es decir, los defraudadores usaron un examen verdadero, pero le pusieron un nombre de un paciente que no había sido atendido en este laboratorio. Seguramente el de un cordobés que está en el régimen subsidiado de salud de ese Departamento.
EL HERALDO intentó profundizar con estos dos laboratorios sus argumentos en cuanto a la falsedad de los exámenes, pero ninguno quiso atender a nuestros periodistas. Dijeron que todo estaba en manos de sus abogados.
Además de lo que les revelaron estos dos centros médicos a la CGR, uno de los cuatro hematólogos que hay en Montería, Luis Alfredo Meza Montes, cuyos diagnósticos sobre hemofilia también habrían sido falsificados, dijo en entrevista con la Contraloría que sus historias clínicas las escribe a mano y que los aparentemente falsos aparecen “en sistemas” y con una firma que no es la suya, por lo que “no corresponden a historias clínicas realizadas por mí”.
Agregó el galeno que los documentos con los que se hicieron los cobros “no cumplen con las dosis de tratamientos según los protocolos seguidos por mí, establecidos por la Federación Mundial de Hemofilia”.
Todo este grave caso, calificado por el propio Ministerio de Salud como el “desfalco de la salud en Córdoba” en un comunicado en el que dio a conocer otros hechos igualmente irregulares, fue puestos por la Contraloría General en manos de la Fiscalía y de la Procuraduría. Quienes siguen guardando silencio son el exgobernador Lyons Muskus (le anunció a la CGR que iba a presentar una denuncia contra funcionarios de la Secretaría de Salud y los representantes de las IPS, pero no se sabe si lo hizo) y el actual mandatario Edwin Besaile Fayad, hermano del senador Musa Besaile.
La Notaría de Muskus
Tras los hallazgos de la Contraloría General de la República, al equipo auditor le llamó la atención que ocho declaraciones juramentadas de supuestos pacientes que aseguraron haber recibido las ampollas, fueron hechas el 17 de mayo pasado en la Notaría 1 de Montería, a cargo de Luz Helena Muskus, madre del gobernador cordobés para la época del presunto fraude millonario, Alejandro Lyons Muskus.
