Columnistas

Que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno lo acaba de demostrar la iniciativa que a consideración del Congreso presentó el Gobierno Nacional y que se conoce como la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia.

El proyecto busca –según palabras del presidente Juan Manuel Santos- evitar los excesos que cometen algunos funcionarios públicos, quienes filtran información secreta, que termina favoreciendo a los enemigos del Estado. “A eso hay que ponerle un ‘tatequieto”, argumentó el Primer Mandatario.

Es apenas obvio que quien suministre información secreta que atente contra la seguridad del Estado debe recibir una sanción proporcional al daño causado. Eso no está en discusión.

Lo que hay que discutir –y mucho- son los verdaderos alcances de lo que el proyecto oficial llama “atentar contra la seguridad del Estado”. Me refiero concretamente al artículo 35 del proyecto, que hace alusión a los delitos de “divulgación y empleo de documentos reservados y acceso abusivo a un sistema informático”. Dice el artículo textualmente, “quien en provecho propio o ajeno, o con perjuicio de otro, divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en pena de prisión de cinco a ocho años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”.

Es evidente que la iniciativa apunta directamente a la yugular de los medios de comunicación y concretamente al derecho que nos asiste a todos los ciudadanos a estar bien informados, que significa ni más ni menos recibir una información veraz, oportuna y responsable. El que se aparte de dichos postulados recibirá el peor castigo que un medio de comunicación pueda recibir: la pérdida de credibilidad y por consiguiente la muerte lenta por física carencia de público, sean estos lectores, oyentes o televidentes. Los delitos penales en que incurra el medio, serán sancionados penalmente.

Pero la pregunta de fondo es la siguiente: ¿En qué momento, al publicar un documento de carácter secreto, el medio de comunicación compromete la seguridad del Estado? Veamos un ejemplo.

Cuando la revista Cambio –siendo yo su Jefe de Redacción- reveló los textos en los que el gobierno de Colombia autorizaba la presencia de militares norteamericanos en bases nacionales, ¿estaba atentando contra la seguridad nacional o les estaba brindando información privilegiada a los enemigos del Estado? ¿Dar a conocer ese tipo de información constituye un delito? ¿Qué pasa, entonces, con el derecho que tienen los colombianos a saber los alcances que tendría para la soberanía nacional el hecho de que el Gobierno autorizara la presencia de militares norteamericanos en batallones y brigadas colombianos?

Pero, además, como la iniciativa habla de castigar a quien “divulgue” la información contenida en documentos secretos, entonces ¿quién comete el delito: el funcionario que entrega la información al medio o el medio que la publica? Y si dicho funcionario decide dar a conocer la información por motivaciones altruistas y patrióticas y por las mismas el medio decide publicarlas, entonces el premio que recibirán será un carcelazo.

De haberse aplicado una iniciativa similar en Estados Unidos, jamás se hubiese destapado el escándalo Watergate, que le costó la cabeza a Richard Nixon, pues tanto “Garganta profunda”, como Bob Woodward y Carl Bernstein, hubieran terminado con sus huesos en la cárcel.

O en el caso colombiano, ¿qué hubiera pasado con el escándalo de las chuzadas del DAS si los periodistas tuvieran pendiendo sobre su cuello una especie de espada de Damocles, que los intimidaría a la hora de embarcarse en una investigación a sabiendas de que podrían ser encarcelados por atreverse a publicar información secreta que, al parecer, compromete la seguridad del Estado? Y entonces, ¿cómo se hubiera destapado semejante empresa criminal?

De manera que por ahí no es la cosa, Señor Presidente. Usted que es periodista lo sabe mejor que nadie. No es silenciando al mensajero como se acaban las malas noticias. Además, porque primero habría que preguntarse, ¿malas noticias para quién? ¿Para aquellos que no quieren que se sepan sus fechorías o malas para aquellos que tienen el valor civil de denunciarlas?

Por Óscar Montes

oscarmontes65@yahoo.es