En un país donde las masacres pasan desapercibidas, donde la paz con las Farc es la panacea y la restitución de tierras el paliativo de todos los dolores, persisten viejos males a los que el Estado se hace de la vista gorda.

El asesinato de siete campesinos pertenecientes a una familia en Amalfi, Antioquia, que no ha llamado la atención ni de la prensa ni del Gobierno Nacional, pasará a aumentar la cifra de masacres contra civiles en el conflicto colombiano, en las que el país no pidió justicia o verdad. Irónico es que mientras se restituyen tierras a víctimas desplazadas, siguen ocurriendo despojos a manos de los mismos victimarios ahora disfrazados de bandas criminales, mientras que el Gobierno despliega toda clase de esfuerzos para llegar a la paz con las Farc, abandonando a su suerte la seguridad y la vida de quienes habitan en las zonas de influencia de los grupos paramilitares que no fueron desmantelados.

En un acto que nos hace creer que vamos en el camino correcto hacia un país justo y en paz, la finca Las Tangas, donde Fidel, Vicente y Carlos Castaño entrenaron a los paramilitares de Córdoba conocidos como los ‘Mochacabezas’, ha sido restituida a 106 familias de víctimas de despojo, quienes bautizaron esta tierra como Hacienda Nueva Esperanza. Tan solo en 1988 los ‘Mochacabezas’ perpetraron 8 masacres en Urabá, una estrategia común de amedrentamiento a la población civil, utilizada por los paramilitares durante las últimas décadas.

A pesar de lo gratificante que pueda resultar conocer noticias que dignifican a las víctimas del país, no deja de ser lamentable que los civiles que habitan en el campo sigan sometidos al yugo del paramilitarismo y de la guerrilla, y que un atentado contra sus vidas, su libertad o su integridad no sea tomado con la gravedad con la que tratan el de políticos o generales del Ejército. Una de las teorías sobre la masacre de estos siete familiares es que esta fue perpetrada por miembros del ELN, por lo que valdría la pena preguntarse si el Gobierno estaría dispuesto a suspender sus intentos de un proceso que incluya al ELN por estos hechos, tal como suspendió el proceso con las Farc por el secuestro del general Alzate.

Entre las otras teorías manejadas sobre este asesinato, existe la posibilidad de que la masacre haya estado en manos del clan Úsuga, que habría atacado a esta familia por colaborar con el ELN. No se puede tratar el ébola como si fuera chikungunya, aunque el Gobierno crea que estamos ante simples bandas criminales, estructuras como la del clan Úsuga son propias del paramilitarismo, y su modus operandi sigue afectado a Colombia de la misma manera. Esperar la paz discutiendo en La Habana el futuro del país, pero olvidar que en Colombia el número de víctimas aumenta no es precisamente la mejor estrategia para salir del conflicto.

Entre tanto: que se prepare la Comisión de Acusaciones de la Cámara, experta en salirse por la tangente, a rendir informe público sobre responsabilidad de Álvaro Uribe en la conformación de las AUC, esta vez no por iniciativa de Iván Cepeda, sino por orden del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.

  @tatidangond