¿Sabía usted que los billones de pesos que los colombianos pagamos a través de los 62 tipos de impuestos que enumeró María Isabel Rueda en su pasada columna son destinados a subsidiar y mantener año tras año actividades agrícolas y pecuarias ineficientes? Esta costumbre paternalista del Estado ha permitido que en el país nacieran varios grupos de traficantes de subsidios agrícolas. Veamos algunos casos: 

En primer lugar están las ONG. Estas organizaciones han montado un negocio redondo en manguala con unas cooperativas campesinas de garaje para quedarse con gran parte de los subsidios que otorga el Estado. Se han vuelto expertas en fundar asociaciones de campesinos desplazados en zonas de conflicto armado, para luego montar falsos reclamos de restitución de tierras o adjudicación de baldíos por parte del Incoder, luego se inventan proyectos productivos inviables para acceder a subsidios del Estado y de organismos de Cooperación Internacional.

Solo basta ir a los Montes de María, Tibú, Magdalena Medio, Tumaco o Chocó, para darse cuenta de los negociazos que han montado estas organizaciones con los dineros públicos. Un verdadero concierto para delinquir, explotando a los campesinos de verdad y al Estado. La Contraloría General de la República y la Fiscalía están en mora de iniciar una investigación a fondo contra estas ONG.

El segundo grupo de beneficiarios de estos subsidios estatales son algunos políticos. Cualquier ayuda en el trámite de los mismos se compensan con votos en sus regiones. El apoyo a las marchas o paros campesinos es la mejor estrategia electoral para lograr un triunfo en cualquier cargo de elección popular regional. El Polo Democrático sabe mucho de esta estrategia. No hay voto más barato y fácil de conquistar que el de un campesino.

Por último, están los productores holgazanes. Se ha vuelto costumbre que todos los años el Gobierno tenga que salir a comprarles las deudas vencidas y a subsidiar el precio de sus productos a miles de agricultores y ganaderos ineficientes. Ellos han encontrado en estos programas de subsidios una forma de hacer dinero sin tener que esforzarse por desarrollar un negocio agrícola rentable y competitivo. Al final del día saben que papá Gobierno termina solucionándoles sus problemas con la banca.

Es inconcebible por ejemplo que un caficultor que recibe un subsidio del 30% sobre el costo de la siembra o renovación de una hectárea de café, otro 30% en la inversión de su beneficiadero de café, un 100% del costo de la asistencia técnica, un 80% del costo de la póliza del seguro contra riesgo climático y un subsidio en la tasa de interés tenga que esperar todos los años a que el Gobierno con los impuestos de los colombianos –además– le subsidie el precio de su producción. Si no se puede ser competitivo con esta mano de subsidios, pues dediquémonos a otra actividad agrícola. 

Es hora de poner freno a estas prácticas delincuenciales. Los dineros públicos no deben ser utilizados para apoyar negocios ineficientes y mucho menos para llenar los bolsillos de unos ‘avispaos’ que se aprovechan de la inocencia de nuestros campesinos y de la falta de control del Estado.

En buena hora, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, ha puesto freno a esta vagabundería. Los 2,3 billones de pesos que ha destinado ese ministerio este año deben ser destinados a tener un impacto en el aumento de la productividad de los negocios agrícolas y no a beneficiar a estos traficantes de subsidios.

*Consultor en crédito de fomento.