Esta semana James Cavallaro, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de unos sesenta trabajadores de la CIDH vestidos con sus chalecos azules, dispuestos en cuatro hileras, con el reflejo del sol sobre sus rostros serios, el ceño fruncido, muchos con gafas oscuras. Parecían asistentes a un funeral.  En sus manos sostenían unos anuncios que decían “#SalvemosLaCIDH” 

El luto que expresa esta imagen se relaciona con una tragedia anunciada. La CIDH está en riesgo y ha tenido que acudir a inéditas estrategias de movilización para visibilizar la gravedad de los hechos. La crisis económica que enfrenta dejará sin contrato al 40% del personal que allí labora y obligará a cancelar visitas y sesiones que ya estaban planeadas.

La OEA financia solo a una pequeña parte del personal que opera en la Comisión, 31 personas. O sea, menos funcionarios que países que atender. El resto de los funcionarios están financiados por donaciones inestables que han evidenciado la crisis que enfrentamos y sobre la cual Cavallaro ya había advertido. Mientras que el Consejo de Europa, por ejemplo, usa 41.5% de su presupuesto en protección de derechos humanos, la OEA solo destina el 6% a la CIDH.

Esta dramática situación deja claro que para los Estados de América y para la OEA, los derechos humanos no son parte de la agenda más importante. El tema peligroso es que la CIDH es algo así como el último recurso para aquellos que no encuentran protección ni garantías en su propio Estado. El papel de la Comisión es clave en medio de la actual coyuntura colombiana, no solo ante el esperado post acuerdo y todas las garantías que se requieren en materia de derechos humanos después de un conflicto, sino con respecto a masacres que no han sido investigadas en las que han participado fuerzas estatales, los desaparecidos, las infernales condiciones carcelarias, las amenazas y asesinatos selectivos a defensores de derechos humanos y líderes LGBT, los falsos positivos, y las muertes de niños wayuu por falta de agua y desnutrición. Países como México, Perú, Brasil, Venezuela, Guatemala y Honduras también reclaman especial atención por parte de la CIDH. 

Sin embargo, allí están James Cavallaro y su equipo, peleando por financiación, casi suplicantes, casi impotentes, perseverantes, mostrando con cifras y gráficas la difícil situación y dónde está la solución. No se necesitan muchas ecuaciones. El dinero lo hay, solo falta que la OEA y los Estados miembros prioricen el gasto y por fin reconozcan que la garantía de los derechos humanos es un imperativo en la región y que la CIDH es absolutamente indispensable.

Los periodistas, las organizaciones sociales, los movimientos estudiantiles, los sindicalistas, los defensores de derechos humanos, los ciudadanos en general, estamos llamados a levantar la voz y a exigirles a los gobiernos de América que hagan lo que tienen que hacer, que salven a la Comisión.
@ayolaclaudia
ayolaclaudia1@gmail.com