¿Quién ‘pone’ a los alcaldes?
La respuesta obvia a esta pregunta sería: es la gente de cada municipio la que decide qué mandatario tendrá. Pero es necesario ir más atrás y preguntar quién pone los candidatos. Son los jefes políticos de los distintos partidos los que señalan y promueven los nombres de quienes podrían ocupar estas posiciones porque, sin respaldo político, es un suicidio presentarse a elecciones. Estas preguntas vienen al caso por lo que está sucediendo en Santa Lucía y que denuncia EL HERALDO. Mientras los habitantes de este municipio, uno de los más pobres históricamente en ese departamento, no logran salir de todas las crisis que han vivido, su primera autoridad y parte de su equipo son acusados de haber entregado subsidios a personas ajenas a esta localidad. Corrupción, simple y llanamente, es la manera de calificar estos actos.
Como se avecinan elecciones de nuevas autoridades locales, ya es hora de plantear serias reflexiones para evitar que esta triste historia de malos alcaldes –y de equipos que no se merecen estar en cargos públicos– se sigan repitiendo. En primer lugar, ya ha pasado suficiente tiempo como para que los ciudadanos hayan aprendido sobre el inmenso costo de elegir malos alcaldes. Se suponía que esto de tener alcaldes corruptos o ineptos solo iba a pasar al principio de esta etapa, pero con el tiempo la ciudadanía se fijaría muy bien en quiénes serían las personas que podrían cumplir a cabalidad esta tarea de dirigir un municipio.
Lo que está sucediendo en Santa Lucía es una prueba fehaciente de que esto no ha sucedido. O se están dejando imponer candidatos por parte de estos dirigentes políticos que no representan ningún modelo de manejo de lo público, o simplemente no le dan importancia al ejercicio de la política y votan sin beneficio de inventario. Pero también les cabe responsabilidad a los gobernadores de cada departamento. Aunque no pueden y no deben intervenir en la selección de candidatos, no están de ninguna manera exentos de vigilar el desarrollo de los municipios.
En segundo lugar, está fallando la relación entre las directivas departamentales y las municipales. Claro que tanto gobernadores como alcaldes son elegidos por voto popular, pero si andan mal los municipios por alcaldes que no cumplen su deber, es muy extraño que nada puedan hacer los gobernadores. La relación departamento-municipio debe revisarse. Lo que cada día es más obvio es la distancia, en casi todas las variables, incluyendo buen gobierno, entre las capitales de los departamentos y sus municipios.
Las capitales avanzan mientras la mayoría de los municipios se estancan, no solo en índices de progreso, sino por delitos como la corrupción. El caso del Atlántico es evidente: Barranquilla tiene indicadores sociales que están a años luz de aquellos de sus municipios, en un departamento en donde todos están intercomunicados y a relativa poca distancia de la capital.
Como esta profunda diferencia entre municipios y capitales de departamentos es una realidad en la mayoría del país, es fundamental tratar de entender dónde están esas barreras que impiden irrigar el desarrollo de las capitales al resto del Departamento. Mientras esto no mejore, se encuentra allí una de las grandes explicaciones de las profundas desigualdades regionales que caracterizan a Colombia.
Capitales pujantes con municipios estancados, manejados por corruptos, son la mezcla perfecta para que Colombia no avance. Santa Lucía debe servir de ejemplo para revisar la forma como se están eligiendo alcaldes, y además, para redireccionar las relaciones Gobernación-alcaldías.
cecilia@cecilialopez.com
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