La gran encuesta nacional que realizó Ipsos-Napoleón Franco muestra la caída en picada del respaldo y prestigio de Juan Manuel Santos, lo cual no es para sorprenderse si tenemos en cuenta que el más amado expresidente ha estado en primera línea como oposición y súmenle la ruptura del primer alto el fuego de las Farc y el desescalamiento con la suspensión de los bombardeos del Ejército, con las consecuencias que todos conocemos. El que hayamos entrado en una nueva intentona de calmar las armas, en vez de elevar la confianza, ha estimulado en los detractores de la paz de Santos (es así no más) renovadas fuerzas en sus ataques que muchas voces repiten: la señora que cuidó a mi mamá, que viene de Sucre, me soltó una diatriba uribística tremenda. No nos digamos mentiras, los seguidores del senador Uribe son fanes, los del presidente, coyunturales.

Sin embargo, lo más llamativo de esta investigación es la total desconfianza en las instituciones, y sin duda alguna considero que es producto de los oprobios y acusaciones que se han hecho entre altos funcionarios de todas las ramas del poder público, el número de ellos investigados por enriquecimiento ilícito, falsedad en documento público, soborno, etc., y la desvergonzada repartición de contratos entre los honorables congresistas y sus entenados, que bautizaron “la mermelada”, cuando es práctica consuetudinaria desde que terminó el Frente Nacional y ya lo denunciaba Fernando González.

El nivel de desconfianza sube a 84 por ciento respecto a la justicia y descendiendo hasta alcanzar confianza, solo las Fuerzas Armadas de Colombia reciben nuestra credibilidad con un 60%. De ahí para abajo, los niveles de desconfianza son apabullantes: los medios de comunicación pasan raspando (50%) y entran en barrena: Procuraduría, 56%; Contraloría, 59%; Gobierno Nacional, 75%; altas cortes, 78%; Congreso, 81%. Subrayo que esos porcentajes se refieren a nuestra total incredulidad sobre las bondades de las instituciones.
Desde que leí esos resultados me estoy preguntando: ¿sí vivimos en una democracia?

¿Cómo es posible que las instituciones reguladoras, judiciales y protectoras prácticamente solo existan para una minoría pírrica? ¿Qué clase de país es este? Me rompo la cabeza tratando de encontrar lo razonable, al menos, pero ni siquiera alcanzo el umbral de lo comprensible. Tengo la sensación de que vivimos en una franja horrenda de nuestra historia, y peor aún, que superamos la crueldad, la injusticia y los muertos de la Guerra de Independencia.

Y para más Inri, seguimos invisibles los ciudadanos que creemos que con un voto honesto lograremos mejorar la calidad de nuestros representantes públicos, quienes, con contadísimas excepciones en los cuerpos colegiados del país, son una ristra de personas que entienden la política como una forma de fortalecer su posición en los partidos y mantener sus grupos regionales engrasados a través del empleo y la contratación oficiales. ¿Es que no somos capaces de usar una fuerza como el voto para dignificar nuestra representación pública? ¡Si es así, es el apaga y vámonos!
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