El viernes pasado todo indicaba que el presidente Santos tendría que responder el próximo lunes a un severo cuestionamiento que le formuló la SAC con el respaldo de otros gremios referente a la interferencia del proceso de paz en la ejecución y formulación de política agropecuaria. Los medios preveían que la SAC retiraría su respaldo al proceso de paz porque cree que las decisiones se están tomando en La Habana y no en Bogotá, y que otros gremios del agro respaldarían esta posición, disgustados por la forma como los trata el ministro de Agricultura y temerosos de que el Gobierno se ha comprometido a entregarles a los campesinos tierra “cerca de las ciudades principales”.

El ministro de Agricultura se abstuvo de responder porque no está encargado de la paz. No se sabe qué dijo el presidente, pero algo debió suceder porque al otro día dejó de ser noticia el malestar de los gremios del agro. El Tiempo informó que “varios gremios de la producción agropecuaria y empresarios del sector –que pidieron no ser citados– manifestaron su apoyo a la posición de la SAC” …“Dejaron entrever sus reservas frente al proceso de paz, pese a que le auguraron éxitos”.

Pero los empresarios del agro siguen inquietos sobre lo que se está acordando en La Habana respecto a la propiedad de la tierra. Y se quejan de que en lugar de emprender un programa de fomento agropecuario que incluya a productores comerciales y a campesinos, y que propenda por la prosperidad rural, el Gobierno no sabe qué camino tomar. Mientras titubea está dejando pasar la oportunidad de desarrollar zonas inexplotadas con inversión privada nacional y extranjera. Y tampoco adopta políticas concretas a favor de la productividad y el bienestar de los campesinos. 

La preocupación que tienen los gremios sobre la inclusión en el Fondo de Tierras de fincas de muy alta calidad que han sido incautadas por el Gobierno no es una queja válida. Es una gran oportunidad para romper con el monopolio que tienen los propietarios tradicionales sobre la tierra de mejor calidad. La queja que sí tiene fundamento es que el Gobierno deje de tomar decisiones por haberse comprometido a hacer o no hacer algo con las Farc, a pesar de que la regla es que nada está acordado hasta que todo se acuerde. Adicionalmente, no todo el mundo está de acuerdo con indultar de alguna manera a los jefes de la guerrilla, aunque hay un amplio reconocimiento de que sin un tratamiento muy favorable para ellos es posible que no se llegue a un acuerdo de paz.

El Financial Times del 2 de marzo pasado publicó un interesante punto de vista sobre las consecuencias de conceder perdones sin que exista transparencia y se tenga el respaldo para hacerlo (Philippe Sands, “Peace deals made threadbare when their secrets unravel”). Dice que a pesar de que el objetivo de reconciliación es válido, las amnistías para alcanzarlo no se pueden conceder desde arriba porque engendran el peligro de que las víctimas las rechacen. Si no se quiere que la amnistía sea efímera o el acuerdo sea ineficaz, la forma como se llega al perdón y a la reconciliación no debe ser acordada en secreto sino que tiene que contar con el apoyo implícito o explícito de la comunidad y el beneplácito de las víctimas.