Uno de los tres pilares sobre los que se basa el desarrollo de los pueblos es la educación. En Colombia, aunque los diferentes gobiernos han trabajado sobre el tema, los resultados no son satisfactorios, situación que se demuestra en las diferentes pruebas universales, regionales y particulares en las que generalmente nuestros estudiantes han salido mal librados. Ejemplos como las pruebas Pisa muestran a las claras las reales condiciones de acabado de nuestros alumnos, por lo que preocupan altamente las situaciones y circunstancias que han salido a flote con motivo del paro de los trabajadores de la educación agrupados en Fecode.

Aunque es uno más de los paros que aparecen todos los días en los que los diferentes sectores de la economía manifiestan sus inconformidades, razonables o no, creo pertinente que le dediquemos un ratico a analizar algunas preocupantes consideraciones en torno a esta huelga. En primer lugar, de acuerdo a la Constitución colombiana confirmada por diferentes sentencias de las altas cortes, esta actividad –servicio público innegable– no tiene derecho a parar, esto es ilegal y en un país de leyes no debería suceder, pero sucede. Vemos después que la solicitud de Fecode es la de un aumento del 28% en sus salarios, pedido que excede en seis o siete veces los aumentos de este año en el sector público y el privado que consideraron el IPC más uno o dos puntos como factor de aumento en la mayoría de los casos. Adicionalmente, los maltratados educadores se oponen en sus pretensiones a ser evaluados adecuadamente en el desempeño de sus actividades profesionales.

Las contradicciones y lo absurdo de esta negociación saltan a la vista una vez que conocemos un poco el fondo del problema. Aunque las exigencias iniciales son incumplibles y la valerosa ministra se levanta de la mesa, indignada por el absurdo, tiene que ‘reconsiderar’ su posición y sentarse nuevamente y arreglar el tema por un 12% de aumento igualmente absurdo y desmesurado que equivale a 1.65 billones de pesos, que suponen, si las cuentas son las cuentas, que la inversión del país por cuenta de los salarios de los profesores valía $13.75 BB y ahora vale $15.40 BB al año. Si continúo sacando cuentas y divido este valor entre 330.000 docentes que están en la nómina, resulta que un maestro le cuesta al país, en promedio, alrededor de $3.900.000 al mes, o lo que es igual $46.6 MM al año. La ministra Parody se dio cuenta de eso rápidamente y de ahí su evidente molestia por la desigual negociación, pero donde manda capitán no manda marinero.

Si le ponemos atención a las declaraciones no es fácil de entender por qué es motivo de negociación una evaluación que es apenas necesaria para el conocimiento de lo que hacen los evaluados. Sin métodos de valoración es difícil saber quién sirve o no, y cuando se determine esa buena, regular o mala condición va a ser más difícil tomar medidas que mejoren la calidad de los educadores y va a ser más complicado de explicar cómo se piensa convertir a estos profesores en unos idóneos educadores de la noche a la mañana solo porque les hagan un generoso reconocimiento monetario. Inaudito en extremo, pésimo ejemplo para lo que ha pasado –transportadores, campesinos, trabajadores de la salud, servidores de la justicia– son una muestra indiscutible de la débil posición de Santos y su gobierno, que desautoriza a sus funcionarios, haciendo todo lo posible para mantenerse, a pesar de que lo que hace le sigue costando puntos en su favorabilidad.

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