Juan Manuel Santos, pese a su conocida retórica sobre la importancia de las víctimas, ante el informe de Human Rights Watch (HRW) que vincula a altos mandos militares con los ‘falsos positivos’, dejó ver de qué lado tiene puesto el corazón. Sin titubeos dijo: “Defenderé la legitimidad de las Fuerzas Militares hasta la tumba”. El Procurador, quien se supone que establezca una defensa de los derechos de los ciudadanos vulnerados y las víctimas, solicitó “respaldar al Presidente para que asuma una defensa como corresponde a nuestra integridad territorial”.

Ambos, como cortados por las mismas tijeras, dejaron claro que con sus militares nadie se mete, que son una suerte de intocables, de dioses terrenales, sobre los que no cabe duda ni mancha posible, y que cualquier cuestionamiento, por fundamentado que sea, es una muestra de blasfemia y traición a la Patria.

De esta misma manera señala el informe que se califica a todos aquellos que han sido capaces de atestiguar en contra de altos mandos militares. El pasado mes de octubre fue asesinado en el centro de reclusión militar de la Décima Primera Brigada Nixon Cárcamo, quien había declarado sobre la presunta responsabilidad de sus superiores en los crímenes de falsos positivos. Cárcamo, 11 días antes de su homicidio, le dijo a Fiscalía que había rumores de que peligraba su vida por colaborar con la justicia.

El mismo documento cuenta que existen evidencias de que la esposa de un soldado fue violada en represalia porque este hizo serias acusaciones contra un coronel en un caso de falsos positivos. También señala el testimonio del sargento Carlos Eduardo Mora que contribuyó con la condena de un teniente coronel y otros soldados, y que en represalia ha recibido amenazas mortales y hostigamientos, hasta el punto que funcionarios del Ejército intentaron ingresarlo a una clínica psiquiátrica para desacreditarlo. El año pasado, según el sargento, un general hizo fuertes declaraciones en su contra, delante de un grupo de contrainteligencia del Ejército, en las que insinuaba que era un “traidor”.

Contrasta el documento esta realidad con otros casos, como el del teniente coronel (r) Róbinson González del Río, quien se abstuvo de declarar contra sus superiores, tras ser detenido por falsos positivos en agosto de 2012. González no recibió trato de traidor, muy al contrario, tenía trato preferencial, con personal y fondos a su disposición. 

De la misma manera como el presidente Santos y el Procurador miran el informe, se pone la mirada sobre aquellos que son capaces de declarar en contra los intocables altos militares. Las víctimas y la justicia son lo de menos, la verdad es lo de menos. Cualquier intento de cuestionar las actuaciones criminales de militares será advertido como un sesgo ideológico, una persecución en contra de la honra de la nación. 

El documento de HRW afirma que en los casos de falsos positivos, los comandantes de brigada expidieron documentos oficiales que autorizaban las supuestas operaciones en las que se dieron muerte a inocentes. “Órdenes de operaciones” y “misiones tácticas” dieron apariencia de legalidad a las salvajes ejecuciones extrajuicio.

Las denuncias públicas de falsos positivos debieron contribuir a que los comandantes advirtieran las ejecuciones, sin embargo, al estilo de Santos y el Procurador, se hicieron los locos. Pusieron los ojos en la idea de una Patria mancillada por mentirosos señalamientos, y ni los muertos inocentes ni la justicia fueron importantes.

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@JavierOrtizCass