Los niños wayuu
Los colombianos nos acostumbramos muy rápidamente a las malas noticias como manera de sobrevivir en un país tan convulsionado. Sin embargo, la muerte diaria de niños wayuu no es una de las tantas noticias negativas que aparecen diariamente en el país. Estas muertes prematuras, y obviamente evitables, son una tragedia nacional. ¿Qué podrá pensar el mundo más justo que nosotros de dos realidades como la posibilidad de la paz, para la cual estamos pidiendo apoyo mundial, y algo tan injustificable como la triste realidad de que se nos mueren día a día niños por desnutrición, es decir por hambre en todas sus dimensiones, que pertenecen a una tribu que no está precisamente en la mitad de la selva Amazónica sino en La Guajira?
Como siempre pasa en Colombia, y lo seguimos aceptando como algo natural, en el trasfondo de toda tragedia que afecta a la población está esa política corrupta, que por desgracia nos caracteriza. ¿Recuerdan la famosa foto de Arturo Char apoyando la candidatura de Oneida Pinto, hoy cuestionada gobernadora precisamente de La Guajira? Y detrás de este apoyo está nada menos que el partido Cambio Radical, cuyo gran jefe es el vicepresidente de la República de Colombia, Germán Vargas Lleras. Esa cuerda política de ese departamento, a la cual pertenecen hoy sus nuevos mandatarios, tiene mucho que explicarle al país, porque en sus manos –y en las de sus jefes regionales y nacionales– han estado los programas del Estado a nivel nacional, y particularmente local, que han debido evitar estas muertes.
¿Y qué pasa con las instituciones nacionales que tienen la responsabilidad de velar por la vida y la salud de los niños colombianos, especialmente de aquellos como los indígenas que más lo necesitan? La responsabilidad llega a la política nacional porque por compromisos inadecuados entregan instituciones regionales como las del ICBF a cuotas de políticos locales, corruptos y sin agüero. Obviamente, los programas de salud, de asistencia alimentaria, y de todo lo demás, se convierten en los grandes negocios de todos los políticos vinculados a estos temas. Pecan unos por acción, porque piden grandes tajadas de estos presupuestos gubernamentales, y otros por omisión, por falsas lealtades con jefes inescrupulosos.
No se trata solo del ICBF, sino también de los programas de alimentación del Ministerio de Educación y de los centros locales de atención en salud, muchos de los cuales han sido literalmente saqueados por los mismos de siempre. ¿De qué proceso de paz podemos hablar si el poder y los recursos del Estado siguen en manos de estos personajes inescrupulosos? ¿Qué nuevo país puede empezar a construirse si no se rompen estos núcleos regionales perversos en los que se apoya sin reservas a los grandes jefes de los partidos en Bogotá?
cecilia@cecilialopez.com
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