La política de restitución de tierras ha pisado tantos callos que, inevitablemente, las críticas contra ella van y vienen entre escritorios, las cifras se acomodan a la medida de los interesados y los inconvenientes menores son presentados como un drama general.

Pero la verdad en el campo solo es una: desde la expedición de la Ley 1448 de 2011 –Ley de Víctimas y Restitución de Tierras–, 170.000 hectáreas despojadas de manera violenta o ilegítima a sus propietarios originales han sido devueltas; 37.000 reclamaciones están siendo atendidas, y como resultado se han amparado 20.000 colombianos bajo los beneficios de la restitución. En otras palabras, están regresado a sus tierras, apoyados con proyectos productivos y subsidios de vivienda.

Esas son las cifras. Descalificar la política a partir de otros números sugiere, en el mejor de los casos, que hay desinformación o, en el peor, que hay un deseo de torpedearla.

Los errores de desinformación son, hasta cierto punto, comprensibles. Aún sigue haciendo carrera la idea de que en Colombia fueron despojadas seis millones de hectáreas. El dato surgió de una lectura apresurada de los valiosos estudios de Luis Jorge Garay, de la Comisión de Seguimiento a la Política de Atención al Desplazamiento Forzado, que concluyeron que unas seis millones de hectáreas se habían visto afectadas por el conflicto: cuatro por abandono, dos por despojo.

Un cálculo semejante hizo la experta Ana María Ibáñez, de la Universidad de los Andes, que estimó en 1,7 millones el número de hectáreas despojadas. Conclusión: el número de hectáreas a restituir está más alrededor de los dos millones que de los seis millones.

La otra confusión es el número de reclamaciones. En 2011, al diseñar la política, fue necesario hacer estimaciones para poder crear una institucionalidad para la restitución. El Conpes 3712 calculó que el número de reclamaciones sería de 360.000, y así se advirtió desde un principio: era una cifra probable. Una vez en el terreno, cuando los campesinos pudieron ir a solicitar la devolución de sus predios, la cifra fue 80.000, y sobre ella es que la Unidad de Restitución ha fijado sus metas.

Es fácil criticar la lentitud del proceso si se parte de cifras irreales. Pero los hechos demuestran que, por el contrario, la restitución funciona con mayor eficacia que otros procesos. Justicia y Paz apenas ha logrado 22 restituciones en nueve  años, y los procesos de extinción de dominio solo han permitido devolver poco más de 700 predios en 13 años.

Podría incluso argumentarse que una de las críticas más serias, la aparición de falsas víctimas, es resultado de la misma eficacia de la política. Y en parte lo es: así como hay ciudadanos que prueban suerte con la tutela para sortear la lentitud de los procesos ordinarios, también hay ciudadanos que recurren a la Ley de Restitución para solucionar asuntos de otra índole.

También hay personas que recurren a la trampa para hacerse a un pedazo de tierra. Pero para ello la institucionalidad ha establecido filtros y hoy la Fiscalía tiene cerca de 200 denuncias por falsas reclamaciones.

No es descabellado argumentar que buena parte de las críticas son fruto de los resultados la política. Una política que, evidentemente, no agrada a los despojadores ni a sus testaferros.

Dice el dicho: “Ladran, luego cabalgamos”. Antes eran los jefes paramilitares y guerrilleros quienes definían la propiedad de la tierra. Ahora lo hacen los jueces. Así, con justicia, es como allanamos el camino hacia la paz. 
Director de la Unidad de Restitución de Tierras