El reciente foro organizado por la Cámara de Comercio de Barranquilla logró concitar a una serie de conferencistas nacionales e internacionales que, desde distintas perspectivas, orientaron sus intervenciones hacia una Colombia urbana, moderna y productiva.

Cuando escuchaba acerca de los logros del país señalados por los expositores, los comparaba con los datos entregados en el último libro de la senadora Claudia Lopez, que nos muestra otra realidad de la nación, marcada por profundas brechas institucionales, económicas y sociales entre la Colombia urbana y la rural.

De los más de mil municipios existentes en Colombia, en solo un poco más de cien sus habitantes tienen expectativas de mejor vida. En el resto, los pobladores viven en condiciones paupérrimas: pocos tienen agua potable, luz eléctrica y alcantarillado. Hay poca presencia de la Policía; los niveles de educación y salud son rudimentarios; los alcaldes no tienen capacidad para resolver las múltiples necesidades, como la pavimentación de las calles, el tratamiento de las basuras, y se evidencia la ausencia de programas sociales.

Es en estos novecientos municipios colombianos donde la acción del Estado es precaria. En muchos de ellos hacen presencia los grupos insurgentes, tornando más insoportable la existencia de sus pobladores, lo que lleva a muchos a abandonar sus pueblos, migrando hacia las ciudades en una marcha silenciosa que nunca termina, en búsqueda del sueño de la ciudad.

Bajo las condiciones actuales de esos municipios, no es posible consolidar modelos económicos locales ni regímenes democráticos transparentes y modernos.

Hoy, cuando el país, mediante un plebiscito, espera refrendar el acuerdo de término del conflicto armado con las Farc, no debemos olvidar que Colombia en los últimos treinta años ha efectuado nueve procesos de paz, desmovilización y posconflicto. Y aunque ahora existe la posibilidad de silenciar las armas del grupo insurgente más poderoso que ha existido en la historia del país, poco se habrá logrado si las condiciones de vida de los doce millones de habitantes de los municipios rurales siguen postergadas por el Estado.

Esta es la oportunidad de construir paz desde el territorio, para que los alcaldes y gobernadores sean realmente el gobierno que permita, en cada municipio, consolidar para el Estado el monopolio de la seguridad, la justicia, la provisión de bienes públicos, y la generación de oportunidades económicas y de movilidad social.

Si con estos acuerdos de paz se lograra que el Estado tenga el monopolio de la seguridad y la justicia, y se lograra la descentralización y promoción de las municipalidades, por su cercanía para las actividades ciudadanas, podríamos ir cerrando la brecha entre el país urbano y el mundo rural reduciendo así los focos generadores de violencia.

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