El lunes pasado hubo toda una parranda vallenata en el Palacio de Nariño, pero les faltó el Old Parr con chivo, bollo e’ yuca y chicharrón. Lo que sí hubo fue mermelada, porque en la casa presidencial se reunieron 25 alcaldes y el Gobernador del departamento del Cesar para recibir dineros de las regalías.

Tristemente uno puede anticipar que ese dinero no será invertido adecuadamente. Seguramente será gastado en ladrillos, concreto, transporte, construcción de plazas y parques, es decir, en lo que da votos. Lo que pareciera es que el Presidente con esos recursos está queriendo asegurar los 188.009 que le puso el uribismo en las elecciones pasadas.

Mientras en Colombia mantengamos este sistema de hacer política nunca vamos a lograr economías prósperas en nuestras regiones, al contrario seguiremos sumidos en la postración En términos de sicología sociales este tipo de actuaciones es conocida como “manipulación encubierta de las normas que rigen la función pública, con el fin de lograr un beneficio privado”. En palabras coloquiales: El discreto encanto de la corrupción y el cuidado de las apariencias.

Lo coherente hubiera sido una asignación oportuna y equitativa de los recursos de regalías que por derecho propio le pertenece a población del Cesar a través del Organismo Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) que es presidido por el Director de Planeación Nacional. El Departamento requiere alternativas estables de ingreso, empleo y valorización patrimonial para las familias de bajos recursos, y sobre todo, incentivar el crecimiento y la rentabilidad del sector agropecuario, que después de la minería, es el sector productivo más importante del Cesar.

La problemática social es grave: del millón de habitantes, el 10% es población desplazada; 12% corresponde a población afro descendiente y 5% a grupos indígenas, ambos viven en condiciones de pobreza y miseria. A lo anterior, debemos sumar cerca de 2.300 reinsertados de grupos al margen de la ley de paz, quienes por falta de oportunidades de empleo digno, hacen hoy parte de las bacrim (bandas criminales).

Esta bomba social no se soluciona invirtiendo esos $300 mil millones que le acaba de girar el presidente a los 25 alcaldes en proyectos de ladrillos y concretos. Los cesarenses, como los guajiros y el resto de la población de la Región Caribe, necesitamos que se fijen en nosotros de una manera más integral, profunda y respetuosa. Requerimos políticas de generación de empleo sostenibles que se darán al impulsar programas de inversión de nuestros sectores productivos.

En el Cesar por ejemplo, de las dos millones de hectáreas aptas para agricultura, únicamente estamos explotando el 20% y explotando ineficientemente la ganadería por la falta de visión del Gobierno Nacional al desconocer la importancia de las Escuelas de Emprendimiento Rural y pymes; por no tener sistemas de riego y drenaje adecuados; por la precaria infraestructura vial; la escasez de centros de acopio y comercialización de productos agropecuarios y lo más importante, por carecer de una verdadera política de tierras que regule los predios rurales.

La falta de coherencia del Gobierno sobre los derechos de propiedad conlleva a desincentivar la inversión en infraestructura predial, en cultivos, desvaloriza los predios en el mercado de tierras, afectando el patrimonio de los habitantes rurales; limita el acceso al crédito institucional y a los servicios del Estado; afecta, la generación de ingresos lícitos y de ingresos fiscales en el sector rural, y propicia la expansión de cultivos ilícitos, la usurpación de tierras y los conflictos por la tierra.

Como puede ver Señor Presidente, la arepa no está pa’ mermelada. Recapacite.

Por Indalecio Dangond B.
Twitter: @indadangond